La inteligencia fue el cerebro de la represión durante la última dictadura. Sin embargo, sigue siendo una de las áreas menos exploradas. En La Plata, el juez federal Alejo Ramos Padilla puso, por primera vez, la lupa sobre la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), y procesó a dos de sus jerarcas por secuestros, desapariciones forzadas y homicidios perpetrados durante los años del terrorismo de Estado. Los represores alcanzados por esta resolución son José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez.
La Bonaerense tiene un área de inteligencia desde 1956, cuando el país era gobernado por la dictadura de la Revolución Libertadora. La DIPPBA siguió existiendo hasta bien entrada la democracia. Se disolvió en 1998. Desde 2001, el archivo que produjeron los espías está bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el ente presidido por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, que es querellante en la causa.
La inteligencia tiene su propia lógica. Durante los años del terrorismo de Estado estuvo organizada en distintos niveles. La inteligencia estratégica nacional –o sea, el armado de planes– estaba en manos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI). La inteligencia estratégica militar era controlada por la Jefatura II, que tenía como órgano operativo al temido Batallón de Inteligencia 601. La inteligencia estratégica operacional estaba a cargo de los jefes de las diferentes zonas en las que estaba dividido el país. Las policías provinciales, como la de Buenos Aires, estaban afectadas a los comandos de zona.
La DIPPBA funcionaba como proveedora de información que recolectaban sus propios agentes. La usaba para sus propias necesidades como para abastecer los requerimientos de los distintos grupos de tareas que funcionaban al interior del Batallón de Inteligencia 601. Según reconstruyeron en el juzgado de Ramos Padilla, la DIPPBA también ofrecía personal para que se sumara a los grupos de tareas.
Durante la dictadura, la inteligencia se jerarquizó dentro de la Bonaerense. Pasó a ser una de las tres direcciones generales. En aquellos años, la DIPPBA tuvo 16 delegaciones a lo largo y ancho de la provincia: Morón, Lanús, San Martín, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, San Nicolás, Junín, Chascomús, Pehuajó, Azul, Quilmes, Tigre, Mercedes, La Matanza y Capital Federal. La sede central de la DIPPBA estaba en la calle 54 de La Plata, y unos 200 agentes estaban destinados a la repartición.
El archivo con las fichas de la DIPPBA estaba organizado por mesas de trabajo, centrado en los distintos “factores” que monitoreara como social, estudiantil, económico o psicológico. La mesa DS correspondía a “delincuentes subversivos” y produjo cerca de 35.000 legajos.
Es común que la CPM aporte información en distintas investigaciones por crímenes de lesa humanidad, no solo en aquellas que se sustancian en la provincia de Buenos Aires. En los juicios que se llevaron adelante en La Plata, apareció información sobre el rol de la DIPPBA. Por eso, en diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 decidió informar a los juzgados de instrucción para que investigaran.
En 2016, la Unidad Fiscal de La Plata hizo un requerimiento para que se investigara. En 2024, los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira individualizaron a Salvador (88) y Fumez (90), y pidieron sus indagatorias.
La responsabilidad de Fumez
Fumez estuvo al frente de la delegación Lanús de la DIPPBA entre el 25 de noviembre de 1977 y el 25 de marzo de 1981.
Para entonces, Hebe Pastor de Bonafini integraba Madres de Plaza de Mayo. En febrero de 1977, la dictadura había secuestrado a su hijo Jorge. El 6 de diciembre de ese año, un grupo de tareas se llevó a su otro hijo, Raúl. Lo conocían como “Bigote”. Tenía 24 años. Estudiaba Zoología y trabajaba en YPF. Militaba, además, en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Por los testimonios de distintos sobrevivientes, se puso saber que Raúl estuvo cautivo en la Brigada de Quilmes, el Destacamento de Arana y en La Cacha.
De acuerdo con la información que estaba guardada en la DIPPBA, se pudo reconstruir que la dictadura fraguó un “enfrentamiento” para decir que allí había muerto Raúl. Un parte del 7 de septiembre de 1978 decía que un Chevy circulaba por la rotonda de Pasco y Camino General Belgrano, partido de Quilmes, y no se detuvo ante un retèn policial. La versión oficial indicaba que hubo una persecución, pero que el único ocupante que no pudo escapar habría sido Raúl y que se “autoeliminó”. El cadáver, dice el parte, fue remitido al cementerio de Avellaneda.
Ramos Padilla remarca que toda la versión es falsa, pero destaca un memorando firmado por el propio Fumez el 19 de septiembre de 1978 en el que queda claro que conocían la identidad del muchacho. Aunque figuraba como “Bonafino”, decía que era hijo de Hebe Pastor. A su madre nunca le informaron qué habían hecho con su hijo.
Fumez aparece también encubriendo el fusilamiento de cinco personas que habían estado secuestradas en el centro clandestino conocido como Vesubio, y cuyos cuerpos aparecieron el 14 de marzo de 1978 en el barrio de Parque Barón, Lomas de Zamora. Gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre 2009 y 2010, se pudo identificar a Laura Isabel Feldman, Héctor Ramón Rosales, Rolf Nasim Stawowiok y Alicia Margarita Guerrero. Todos habían sido secuestrados en febrero de 1978. Hay un cuerpo masculino que todavía no logró identificarse.
El rol de Salvador
Salvador era el jefe de la delegación Enlace Capital Federal. Ocupó ese cargo entre el 30 de diciembre de 1976 y el 2 de febrero de 1978. La delegación Capital Federal se creó pocas semanas antes de que Salvador recalara allí. Tenía sus oficinas en la Casa de la Provincia, ubicada en Avenida Callao 235.
La delegación Capital Federal intercambiaba información con otros organismos de inteligencia. Por ejemplo, daba cursos a pedidos que hacían los distintos grupos de tareas del Batallón 601. La delegación también asignaba agentes en comisión. Carlos Hours, un policía que declaró en el Juicio a las Juntas, relató que él tuvo que presentarse en 1978 ante Salvador. Éste le dio una credencial falsa y lo llevó hasta Viamonte y Callao –donde funcionaba el Batallón 601. Hours volvió a presentarse ante Salvador.
–Yo con el robo, secuestro o violaciones no me integro– le dijo Hours.
–Acá se trunca tu carrera, si no te quedás tranquilo– respondió Salvador.
Salvador, además, participaba de las reuniones de la Comisión Asesora de Antecedentes, que funcionaba en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La Comisión analizaba los listados de personas detenidas en las cárceles y decidía si éstas podían acceder a la opción de salir del país. Ramos Padilla encontró, por ejemplo, la ficha en la que la Comisión resolvió que Iris Avellaneda era “no opcionable”. Iris fue secuestrada en abril de 1976 con su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda, quien fue torturado con ferocidad y arrojado en los vuelos de la muerte.
Salvador fue también quien difundió el listado Delta, una nómina de personas que eran buscadas que había sido confeccionada por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN). En la lista figuraba, por ejemplo, Olga Noemí Casado, quien tiempo después fue secuestrada mientras cursaba un embarazo de siete meses. Dio a luz en cautiverio, su hija fue apropiada y recién restituyó su identidad en 2008.
Salvador también motorizó un pedido del Grupo de Tareas 3 –de la Marina– para detener al médico Samuel Slutzky, que posteriormente fue secuestrado en su casa y llevado a La Cacha. También vehiculizó una solicitud del Grupo de Tareas 4 –de la Aeronáutica– para localizar al militante Hugo Corsiglia, que después fue secuestrado y llevado a la ESMA. Salvador también había movido un pedido del Batallón 601 para la «explotación de blancos», que incluía a la familia López Comendador. Su hijo, Luis Ignacio, fue secuestrado el 27 de junio de 1977 en su casa.
Ramos Padilla detuvo e indagó el 26 de junio pasado al represor. Salvador presentó un descargo a través de su defensor en el que alegaba no tener conocimientos de inteligencia. Afirmó que él únicamente recibía información, le ponía el sello de secreto y confidencial, y enviaba la solicitud a La Plata. Fumez optó, en cambio, por el silencio.
«Las acciones de José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, en su carácter de funcionarios públicos integrantes de la plana jerárquixa de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), fueron eslabones necesarios para concretar el plan de exterminio llevado a cabo«, consideró Ramos Padilla, y ordenó que permanezcan en prisión domiciliaria.
