Magalli Meda, dirigente de la oposición venezolana y estrecha colaboradora de María Corina Machado, denunció este viernes que las autoridades entraron por la fuerza en su residencia familiar en Caracas y confiscaron sus bienes personales. Meda es una figura clave del partido Vente Venezuela y formó parte del comando de campaña de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que se proclamó vencedor en las presidenciales de julio de 2024.
“Mientras se estaba aprobando la llamada Ley de Amnistía” —escribió en su cuenta de X— “16 hombres armados y civiles, que llegaron en seis camionetas, entraron a nuestra casa en Caracas para destruir, llevarse o sembrar lo que les dé la gana”. Según relató, los funcionarios colocaron cintas con los rótulos “asegurado” e “incautado” en la vivienda y sobre los efectos personales de su familia.
¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?
👇🏼👇🏼👇🏼 En este hilo describo lo que han hecho contra mí y mi familia, y contra todos los venezolanos.
Anoche, #19Feb, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados… pic.twitter.com/W72jSpxbrs
— MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) February 20, 2026
“El mensaje real está claro”, añadió. “Aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni derechos mientras los criminales pretendan administrar la ‘ley’ y el ‘perdón”.
La operación, que no ha sido explicada oficialmente, es un nuevo contrapunto en el proceso de apertura ensayado por el chavismo tras el ataque estadounidense del 3 de enero y la posterior salida de Nicolás Maduro. Ocurre además pocas horas después de la liberación definitiva de Juan Pablo Guanipa, quien inicialmente había quedado bajo arresto domiciliario tras haber sido liberado de una cárcel de máxima seguridad en la que pasó casi nueve meses.
La ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional —cuestionada por sectores disidentes y organizaciones de derechos humanos— excluye algunos de los casos más graves, en su mayoría vinculados a asonadas militares fallidas, y exige a los beneficiarios “ponerse a derecho”, lo que condiciona la restitución de derechos constitucionales a la discrecionalidad de los funcionarios. Diversos voceros del campo democrático sostienen que la norma refleja la reticencia de la bancada oficialista del PSUV a facilitar el regreso de los políticos exiliados.
Bajo esta amnistía, los opositores en el exilio —que constituyen más de la mitad de sus dirigentes— deberán solicitar formalmente la amnistía ante los tribunales y podrían quedar sujetos a regímenes de presentación periódica. El régimen, además, no parece haber renunciado a su intención de juzgar a María Corina Machado por traición a la patria y rebelión, y ha introducido exclusiones que podrían dejarla fuera de la medida de gracia.
La acción contra Meda profundiza también la fractura interna en la oposición: por un lado, los sectores moderados con representación parlamentaria, tolerados por el oficialismo; por otro, las corrientes alineadas con Machado, mayoritarias en respaldo popular pero con buena parte de sus dirigentes en el exilio. En los últimos días se han multiplicado los reproches cruzados entre quienes acusan a figuras como Guanipa y Meda de “imprudentes” por no acompañar la apertura gradual promovida por Delcy Rodríguez, y quienes señalan de “colaboracionistas” a los opositores que aceptan los límites impuestos por el PSUV sin exigir la restitución plena de derechos.
Las autoridades chavistas ya han practicado antes incautaciones de viviendas y bienes de activistas, periodistas y dirigentes vinculados a presuntas conspiraciones o tramas militares.
“Esto es lo que le pasará, o le volverá a pasar, a todo aquel que no obedezca: militares, policías, trabajadores, empresarios, periodistas, sacerdotes”, escribió Meda. “Mientras existan presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”.
