El Gobierno de Nayib Bukele ha renovado en 48 ocasiones su polémico régimen de excepción, con la promesa de no detenerse hasta capturar al último pandillero en El Salvador. Sin embargo, los datos oficiales revelan una brecha significativa: aunque informes de inteligencia identificaban a 58.270 pandilleros y colaboradores en libertad antes de la medida, las autoridades ya han detenido a 91.628 personas hasta este 25 de marzo. Esto implica que más de 33.000 detenidos (el 36%) no figuraban en los registros policiales previos como pandilleros.
Aunque diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado cerca de 7.000 capturas arbitrarias durante estos cuatro años, es la primera vez que la brecha se documenta mediante el contraste de datos oficiales. El hallazgo surge del cruce entre tres informes internos de inteligencia policial y la cifra pública de detenciones, prácticamente el único indicador que el Gobierno de Bukele mantiene bajo acceso libre.
Los informes a los que ha tenido acceso este periódico revelan la magnitud real de lo que Bukele y sus funcionarios denominan “margen de error”. El 9 de abril de 2022, apenas doce días después de instaurado el régimen, el presidente admitió que el margen de inocentes capturados podía ser del 1%, asegurando que 85 personas serían liberadas a la brevedad, aunque sin precisar la fuente del dato. Ahora, según los documentos de inteligencia policial, ese margen de error podría dispararse hasta el 36,4% o más.
“Este nuevo dato lo que hace es reforzar una duda: ¿qué tipo de inteligencia han usado para detener a las personas durante el régimen de excepción? La evidencia de nuestras investigaciones señala que muchas personas han sido detenidas de manera arbitraria. Tenemos casos en que los mismos policías fabricaron evidencias, se usaron denuncias anónimas sin corroborar, tatuajes que no tenían nada que ver con la MS-13. Es decir, buscaron excusas para capturar a las personas”, afirma Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Los informes elaborados por Inteligencia Policial fueron obtenidos gracias a una filtración masiva de correos electrónicos de la PNC ocurrida a finales de 2022, conocida como “Guacamaya Leaks”, y difundida por el grupo de hacktivistas Distributed Denial of Secrets (DDO Secrets). Dos exmandos medios de la Policía, que hablaron bajo anonimato, confirmaron su autenticidad.
Si los datos sobre capturas que el Gobierno publica periódicamente son ciertos, el objetivo de detener al último pandillero pudo haberse cumplido a finales de 2022. A solo ocho meses de que inició la medida, en noviembre de ese año, la Secretaría de Prensa de la Presidencia publicó un comunicado en el que informaba: “Solo en ocho meses, el Gobierno logra capturar a más de 58.000 pandilleros y 146 días con cero homicidios”. Sin embargo, las capturas continuaron.
Uno de esos casos es el de Santos Navarro. En febrero de 2022, un mes antes de que iniciara el régimen de excepción, su nombre (con número de identidad 02166378-2) no figuraba en la Base Matriz de Pandilleros de la MS-13 de la Policía. Sin embargo, el 6 de julio de 2023, agentes policiales irrumpieron en su puesto de verduras del mercado de Santa Tecla, donde trabajaba desde hacía once años. Fue arrestado y recluido en una prisión de máxima seguridad bajo la acusación de ser testaferro de la MS-13.
La Fiscalía acusó a Navarro de ser colaborador de esa pandilla con el rango de “paro”, término que en el argot de las bandas designa a quienes realizan favores eventuales sin ostentar estatus ni poder dentro de la estructura. Su familia, sin embargo, sostiene que la captura no se basó en investigaciones, sino en una simple denuncia anónima. Navarro falleció en prisión un año después. La familia afirma que murió a causa de complicaciones de su diabetes y culpa a las autoridades de no haberle dado atención médica, por lo que perdió dos dedos del pie derecho.
El caso de Navarro no es único. Organismos de derechos humanos señalan que, en cuatro años de régimen de excepción, han documentado cerca de 7.000 denuncias por detenciones arbitrarias de personas que no estaban vinculadas a las pandillas. De ellas, cerca de 500 han muerto bajo custodia del Estado antes de llegar a un juicio, según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.
La opacidad informativa se ha consolidado como uno de los pilares del autoritarismo en El Salvador de Nayib Bukele, pese a que la transparencia y el combate a la corrupción fueron sus principales promesas de campaña antes de asumir el poder en junio de 2019. “Toda la información está bajo reserva por siete años. El único espacio donde aparece algún dato es en los decretos legislativos para prorrogar el régimen de excepción. Pero incluso esas cifras son cuestionables: si se comparan mes a mes, muestran variaciones inexplicables; a veces disminuyen, otras aumentan. No parece haber un manejo serio de la información”, señala René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, la principal organización de derechos humanos de El Salvador.
El primero de los informes obtenidos por este periódico, titulado Origen, situación actual y vínculos de las pandillas, data de marzo de 2021, un año antes del régimen de excepción. El documento, de 28 páginas, fue elaborado por la Subdirección de Investigaciones de la PNC y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), una unidad de inteligencia financiada por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2007.
En la página 15, un cuadro bajo el nombre “Situación numérica de integrantes de pandillas” desglosa la presencia de seis estructuras: MS-13, MS-503 (una escisión carcelaria), las dos facciones del Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños), “MS y 18 N/D” y “Otras”. En el apartado de “Libres y colaboradores”, el informe contabiliza 34.500 miembros de la MS-13, 22.970 del Barrio 18 y 800 de otros grupos, para un total de 58.270 personas vinculadas a las maras fuera del sistema carcelario.
Según este censo, el universo total de pandilleros fichados por la PNC ascendía a 79.556, de los cuales 21.286 ya estaban en prisión. El documento aclara que la cifra de sujetos en libertad es un estimado al no incluir a menores de edad. Al respecto, Human Rights Watch señaló en 2024 que, bajo el régimen de excepción, la cifra de menores detenidos alcanzó los 3.319.
Los informes policiales muestran que para noviembre de 2021, las tres principales pandillas del país estaban debilitadas y que estaban bajando los homicidios para pedir beneficios carcelarios al Gobierno de Bukele. Uno de los informes señala que para enero de 2020, las tres principales pandillas habían firmado un pacto de no agresión dentro y fuera de las cárceles y que muchos pandilleros ya estaban migrando hacia Guatemala, Honduras y México.
Incluso en el escenario más favorable para el Gobierno —que todos los pandilleros registrados previamente hayan sido capturados—, los datos indican que por cada dos pandilleros detenidos durante el régimen de excepción, se arrestó a una persona que no estaba vinculada a las pandillas. Para mayo de 2025, en una entrevista con la BBC, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que les faltaba capturar al menos 4.500 pandilleros solo de la MS-13. El estado de excepción se sigue renovando con el argumento de que aún quedan pandilleros por detener.
“Las dinámicas de detenciones arbitrarias han sido denunciadas por Cristosal desde el inicio del régimen. Contamos con una base de 3.808 denuncias, de las que 3.655 son por arrestos arbitrarios; es decir, en el 96% de los casos las familias sostienen que los detenidos no pertenecen a pandillas o no han cometido los delitos imputados. Tenemos registros de policías que, al no encontrar a quien buscaban, se llevaron a su padre o a otro familiar”, explica Valiente.
“No hay que confundir una denuncia de una detención arbitraria con una solicitud de que se liberen personas de forma discriminada. Cristosal no ha solicitado en ningún momento una liberación masiva, lo que se pide es una revisión seria de los casos y en los casos en que se han demostrado procesos irregulares, que las personas sean resarcidas”, añadió Valiente.
Dos exmandos medios de la Policía que trabajaron en la corporación hasta 2025 confirmaron a este diario el declive de las estructuras criminales previo al régimen. “Las pandillas no solo habían dejado de ‘brincar’ (iniciar) gente; muchos huían del país, morían en enfrentamientos o caían presos. No enfrentábamos a una estructura fortalecida, sino en franca decadencia”, explica una de las fuentes.
Sus testimonios coinciden con el informe Situación actual de las pandillas en El Salvador, de noviembre de 2021. El documento detalla que los cabecillas reportaban a la “ranfla” (cúpula) la falta de personal y la pérdida de control territorial. Sin embargo, advertía que las maras suplían esa debilidad infundiendo terror a través de aspirantes, colaboradores y familiares, aun sin contar con homeboys (miembros plenos) en la zona.
Pese a este diagnóstico de debilidad estructural, el Gobierno de Bukele mantiene su meta de alcanzar las 100.000 detenciones. Con más de 91.000 arrestos a la fecha —el 2% de la población adulta o uno de cada 50 salvadoreños—, el Ejecutivo asegura que no levantará el régimen hasta capturar “al último pandillero”, asumiendo como costo colateral el encarcelamiento de miles de inocentes.
