Mientras México se aproxima a la renegociación del tratado de libre comercio con sus vecinos de América del Norte, está también reactivando sus industrias de extracción de recursos. Tras el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que no se otorgaron nuevas concesiones mineras y se detuvo el fracturamiento hidráulico para la industria petrolera, el Gobierno de Claudia Sheinbaum da un giro de 180 grados y enfila en dirección contraria. No solo se avista más pronto que tarde una reactivación del fracking, sino que esta semana el país firmó con Estados Unidos “un plan de acción” para establecer un “comercio preferencial” de minerales estratégicos, las materias primas imprescindibles para industrias como la energética, la tecnológica y la de seguridad nacional. Este nuevo acuerdo, que incluye el compromiso de dar información “sobre la ubicación de posibles yacimientos de minerales críticos”, ocurre en el marco de la propuesta de Estados Unidos de crear un bloque comercial para estas materias primas contra el control que tiene China sobre este mercado.
Esta semana, con el secretario de Estado, Marco Rubio, como anfitrión, representantes de medio centenar de naciones acudieron a la primera Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington. La Casa Blanca la calificó como un éxito, anunciando que ya tenían “marcos de trabajo” bilaterales con 21 países y grandes avances con otros 17. En un lenguaje que recuerda al del presidente Donald Trump, presumieron que “Estados Unidos está demostrando un liderazgo sin precedentes en la diplomacia de minerales críticos”. Además está este trato con México, en el que ambos países se dan 60 días para su desarrollo y que tiene como meta ver qué minerales deben ser estratégicos, crear cadenas de suministros y abastecer de estas materias primas a las industrias de los dos países.
“Este acuerdo no es muy concreto y lo que se ha dicho por el Gobierno mexicano es que va a ver consultas. Aunque si finalmente se incorpora al tratado de libre comercio, beneficiará a la industria estadounidense al no tener aranceles”, explica Raúl Benítez Manaut, profesor en el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Creo que lo que trata de hacer Estados Unidos es evitar que México haga convenios o invite a compañías de otros países y asegurar derechos de exclusividad para sus empresas”, añade.
De acuerdo con un mensaje público del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habrá un diálogo similar con otros países como Canadá, Japón o varios miembros de la Unión Europea, para participar en la propuesta estadounidense de un bloque comercial que deje fuera a China. Este país, en boca de un portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, defendió el libre comercio y manifestaron su oposición a los “bloques excluyentes para perturbar el orden económico”. “Actualmente Estados Unidos registra el 30% del consumo global, pero la producción es mínima”, dijo en una rueda de prensa el subsecretario Jacob Helberg. Los pasos de Estados Unidos se dirigen a reducir esta brecha.
El miedo de Estados Unidos está fundado en el control que China tiene sobre la cadena de suministro de minerales críticos, así como su procesamiento y refinado. En diciembre de 2024, tras las restricciones estadounidenses a los microchips chinos, China prohibió las exportaciones de minerales críticos a Estados Unidos.
Para Washington, según una lista elaborada por el Servicio Geológico de Estados Unidos por orden de Trump, hay 60 minerales que son estratégicos para su industria nacional. De estos, México tiene reservas o explotaciones de cobre, plata, zinc, plomo, manganeso y grafito, además de algunos depósitos de las llamadas tierras raras y el incierto litio de Sonora. El Atlas de Minerales Críticos del Servicio Geológico estadounidenses destaca, además, el antimonio, la barita, el cobalto refinado y la fluorita.
México, país de larga tradición minera, decidió durante la Administración del presidente López Obrador no dar nuevas concesiones mineras y poner limitaciones a esta industria, bajando el número de hectáreas concesionadas a 16 millones, un 8% del territorio mexicano. Pero esta política, con este nuevo acuerdo, se antoja imposible de sostener en la práctica, así como mantener sin modificaciones la nueva ley minera aprobada en 2023.
“La importancia del acuerdo radica menos en lo que dice explícitamente que en el rumbo que está marcando: asegurar el suministro de materiales clave para la industria estadounidense”, dice Aleida Azamar, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y especializada en industrias extractivas. “Esto es una prioridad estratégica para Estados Unidos, y México es un socio atractivo por su cercanía geográfica, por el acuerdo comercial, por la estabilidad política, y tiene abundantes recursos naturales aún disponibles”, afirma.
Azamar pertenece a Cambiémosla Ya, una agrupación de comunidades, organizaciones civiles y académicos que buscan mayores restricciones precisamente a la ley minera. Para este grupo, el nuevo plan de acción es un regreso a los tiempos en los que había una política de laissez-faire para la industria minera. Vaticinan que los mayores beneficiados serán Estados Unidos y sus empresas, mientras que los futuros perdedores son las comunidades que viven en las zonas rurales donde se dará la explotación minera.
