Los argentinos y las argentinas están familiarizados con el concepto de “riesgo país”. Aunque muchos pueden no saber qué es a nivel técnico, en general se entiende que está vinculado al endeudamiento y que es malo que suba, bueno que baje. Por eso el Gobierno de Javier Milei celebró esta semana que durante su gestión haya descendido al menor nivel de los últimos ocho años.
El riesgo país es el diferencial entre el interés que paga un país por su deuda en comparación al interés que paga la Reserva Federal estadounidense por sus bonos, de los más seguros del mundo. En definitiva, traduce la confianza que hay en el repago de la deuda de cada Estado y la hace más o menos tentadora para inversores extranjeros. Si bien varias entidades hacen medición de riesgo, la principal referencia es la que realiza el banco JP Morgan a partir del índice EMBI (Emerging Markets Bonds Index, indicador de bonos de mercados emergentes).
El 10 de diciembre de 2023, cuando el presidente ultra asumió, el riesgo país de Argentina era de 1.930 puntos. Actualmente, se ubica por debajo de los 500 puntos básicos, un valor que no tocaba desde 2018 y que abre la posibilidad de la vuelta de Argentina a los mercados internacionales de deuda, de los que se encuentra vedada desde la crisis de 2018. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en sus redes que no tiene previstas nuevas emisiones de este tipo. “El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, escribió Caputo, quien lideró un vertiginoso proceso de endeudamiento externo como ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
“El riesgo país cae desde el 15 de enero en toda la región, pero en términos porcentuales lo hace más en Argentina. Por lo tanto, en primer lugar, hay razones de coyuntura internacional y, en segundo, propias de la economía local”, apunta Claudio Caprarulo, economista y director de la consultora Analytica.
En la coyuntura internacional, aparece como factor la salida de capitales de Estados Unidos hacia mercados emergentes y la subida del precio de los bonos latinoamericanos. En el plano local, el cambio relevante es la decisión del Gobierno de comprar dólares para aumentar sus reservas internacionales de divisas, algo que no había hecho en los años anteriores y que era un punto de fricción con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hacia adelante, Caprarulo considera que el programa económico de Milei se sostiene solo si logra refinanciar los pagos de deuda externa, algo que lo ayudaría a mantener un dólar barato y evitar que la inflación se dispare en el país.
La baja del riesgo país no fue la única noticia que Milei, un presidente especialmente volcado al control de las finanzas, celebró en las últimas horas. Su equipo económico también logró renovar este miércoles la totalidad de los vencimientos de deuda local que debía afrontar —e incluso se hizo de un excedente— ofreciendo tasas más bajas.
Los indicadores financieros contrastan con algunas señales de la economía real. El consumo está en caída por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y sectores productivos como la industria afrontan una profunda crisis por la apertura abrupta de las importaciones, que quedó especialmente expuesta esta semana por el enfrentamiento entre Milei y el empresario Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, a quien el presidente llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros”.
En este escenario, el Gobierno se prepara para recibir un febrero con definiciones importantes en lo económico. Enfrentará un nuevo gran vencimiento de deuda con organismos internacionales, al tiempo que recibirá a una delegación del FMI que revisará si el plan económico avanza de acuerdo a lo pautado al momento de entregarle al país un nuevo salvataje de 20.000 millones de dólares, en abril pasado. La delegación del multilateral, que no confirmó todavía el día de su llegada, evaluará las metas de acumulación de reservas y otras variables económicas, pudiendo destrabar desembolsos de fondos si se cumplen los objetivos o se otorgan nuevas dispensas.
Las reservas brutas del Banco Central argentino superaron este jueves los 46.000 millones de dólares por primera vez en más de cinco años, tras crecer en el día en 380 millones, debido no solo a la compra de divisas, sino sobre todo a la valorización de las tenencias de oro. Sin embargo, las reservas netas —aquellas de las que el Banco Central puede verdaderamente disponer, las que le otorgan poder de fuego para intervenir en la economía— siguen en terreno negativo.
Fondos para combatir incendios
Luego de que gobernadores de las provincias patagónicas hicieran un llamado urgente al Gobierno nacional para que autorice el debate de la emergencia ígnea y ponga a disposición recursos extraordinarios para combatir los incendios que arrasan la región, Milei habilitó una transferencia de 100.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares) para financiar el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Así, el presidente —que hasta el momento no viajó a la zona afectada por el fuego— da una primera señal de registro de la situación.
Los fondos se repartirán entre las 1.062 divisiones de bomberos de todo el país y estarán destinados a “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”. La medida se oficializó mediante la resolución 91/2026, que lleva la firma de la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.
Las llamas continúan descontroladas en la provincia de Chubut, con dos grandes incendios que rodean la localidad de Cholila, 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. De acuerdo con los mandatarios provinciales de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa, ya se quemaron casi 230.000 hectáreas en toda la región patagónica en los últimos meses.
Más allá de los fondos habilitados este jueves, el pedido concreto de los cinco gobernadores es que Milei incluya en los temas a tratar por el Congreso, desde la semana que viene, un proyecto de ley para declarar la emergencia ígnea. Esto habilitaría la asignación de un presupuesto extraordinario y permitiría organizar un plan de recuperación ambiental y productiva.
