El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal solicitó a la Cancillería argentina su intervención en el caso de la abogada Agostina Páez, quien se encuentra detenida por prisión preventiva y controlada con tobillera electrónica en Río de Janeiro acusada de gestos racistas contra los empleados de un restaurante.
A través de su presidente, Ricardo Gil Lavedra, el Colegio Público de Abogacía porteño le envió una carga al canciller Pablo Quirno para que intervenga de manera oficial en el caso de la abogada santiagueña y efectué gestiones para garantizar el pleno resguardo de sus derechos y garantías como ciudadana argentina.
“Pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas. Es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”, subrayó Gil Lavedra.
El ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar recordó que “la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”.
Entonces, afirmó que “corresponde arbitrar los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes a fin de verificar que (…) cuente con asistencia adecuada y que el proceso que la involucra respete plenamente las garantías judiciales reconocidas por los estándares internacionales”.
El reclamo fue acompañado por una carta enviada por Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, quien expresó su preocupación por la situación de la abogada matriculada en dicha jurisdicción, y solicitó el acompañamiento del Colegio Público porteño.
“Conforme lo expresado oficialmente por nuestra institución, consideramos que la situación de la abogada Agostina Páez en su privación de la libertad en las circunstancias en las que viene atravesando ha excedido un margen de razonabilidad tal que, a esta altura, su desproporción procedimental supera cualquier ánimo de preservación derechos que pudiera argumentar la Justicia de la República Federativa de Brasil, vulnerando derechos fundamentales y comprometiendo la vigencia de las garantías procesales que rigen en todo Estado de Derecho”, expresó Miguel.
El titular del Colegio de Abogados santiagueño advirtió que “la falta de un adecuado control judicial sobre las imputaciones formuladas y la imposibilidad de mantener contacto regular con su familia agravan la situación personal y profesional de la colega, afectando no solo a su persona sino también a la dignidad de la profesión”.
Finalmente, Gil Lavedra –también junto a su colega del Colegio santiagueño- dirigió una carta a la presidenta de la Orden de Abogados de Brasil – Sección Río de Janeiro, a quién le solicitó la colaboración para asegurar que “el proceso penal seguido contra la ciudadana argentina Páez se desarrolle con pleno respeto de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia”.
El hecho que se le imputa a Páez ocurrió el 14 de enero pasado, cuando la abogada fue filmada en un bar de la ciudad carioca haciendo gestos racistas a los empleados del lugar, que, según ella, la estaba provocando.
Uno de estos brasileños denunció a la joven, por lo que intervino la Policía Civil que el 23 de enero dio por concluida la investigación por considerar que el video con las imágenes de Páez era prueba suficiente.
Páez fue imputada por el delito de injuria racial, que prevé una pena en expectativa de hasta cinco años. Desde el 21 de enero pasado se encontraba con prisión preventiva, monitoreada con tobillera electrónica y con la prohibición de salir del país.
El pasado 6 de febrero, la Justicia de Río de Janeiro consideró que existía riesgo de fuga –a pesar de que siempre estuvo a derecho e informó hasta el cambio de domicilio- y ordenó su traslado a una comisaría local.
Páez estuvo detenida unas ocho horas en la comisaría 11° de Rocinha, de la Policía Civil de Brasil en Río de Janeiro. Luego fue liberada, pero seguirá con tobillera electrónica y sin poder regresar a la Argentina.
