El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) solicitó la intervención de la Cancillería argentina en el caso de la abogada Agostina Páez, quien permanece detenida con prisión preventiva y monitoreo mediante tobillera electrónica en Río de Janeiro, Brasil, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un restaurante.
En declaraciones difundidas por el organismo, el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, consideró que “las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y planteó que “es posible continuar con el proceso y que la joven pueda retornar al país”, al tiempo que reiteró el pedido de asistencia consular y seguimiento institucional del caso.
La entidad hizo el pedido a través de una nota dirigida al canciller Pablo Quirno en la que reclamó que se adopten gestiones oficiales para garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías de la letrada, oriunda de Santiago del Estero, en su condición de ciudadana argentina.
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