El anuncio del gobernador Martín Llaryora de enviar a la Unicameral un proyecto de ley para prohibir la actividad de naranjitas ilegales y limpiavidrios en todo el territorio provincial reactivó el debate político sobre el control del espacio público, pero también dejó en claro que el oficialismo respetará el rol de los municipios.
La iniciativa, que en principio apunta a erradicar prácticas asociadas a la extorsión en la vía pública, incorpora un elemento clave: la preservación de la autonomía municipal. De esta manera, serán los intendentes las que finalmente definan si habilitan, regulan o directamente prohíben la actividad en sus jurisdicciones.
Lejos de aportar orden al escenario, la postura del Ejecutivo —que desde un inicio sostuvo el respeto a la autonomía de los municipios— reabrió el debate en la oposición, donde conviven miradas más duras con otras que advierten sobre el trasfondo social del fenómeno.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el legislador Gregorio Hernández Maqueda, quien interpretó el anuncio como un triunfo parcial de una agenda que —según remarcó— viene impulsando desde hace más de tres años. “Se cierra una etapa importante en una lucha que llevamos adelante durante más de tres años”, sostuvo, al tiempo que valoró que el Ejecutivo haya reconocido “la grave situación que viven los cordobeses frente a prácticas extorsivas en el espacio público”.
Sin embargo, el liberal mileísta —referente de la postura más dura— advirtió que el proyecto oficial deberá traducirse en una norma “clara y efectiva” y alertó sobre el riesgo de que termine siendo “una nueva trampa del oficialismo”.
En esa línea, el halcón opositor reafirmó su posición intransigente: avanzar hacia la prohibición total, sin margen para esquemas de regularización. “No podemos permitir que se institucionalicen mecanismos que perpetúen situaciones de abuso”, planteó el opositor, al tiempo que reclamó garantías de cumplimiento efectivo y no meramente declarativo.
¿Qué hará el municipio capitalino?
Desde otro sector de la oposición, el radical Dante Rossi (Construyendo Córdoba) puso el foco en el accionar del municipio capitalino. En particular, le exigió al intendente Daniel Passerini que explicite con antelación cuál será el esquema de regulación en la ciudad de Córdoba, epicentro de la problemática.
Rossi planteó que la Legislatura no debería avanzar en el tratamiento del proyecto sin contar previamente con esa definición municipal. “No puede ser que los problemas de la ciudad estallen antes de que se piensen las soluciones. Pasó con Uber, pasó con el transporte y pasa ahora con los naranjitas”, cuestionó el boina blanca, marcando una línea crítica hacia la gestión del PJ en la ciudad.
En ese marco, el legislador propuso tomar como base su propio proyecto, actualmente sin tratamiento, que declara la emergencia en materia de estacionamiento y establece un esquema transitorio de regularización. La iniciativa contempla la creación de un padrón en 15 días, autorizaciones precarias por ocho meses con identificación y certificado de buena conducta, tarifas reguladas y programas de inserción laboral, con el objetivo de desarticular progresivamente la actividad.
A diferencia de Hernández Maqueda, Rossi rechazó de plano la prohibición de los limpiavidrios, al considerar que detrás del fenómeno subyace una problemática social más profunda. “Buscan tapar con una ley las graves consecuencias de la pobreza”, advirtió. De ese modo, quedó en claro la tensión entre un enfoque de seguridad de mano dura y otro de contención social.
La Unicameral entra en una pulseada decisiva entre prohibir o regular a los “naranjitas”
Lo que viene
Con el envío del proyecto del Ejecutivo se abre nuevamente la discusión en forma conjunta con una serie de iniciativas opositoras que permanecían “cajoneadas” sobre la problemática, a la espera de una definición política del oficialismo. Entre ellas, se destaca el expediente impulsado por Oscar Agost Carreño, cuya matriz guarda similitudes con la propuesta que ahora prepara el Gobierno y que ya venía recogiendo respaldos incluso dentro del propio oficialismo.
Con este escenario, la discusión promete reactivarse en la Legislatura provincial, donde no solo se debatirá el alcance de la prohibición, sino también el delicado equilibrio entre seguridad, autonomía municipal y contención social. El gobierno provincial intentará amortiguar el impacto social de la medida con programas de reinserción laboral. Este punto no menor también figura en varios proyectos del arco opositor.
Ante la jugada de Llaryora, que busca dar una respuesta política a una demanda creciente, el oficialismo apretará el acelerador en el debate en comisión de Seguridad que preside Juan Manuel Llamosas. En paralelo, ya venían produciendose diálogos informales entre oficialistas y opositores en torno al proyecto de Agost Carreño que reúne mayor consenso. En su hoja de ruta, el PJ tiene pensado avanzar rápido en la compatibilización de proyectos para arribar a un texto final que llegará al recinto en las próximas semanas.
