Guillermo Rivarola quiso aplazar el momento, pero finalmente llegó el día en el que tuvo que presentarse ante el juez federal Daniel Rafecas para explicar su actuación como magistrado durante la última dictadura. Rafecas lo había llamado a indagatoria por no haber investigado lo que pasó con los sobrevivientes de la llamada masacre del Pabellón Séptimo de la cárcel de Villa Devoto. «No soy culpable de ningún delito», se defendió Rivarola.
El 14 de marzo de 1978, 57 internos murieron en el penal. Otros ocho fallecieron tras ser trasladados a distintos hospitales de la Capital Federal. Todos fueron víctimas de un incendio que se produjo tras una irrupción violenta de los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el Pabellón Séptimo, que albergaba a 164 presos “comunes”.
El episodio, según reconstruye Rafecas en la causa, comienza durante la noche del 13 de marzo. Cerca de las 23, el celador Gregorio Bernardo Zerda ingresó al Pabellón Séptimo con un listado de los internos que serían trasladados al día siguiente a Tribunales. Zerda tuvo un altercado con uno de los presos, que se negó a bajar el volumen del televisor.
Zerda, que actualmente está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, no dio por terminada la cuestión. Al rato, hubo un intento de sacar al preso que se había negado a apagar el televisor. Como castigo, se dispuso una requisa extraordinaria para amedrentar al resto del pabellón, que comenzó cerca de las 8 de la mañana. La irrupción de los penitenciarios fue muy violenta. Los presos respondieron y trataron de trabar los ingresos con las camas.
Empezaron entonces los disparos. Los agentes del SPF arrojaron gases lacrimógenos y efectuaron tiros con balas de plomo. Para impedirles la visión, los presos colocaron colchones sobre las rejas. En algún momento, los colchones se prendieron fuego. El incendio duró cerca de media hora. Los penitenciarios no dejaron de disparar.
Cuando alguno de los internos se asomaba por las ventanas para tratar de respirar un poco de aire, recibía un disparo intimidatorio de la División Seguridad Externa. Devoto se había convertido en una digna sucursal del infierno.
Cuando se extinguieron las llamas, los sobrevivientes debieron salir por su cuenta. Lejos de ayudarlos, los penitenciarios se acomodaron a ambos lados del pasillo para recibirlos con golpes y patadas hasta que llegaban a las celdas de castigo o eran trasladados, en el mejor de los casos, a un hospital.
El SPF abrió un sumario de prevención y le dio intervención al juzgado federal 3, que estaba a cargo de Rivarola. El juez finalmente se declaró incompetente para intervenir en junio de 1978 y remitió la causa a la justicia ordinaria. Allí, tras una intervención de la Corte Suprema, el expediente tramitó en el juzgado de Jorge Valerga Aráoz, que años después sería uno de los camaristas que juzgó a los excomandantes de la dictadura.
La querella, que encabezan las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’Alessandro, venía pidiendo la indagatoria de Rivarola porque denuncia que su actuación fue aparente. Es decir, que pretendió tener alguna intervención cuando, en realidad, no investigó lo que había pasado.
Rafecas decidió llamarlo a declarar como imputado. Le achacó que no investigó ni denunció lo que había pasado con los sobrevivientes de la masacre del Pabellón Séptimo, pese a que tenía decenas de declaraciones que indicaban que habían sido sometidos a tormentos cuando lograron escapar del fuego. Rafecas remarcó incluso que Rivarola fue hasta el Instituto del Quemado, se entrevistó con sobrevivientes que hablaron del accionar del SPF y que otros jueces le remitieron declaraciones en ese mismo sentido.
El martes, Rivarola, de 87 años, se presentó ante Rafecas con sus abogados. Uno de los letrados es su hijo homónimo; el otro, Juan Ignacio Pascual. La declaración no fue tensa, pero sí breve. Dejó un escrito e hizo un par de aclaraciones.
En primer lugar, Rivarola –que llegó a juez gracias a la designación del dictador Jorge Rafael Videla– afirmó que no era culpable de delito alguno. Le contestó a Rafecas que no le correspondía extraer testimonios y denunciar los hechos porque, mientras estuvo al frente de la pesquisa, investigaba todo lo ocurrido en el Pabellón Séptimo: lo que había pasado la noche anterior, la requisa violenta, el fuego y sus consecuencias.
En esa línea, Rivarola señaló que su única actividad había estado centrada en asegurar las pruebas. Y, sin evitar la ironía, declaró que esa evidencia era la que ahora se utilizaba en su contra. Tras la indagatoria, Rafecas tiene diez días hábiles para definir la situación del magistrado retirado.
Rivarola ingresó al Poder Judicial como pinche en 1956, durante la dictadura de la Revolución Libertadora, según reseñó en este diario Horacio Verbitsky. María Estela “Isabel” Martínez de Perón lo designó fiscal federal. Videla lo eligió como juez. En 1984, en plena democracia, el Senado convalidó que continuara en la magistratura. Ese es uno de los elementos que Rivarola invoca para demostrar que tuvo un comportamiento probo durante los años del terrorismo de Estado.
Sin embargo, ante el juzgado de Rafecas hay otro pedido para investigar su rol. Es por su actuación como magistrado a cargo de la pesquisa por la masacre de los sacerdotes y seminaristas palotinos, acribillados el 4 de julio de 1976 en la parroquia de San Patricio. Rivarola terminó persiguiendo judicialmente al periodista que sí investigó el caso, Eduardo Kimel, por escribir que «la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto».
Por la persecución contra Kimel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina.
