Luego de una prolongada parálisis administrativa, el proyecto del segundo puente entre Chaco y Corrientes vuelve a la agenda oficial. El ICAA formalizó el llamado a audiencia pública para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de las variantes de paso por ambas capitales, un requisito obligatorio que había sido diferido por decreto provincial en enero de 2025.
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El debate se llevará a cabo el próximo 8 de abril a las 9:00 en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE (Salta 459). Esta instancia resulta clave para normalizar la situación del proyecto ante el Gobierno nacional, que meses atrás había señalado la falta de documentación ambiental como el principal obstáculo para avanzar con la ejecución de la obra.
Cómo participar y acceder a los datos técnicos
El Estudio de Impacto Ambiental estará disponible para consulta pública desde el 18 de marzo hasta el 6 de abril. Los interesados podrán analizar el documento técnico en la sede del ICAA o mediante la web oficial de Vialidad Nacional.
Para quienes deseen realizar exposiciones orales, el reglamento establece requisitos específicos:
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Inscripción previa: El registro cierra el 6 de abril.
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Presentación de informe: Se debe entregar un resumen por escrito del contenido de la exposición.
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Acreditación: En caso de representar a instituciones, se debe presentar la documentación legal correspondiente.
Para el público que solo desee asistir como oyente, la entrada es libre y no requiere inscripción previa.
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Un año de postergaciones y cruces políticos
La realización de esta audiencia llega con doce meses de demora. Mediante el Decreto Nº 26 de enero de 2025, el Ejecutivo provincial había decidido «diferir» la presentación de la documentación y la consulta pública. Esta decisión generó roces con la administración central; de hecho, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, informó en su momento al Congreso que la provincia no había entregado los papeles necesarios para otorgar la licencia ambiental.
En noviembre de 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado el financiamiento del 77% de la obra, crédito que debió ser extendido ante la falta de avances en los plazos originales. Por su parte, el ICAA atribuyó las demoras a requerimientos complementarios no presentados por la Dirección Nacional de Vialidad y la consultora privada a cargo del proyecto ejecutivo.
Tras la jornada del 8 de abril, el organismo provincial tendrá un plazo de 10 días para elevar el informe de cierre y dictar la resolución final que determinará la viabilidad ambiental del puente.
