Horas después de su primera derrota legislativa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un plan b para tratar de suavizar el golpe propinado por los aliados de Morena al tumbar su proyecto de reforma electoral. El plan b buscará que la revocación de mandato pueda realizarse en 2027, y no en 2028 como está estipulado en la ley; abrir la posibilidad de que se someta a consulta popular la reducción del financiamiento público a los partidos y cualquier otro tema electoral, y reducir costos en congresos locales, ayuntamientos y el Senado. Todo ello implica reformar varios artículos de la Constitución y no sólo cambios a leyes secundarias, por lo que nuevamente necesitará el apoyo del Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Su plan, ha dicho la presidenta este jueves, busca rescatar el principal objetivo de su reforma político-electoral, que era el de reducir privilegios de partidos y autoridades electorales. La mandataria, no obstante, no ha anunciado medidas concretas que toquen al Instituto Nacional Electoral o a los organismos locales.
Con una presentación en pantalla y no una iniciativa formal, la presidenta ha anunciado que busca poner un techo al gasto en congresos locales, ayuntamientos y en el Senado de la República. De esa forma pretende ahorrar lo que planteó en su reforma constitucional rechazada el miércoles. La iniciativa será enviada el lunes al Congreso, pero ha adelantado que esta podría recortar hasta 4.000 millones de pesos que irían, en su lugar, a apoyos sociales.
La presidenta ha puesto ejemplos del costo de los legisladores locales. Resaltan entidades actualmente gobernadas por Morena: Baja California, 34,8 millones por diputado local; Morelos, 31,8 millones; Michoacán, 30,2 millones y Ciudad de México, 28,5 millones por legislador.
El segundo ingrediente del plan b tiene que ver con los ejercicios de democracia directa. Sheinbaum propondrá que la consulta popular pueda incluir temas electorales, lo que está prohibido en la Constitución, para preguntarle a la ciudadanía si aprueba reducir el financiamiento público que se otorga anualmente a los partidos.
Además, buscaría una reforma para que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo en el tercero o cuarto año de gobierno, lo que abiría la puerta a que su propio revocatorio, programado para abril de 2028, se celebre en junio de 2027, a la par de las intermedias y cuando 17 Estados acudirán a las urnas a renovar las gubernaturas.
La presidenta ha explicado que la iniciativa que presentó tenía como objetivo acabar con los privilegios de los partidos y de las autoridades electorales. “Al pueblo de México le parece excesivo que los consejeros del INE ganen más que la presidenta, que se repitan funciones entre el INE y los llamados OPLE y que se destinen muchos recursos a eso mientras hay muchas necesidades en los municipios”, aseguró. En el plan b no ha anunciado nada referente a las autoridades electorales.
La presidenta ha matizado el fracaso de su plan original, asegurando que ha quedado claro quiénes apoyan reducir los privilegios y quiénes no. Ha resaltado que los únicos que votaron a favor fueron Morena, 12 diputados del Verde y uno del PT. “Y todos los demás votaron en contra, empezando por el PRI, PAN y MC, y algunos diputados del Verde y el PT”, ha señalado. El plan b, ha añadido, consiste en lo mismo: “seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos”.
Salvar la alianza: el otro objetivo
Tras la votación en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, jefe de la bancada morenista, regresó a Palacio Nacional en la noche del miércoles. La derrota se daba por descontada, pero eso no evitó que hubiera caras largas en la reunión de la presidenta con legisladores, dirigentes de los tres partidos de la coalición y funcionarios integrantes de la comisión presidencial de reforma electoral. El encuentro, que se prolongó hasta las primeras horas de este miércoles, dicen, fuentes cercanas a la negociación, giró en torno a un plan alternativo de reformas a la Constitución y a leyes secundarias para reducir el costo de la democracia y rescatar parte de los objetivos planteados en la iniciativa original. Aunque igual que en la reforma que fue sepultada, no hay acuerdos cerrados.
Sheinbaum delineó con ellos el plan b que ha presentado este jueves, con el que trata de suavizar el revés propinado por sus propios aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que se negaron a aprobar el plan original de la mandataria. Esa iniciativa incluía la reducción del financiamiento público a los partidos, la eliminación de 32 senadurías de representación proporcional y una nueva modalidad para definir las diputaciones plurinominales, temas que han quedado sepultados, por ordenamiento legal, durante todo un año legislativo.
La presidenta ha repetido este jueves en la conferencia matutina lo que dijo en la reunión de Palacio Nacional: que la iniciativa estaba basada en sus promesas de campaña y en las expectativas del pueblo, “que está en contra de los privilegios”. Sheinbaum ha advertido que la gente juzgará a cada quien por su voto y que fue precisamente por esa razón por la que decidió enviar su proyecto a sabiendas de que no reuniría los 334 votos necesarios.
Ni Sheinbaum ni los dirigentes de Morena, PVEM y PT han decidido romper su alianza legislativa y electoral. Desde el debate en el palacio de San Lázaro, las dirigencias de los tres partidos de la coalición oficialista se esforzaron para maquillar su desencuentro. Carlos Puente, coordinador de los diputados del PVEM, y Reginaldo Sandoval, líder del PT en la Cámara, aclararon en sus intervenciones en tribuna que el episodio de la reforma electoral no implica romper la alianza programada para las elecciones intermedias de 2027, pero confirmaron su negativa a apoyar a Sheinbaum: 47 de los 49 diputados del PT y 49 de los 62 del Verde votaron en contra del dictamen. Y con eso sepultaron la reforma constitucional de la presiddenta.
“Es una desaveniencia, pero no un rompiminento”, dijo el experimentado legislador Pedro Vázquez, del PT, durante la sesión del miércoles. “Después de más de 20 reformas constitucionales y decenas de reformas legales que hemos respaldado desde que comenzó la legislatura, hoy tienen que respetar nuestro derecho a disentir”, agegó en breve entrevista con EL PAÍS. Vázquez se refirió a las 20 reformas derivadas del plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aprobadas entre septiembre y diciembre de 2024, y las ocho que se le han aprobado a Sheinbaum, desde la que promovió en su primer mes de mandato para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, hasta la más reciente para establecer la jornada laboral de 40 horas.
“Claro que puede haber diferencias, pero entendemos que éstas se dirimen y se sigue adelante”, dijo el coordinador de la bancada verde, Carlos Puente, quien también presume el respaldo de su partido a las 145 iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo en la legislatura, 28 constitucionales y 117 legales.
Verde y PT saben muy bien que compitiendo solos en 2027 tienen escasas posibilidades de éxito. La más reciente encuesta dde Enkoll para EL PAÍS ubica su intención de voto en 3% de los votantes, apenas el mínimo para mantener su registro como partidos nacionales.
