La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado al fin a la Cámara de Diputados. Sin ceder a la presión de los aliados de Morena, la mandataria mexicana ha enviado un proyecto que mantiene sus prioridades: reducir el financiamiento público a los partidos, eliminar 32 plazas de senador de representación proporcional y restar poder a las cúpulas partidistas en la definición de las diputaciones plurinominales. La reforma enfrentará en las próximas semanas un escenario adverso por el rechazo anticipado del Partido Verde y el Partido del Trabajo, cuyos votos son necesarios para aprobar reformas a la Constitución, y ante el escepticismo de las fuerzas de oposición, que ven en la reforma un intento de regresión autoritaria.
En su exposición de motivos, Sheinbaum argumenta que la democracia mexicana se ha debilitado al percibirse distante, costosa o capturada por intereses particulares y niega que busque afectar la autonomía de las instituciones para favorecer o perjudicar a personas o grupos determinados. “La reforma que se propone no elimina el principio de representación proporcional; por el contrario, revalora su papel democrático de representación de las minorías, busca atender la crítica social a la designación cupular de los legisladores plurinominales al margen de la voluntad de la militancia y de la ciudadanía. Se trata, por ello, de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes, sino de la expresión directa de la voluntad popular”, se lee en el texto enviado este miércoles a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López.
La iniciativa propone dos cambios importantes en la configuración del Poder Legislativo: se reduce el Senado de 128 a 96 escaños, eliminando los 32 que actualmente se eligen mediante listas nacionales propuestas por los partidos. La Cámara de Diputados mantiene sus 500 integrantes, pero con un nuevo sistema para la elección de las 200 diputaciones plurinominales: a) 100 que no obtuvieron el triunfo en el distrito en que participaron, “ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida de su propio partido”; es decir, los mejores perdedores de cada fuerza política, sin importar el lugar en el que hayan quedado en su distrito, y b) 100 por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán ocho diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
En cuanto al financiamiento público a los partidos políticos, la presidenta sugiere una reducción de una cuarta parte de lo que reciben actualmente, pues se modifica la fórmula con la que se calcula el monto total. En la ley vigente, el financiamiento se fija multiplicando el número total de personas inscritas en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y la iniciativa sugiere reducir el factor de cálculo al 48,75% de la UMA. Con la fórmula actual y un padrón de más de 100 millones de mexicanos con credencial para votar, los partidos se están repartiendo en 2026 una bolsa total de 7.700 millones de pesos. Con la propuesta, esa cantidad hubiera sido de 5.497 millones de pesos. En la iniciativa se mantiene la fórmula de distribución de las prerrogativas, de 30% de forma equitativa entre todos los partidos y 70% de manera proporcional al resultado de la última elección de diputados federales. PVEM y PT han dicho que aceptarían una reducción, siempre y cuando todos los partidos reciban la misma cantidad, lo que Morena considera inviable.
El proyecto de Sheinbaum busca reformar 11 artículos de la Constitución y, por el momento, no incluye los cambios que se propondrán a las leyes secundarias en materia electoral. Se mantiene al Instituto Nacional Electoral (INE) como organismo público autónomo, preserva los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales. Establece que los cómputos distritales de las elecciones comiencen el mismo domingo de la jornada electoral, con lo que podría eliminarse el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que en 2024 tuvo un costo de casi 300 millones de pesos; aunque el proyecto no ordena textualmente su eliminación. En un transitorio, la reforma propone que todos los funcionarios del sistema electoral se apeguen a las reglas de austeridad y perciban un salario menor al de la presidenta de la República. Otros cambios propuestos por la comisión presidencial de reforma electoral no aparecen en la iniciativa enviada al Congreso, pues formarán parte de los cambios que se propondrán a las leyes secundarias.
En cuanto al modelo de comunicación política, se sugiere reducir de 48 a 35 minutos los tiempos oficiales que actualmente deben otorgar los concesionarios de radio y televisión al Estado por cada 24 horas de programación en los periodos de precampaña y campaña. Además, se establece que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley. “Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables”, señala el nuevo ordenamiento que se propone.
En su proyecto, la mandataria propone prohibir expresamente el uso de dinero de origen ilícito en las campañas electorales y fortalecer las capacidades de fiscalización del INE. También, amplía los mecanismos de democracia participativa (Consulta Popular y Revocación de Mandato) a nivel local, y sugiere cambiar el artículo 134 constitucional para permitir a los funcionarios públicos promover la participación ciudadana en ese tipo de consultas, “siempre que no influyan en sus resultados”.
La iniciativa se ha turnado a Comisiones de la Cámara de Diputados y, según el diputado morenista Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Electoral, el dictamen podría elaborarse en dos semanas, para llegar al pleno de la Cámara el 24 de marzo, donde se requiere de 334 votos para ser aprobado. Morena cuenta con 253 diputados, por lo que necesita 81 votos adicionales. El Verde tiene 62 diputados y el PT 49, de modo que la reforma podría aprobarse con los votos de algunos diputados de esas bancadas que no sigan la línea de sus dirigencias nacionales, e incluso con algunas ausencias de legisladores de otros partidos.
Si la iniciativa llega a pasar el trámite en la Cámara de Diputados, enfrentaría un escenario aún más adverso en el Senado, donde la mayoría calificada se integra con 86 votos, 19 más de los 67 que actualmente tiene Morena. El Verde tiene 14 escaños y el PT 6 en la Cámara alta, por lo que Morena necesita convencer a las dos bancadas prácticamente completas para sacar adelante el proyecto, o convencer a algunos de los 41 senadores de la oposición.
Horas antes de enviar su iniciativa, la presidenta ha hecho una nueva defensa de su reforma en su conferencia matutina, en la que presentó un “decálogo por la democracia” con los principales puntos que busca modificar. Pero también ha dejado ver la posibilidad de que sea rechazada. “Si la reforma se aprueba, va a ser muy bueno para la democracia en México. Si por alguna razón la reforma no se aprueba, queda ahí, escrita, para que posteriormente pueda recuperarse”, ha dicho.
