Frente al endurecimiento en la posición del PP sobre inmigración, Sumar presiona al PSOE para regularizar ya a las más de 500.000 personas extranjeras que viven y trabajan en España desde hace años. En abril de 2024 el Congreso admitió a trámite con el apoyo de todos los grupos menos Vox una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por más de 900 organizaciones que ahora mismo está bloqueada por las exigencias de varios partidos. Ante la imposibilidad de dar salida a la norma, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha pedido este lunes en rueda de prensa que la regularización se apruebe antes de que acabe octubre. Fuentes del partido apuntan a negociaciones en el seno del Gobierno para desarrollar vía decreto un reglamento que no tenga que pasar por la Cámara baja.
“Al racismo se le responde con hechos”, ha asegurado la dirigente al defender su propuesta después de tildar precisamente de “cumbre racista” el acto de presentación de la Declaración de Murcia llevaba a cabo por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a sus barones este domingo. El documento de los populares incorpora las líneas estratégicas del partido en esta materia, de la que han hecho una cuestión central de sus políticas en el arranque del curso. “Desde Movimiento Sumar reclamamos que la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas se apruebe antes de que termine el mes de octubre. Frente a los discursos miserables de PP y Vox pedimos que más de 500.000 personas se conviertan en ciudadanos de pleno derecho”, ha abogado Hernández. “La forma en la que tiene que abordarse tendrá que verse en el papel”, ha señalado la dirigente. “No nos importan las cuestiones técnicas”, ha reiterado a preguntas de los periodistas poniendo el foco en que se trata, a su entender, de una cuestión de voluntad política.
La iniciativa en el Congreso lleva meses encallada, a pesar de que antes del verano el Gobierno trató de darle un impulso y retomó las conversaciones con los grupos, el estallido del caso Cerdán bloqueó cualquier avance. Y el consenso que había suscitado inicialmente la ILP, en parte por el apoyo de instituciones de todo signo como la Conferencia Episcopal y Cáritas, que presionaron al PP, se ha ido esfumando.
Frente a este escenario, quedaría la posibilidad de actuar desde el Gobierno. Podemos lleva reclamando meses que la regularización se haga vía real decreto, tal y como volvió a solicitar este lunes su secretario de Organización, Pablo Fernández. El precedente sería la regularización extraordinaria impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que afectó entonces a más de 500.000 inmigrantes. Su Ejecutivo había reformado un año antes la ley de extranjería para permitir ese trámite, que en ese caso contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, agentes sociales y ONG, aunque tampoco entonces fue necesario su paso por las Cortes.
