El caso es conocido como “El geriátrico del horror en Belgrano” y sucedió en 2020 en el Apart Los Incas, tras un brote masivo de Covid en el que murieron 10 residentes.
El 21 de abril de ese año, a un mes de empezada la cuarentena estricta en nuestro país, los medios mostraban la evacuación del hogar para adultos mayores ubicado en la esquina de la avenida de los Incas y la calle Zapiola, por las denuncias de familiares.
Cinco años más tarde, el 19 de mayo pasado, comenzó el juicio con seis imputados, entre ellos los dueños, la directora médica y una ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad, para determinar si hubo culpas detrás la muerte de esos 10 ancianos.
Este lunes se conoció del veredicto: dos dueños (Hugo Visca y Luis Daniel Megyes) y la directora médica (Carla Raffo) recibieron penas de dos años de ejecución condicional por la propagación de la enfermedad. Se votó en disidencia y por mayoría.
La fiscalía y las querellas habían pedido penas de hasta ocho años de cárcel. Las defensas, las absoluciones de sus clientes, alegando que todo ocurrió durante una pandemia mundial.
Daniela Alejandra Gonzalo (pareja de Visca) y Alicia Haydee Allegue (pareja de Megyes) fueron absueltas, al igual que la ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Paula Trunzo.
El tribunal dispuso la reparación económica para los familiares de las víctimas por cuatro millones de pesos.
En sus alegatos, la fiscalía y las querellas pidieron penas de entre tres y ocho años de prisión para Megyes, tres y seis años de prisión para Visca y Raffo, y tres para Gonzalo y Alicia Haydee Allegue, otra de las dueñas. En todos los casos también se solicitaron las inhabilitaciones. Para Trunzo habían pedido su absolución.
En el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo, Raffo fue la única entre los acusados que aceptó hacer uso del derecho a decir sus «últimas palabras». Y eligió un tono firme, pero se quebró al final.
«Las pruebas y los colegas, mis testigos y otros, (que se presentaron y declararon en el juicio) creo que dejan demostrado, y con creces, que no había otra manera de actuar, y más en ese momento», arrancó Raffo.
Se piden penas de entre tres y ocho años de prisión para Megyes, tres y seis años de prisión para Visca y Raffo, y tres para Gonzalo y Alicia Haydee Allegue, otra de las dueñas. Foto Guillermo Rodríguez Adami«Una de mis funciones como especialista en Infectología era poder leer y adoptar los protocolos, traducir a mis colegas un montón de cosas técnicas. El fiscal no entiende, obviamente que quedó claro en su alegato la falta de comprensión total de los protocolos. Escuché semejantes barbaridades (del fiscal y otros dos abogados)», siguió, y acusó que durante el debate los abogados querellantes mencionaron a sus hijos «para generarme culpa».
La directora dijo que además de asesorar a sus colegas por su saber en epidemiología, trabajó directo con los pacientes durante la pandemia «dándolo todo, con dos hijos y estando puérpera». Al final, aún en llanto, dijo que confiaba en la Justicia y acusó a «héroes sin capa, como se cree Sergio Federovisky, que en vez de ayudar generó caos».
Federovisky, ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación y cuyo testimonio fue clave en el proceso, presenció cada audiencia con una foto de su madre fallecida, Delia Ivanac.
Fue él quien denunció la situación de abandono total del geriátrico aquel fin de semana de abril de 2020, cuando no hubo médicos, ni directivos, ni personal calificado, según declaró. Solo un electricista y un empleado de mantenimiento quedaron a cargo de más de una docena de residentes.
Se piden penas de entre tres y ocho años de prisión para Megyes, tres y seis años de prisión para Visca y Raffo, y tres para Gonzalo y Alicia Haydee Allegue, otra de las dueñas. Foto Guillermo Rodríguez Adami«Todo empezó en la semana del 13 de abril de 2020 -comenta Federovisky a Clarín en esa sala del juzgado-, cuando cerraron el geriátrico para las visitas».
Él había contratado a una de las empleadas del geriátrico para que se quedara por las tardes noches cuidando a su madre, que tenía «una enfermedad psiquiátrica importante», pesaba menos de 50 kilos y no caminaba.
«El 15 de abril, esa cuidadora se va por síntomas de Covid y al día siguiente se retiran todos los empleados. Quedan a cargo de los 28 residentes solamente un electricista y una persona de mantenimiento», marca.
«De noche, ese viernes, mi mamá quiere levantarse para ir al baño, intentan ayudarla, y por falta de cuidados, se cae y se fractura la pelvis. Inmediatamente tiene Covid. Desde esa noches hasta el domingo, nadie dio la cara en el geriátrico. El único vínculo que teníamos era una empleada administrativa que a su vez estaba en cuarentena, no estaba ahí. La doctora Raffo no apareció y le prohibió a esta empleada que le dieran su teléfono a los familiares».
Recién el martes siguiente, como asegura el denunciante, empezaron a llamarlos. Pero ni la dirección médica ni los dueños de la residencia «dieron la cara».
«El domingo habían mandado un mail diciendo que los vayamos a buscar porque había Covid en el geriátrico. Intervenimos todos los familiares y logramos que el Same realizara una intervención de emergencia y derivara a los enfermos a distintos lugares», detalla.
La madre de Federovisky estuvo 50 días internada por Covid en la terapia intensiva del Hospital Italiano. No la pudieron operar de la fractura de pelvis por su condición, y murió poco tiempo después.
En el geriátrico Apart Los Incas murieron 10 personas por Covid. Foto Guillermo Rodríguez«Las palabras de la doctora Raffo me parecen un horror. Le echa la culpa a las víctimas en lugar de hacerse responsable. Jamás apareció en el geriátrico, no cumplió con su rol de directora clínica durante este episodio de la pandemia», puntualiza.
Además, habla de que «hay una responsabilidad penal de Raffo, que era poner en macha el protocolo. No lo hizo, por eso la evacuación se hizo de una manera desordenada, llamando nosotros al SAME y al Gobierno de la Ciudad para que lo hagan».
Las parejas propietarias y la directora médica estaban imputadas por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias durante la cuarentena.
Trunzo, que debía fiscalizar geriátricos como funcionaria del Gobierno de la Ciudad, estaba acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
