Matías Agustín Ozorio, de 28 años, es señalado como mano derecha de “Pequeño J”, el presunto narco que ordenó el brutal asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela. La Justicia emitió un pedido de captura internacional y el fiscal describió el crimen como un acto de “sufrimiento inhumano”.
Matías Agustín Ozorio es señalado como la mano derecha del jefe narco “Pequeño J”.
La Justicia solicitó la captura nacional e internacional de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como uno de los autores del secuestro, tortura y asesinato de Morena Verdi y Brenda del Castillo, de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, en uno de los crímenes más violentos en la historia de la Argentina. Ozorio, apodado «Tati», residía en asentamientos, y se lo acusa de ser ladero de «Pequeño J», el presunto líder de una banda de narcotraficantes que habría ordenado las ejecuciones.
La orden de captura internacional
El fiscal a cargo del caso, Gastón Duplaá, imputó a Matías Agustín Ozorio por «triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género», un delito que podría tener una pena de 35 años de cárcel.
La orden de captura, emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, llegó a Interpol el 25 de septiembre y fue publicada de forma privada, por lo que su rostro y datos de nacimiento, del 11 de septiembre de 1997, ya están disponibles para todas las policías del mundo. Ozorio, quien vivía en la Villa 21.24, Zavaleta y la 1-11-14, y con domicilio en Parque Patricios, fue buscado sin éxito en un allanamiento llevado a cabo por la DDI de La Matanza.
Los principales sospechosos
El principal objetivo de la investigación es dar con el paradero de «Pequeño J» o «Julito», el presunto líder narco que habría ordenado los crímenes. Su nombre es Julio, tiene 23 años, es peruano y sus apellidos serían Valverde y/o Montana. La policía, que no cuenta con su DNI, cree que se moviliza entre los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, el sur del conurbano y La Matanza, de donde eran oriundas las víctimas. Por el caso, ya se encuentran detenidos Maximiliano Andrés Parra, Daniela Iara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Celeste Magalí González Guerrero.
Ahora, el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, continúa con la investigación para esclarecer los crímenes.
El sufrimiento inhumano de las víctimas
El fiscal Duplaá declaró que los acusados, actuando en un grupo con roles definidos, tuvieron «claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de M.V., B.L.D.C. y L.M.G., ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso».
Además, el funcionario judicial remarcó que los criminales actuaron con alevosía, ya que «obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres».
Según fuentes de la investigación, Lara, Brenda y Morena fueron engañadas el 19 de septiembre para asistir a una supuesta fiesta o encuentro, por el que se les ofrecieron 300 dólares a cada una. El evento nunca existió y fue una trampa para que subieran a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Los cuerpos de las jóvenes fueron hallados la madrugada del miércoles en un pozo. Se cree que la masacre fue transmitida en vivo a través de una red social y habría sido presenciada por 45 personas.
