El pasado 12 de junio la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a los cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el homicidio del joven mapuche de 22 años, Rafael Nahuel Salvo, en 2017. Ante ello, la Asamblea Permanten por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio», también advierte que «la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich.
El fallo de la Casación ordenó al Tribunal de General Roca que gradúe las penas que deben purgar los homicidas Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, al reafirmr que éstos «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa».
La APDH afirmó además, a través de un comunicado, que el fallo de la Cámara «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del grupo Albatros». Este operativo, realizado el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel e hirió de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña. Para la APDH la condena «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich».
El organismo también advierte que la sentencia «no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal». En ese sentido señalan a Bullrich que ahora detenta el mismo cargo y, como indica la APDH, «sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena».
