Nueva derrota, aunque puede que solo temporal, para Donald Trump en menos de una semana asen su batalla por controlar ciudades demócratas con el envío de tropas de la Guardia Nacional. En Chicago, la jueza federal April Perry ha aceptado los argumentos de las autoridades de Illinois y ha impuesto un bloqueo temporal de 14 días a la movilización de esos soldados en la ciudad.
La Administración Trump alegaba en el caso de Chicago que las protestas contra su política migratoria y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ocurren en la metrópolis representan “como poco, un peligro de rebelión” que hace necesaria la movilización militar. Perry, nombrada para el cargo por el demócrata Joe Biden, ha indicado en su anuncio verbal de la orden que no ve “pruebas creíbles” de que se esté generando una insurrección en las calles.
Por contra, señala, los indicios apuntan a que el despliegue de la Guardia Nacional sí podría “añadir leña al fuego” creado por el Gobierno al desplegar desde el mes pasado a agentes del ICE para llevar a cabo redadas y deportaciones masivas en la urbe, en la llamada “Operación Midway Blitz”. La magistrada emitirá este viernes su orden escrita.
Al anunciar su orden, la jueza Perry ha reconocido que probablemente la Administración la recurra. Se da casi por seguro que ambos casos terminen en el Supremo, donde la decisión final puede tener una enorme trascendencia para el futuro del sistema democrático estadounidense. El dictamen definitivo servirá para determinar hasta dónde llegan los poderes del presidente, el uso de las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense y las relaciones entre el Gobierno federal y los Estados.
Trump ha desplegado ya a la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D. C., además de Chicago, y ha dado órdenes de hacerlo en Portland y en Memphis, donde 200 soldados quedarán activados a partir de este viernes. Las cinco ciudades están gobernadas por demócratas y en ellas el presidente asegura que la violencia se encuentra fuera de control. “Vamos a hacer Chicago una ciudad más segura, quiera el gobernador o no”, declaraba el republicano en una reunión de su Gabinete este jueves.
En Chicago, en unos juzgados de estilo brutalista y accesos completamente vallados, la primera parte de una vista que se ha prolongado casi el día completo se centraba en debatir el significado de la palabra “rebelión”. Los abogados del Gobierno sostienen que las protestas y los niveles de violencia que aseguran que existen en la Ciudad de los Vientos representan una. Los representantes de Illinois, encabezados por el fiscal Christopher Wells, se preguntaban: “¿Quiénes son los rebeldes? ¿Están esos rebeldes bien armados?“. Y recordaban que los fundadores del país “no usaron a la ligera palabras como guerra, insurrección o rebelión”. “¿De verdad cree el presidente que se está gestando una rebelión en Estados Unidos? ¡Qué alegación más audaz!“.
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, había presentado en nombre de las autoridades de su Estado una demanda el pasado lunes para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago ordenado por Trump pese a la oposición del gobernador demócrata, J. B. Pritzker. La Guardia Nacional es un cuerpo militar de reserva bajo el control de los distintos Estados; el presidente puede activar sus efectivos, algo que suele ocurrir en casos de urgencia tales como un desastre natural, pero necesita el visto bueno del gobernador del Estado. La ley contempla excepciones, pero solo en casos extremos, como una insurrección.
Los argumentos de Raoul alegan que “los actos ilegales de la Administración” ya “someten a Illinois a un daño irreparable”. Al desplegar a soldados de Texas se ha violado la soberanía estatal y “su derecho al autogobierno”, señala el fiscal.
Los abogados de la Administración Trump sostienen, según consta en el pliego de 59 páginas presentado a última hora del miércoles, que el despliegue de la Guardia Nacional está justificado por una escalada de la violencia contra los agentes del ICE que llevan a cabo una dura operación de redadas para deportar a inmigrantes ilegales, ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional a instancias del propio Trump. Los defensores aseguran que esos soldados protegerán a los agentes “contra el peligro de una rebelión contra la autoridad federal”.
Los abogados citan como ejemplos las protestas que se desarrollan frente a una instalación del ICE en Broadview, en las afueras de Chicago, el caso de un supuesto líder pandillero acusado de poner precio a la cabeza de un agente del ICE y el supuesto choque intencionado del automóvil de una mujer contra vehículos de ese organismo, en un incidente en el que la conductora quedó herida por el disparo de un agente. Activistas denuncian que fueron los coches federales los que fueron a por el de la mujer.
En una primera vista sobre la demanda de Illinois, el lunes, Perry alegó que necesitaba tiempo, al menos hasta este jueves, para examinar los argumentos en el caso.
En paralelo a la vista en Chicago, este jueves se celebra una audiencia igualmente clave sobre las órdenes de Trump de despliegue de la Guardia Nacional en Oregón. Un tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco verá el recurso que la Administración republicana ha presentado contra el veto temporal impuesto por la jueza Karin Immergut a la movilización de ese cuerpo en el Estado desde el fin de semana pasado.
La jueza respondió a una demanda urgente de las autoridades de Oregón con el veto de un mínimo de dos semanas y una resolución muy crítica hacia la orden presidencial, en la que apuntaba que Trump puede haber violado la Enmienda Décima de la Constitución, que limita los poderes del Gobierno federal en favor de los Estados, y la legislación que prohíbe a las entidades federales desarrollar trabajos locales.
En Oregón, el republicano había ordenado el despliegue de varios centenares de soldados de la Guardia Nacional local y de otros 200 de la Guardia Nacional de California al alegar que en Portland la violencia se encontraba desatada por los ataques de grupos antifascistas a un centro del ICE cada noche. Immergut apuntaba en su decisión que esas protestas son reducidas y han generado relativamente poco alboroto en los días y semanas previos antes de la directriz presidencial.
