Más de 120 millones de pesos fueron movidos por fuera del sistema bancario, con una lógica propia y reglas internas que pusieron en alerta a las autoridades. Siguiendo esa pista, la Justicia descubrió cómo el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que en la última década expandió su presencia fuera de ese país y es señalada por su participación en delitos como narcotráfico, trata de personas, homicidios y lavado de activos, introdujo dinero sucio mediante una red de transferencias informales tipo hawala.
El dato surgió de un fallo de la Cámara Federal de Corrientes, que ratificó los procesamientos con prisión preventiva dictados contra 13 personas –11 venezolanas, una colombiana y un argentino– investigadas por haber integrado, desde al menos 2019, una estructura económica organizada y estable destinada a mover dinero por fuera del sistema financiero formal.
Según la resolución, el eje de la maniobra fue un circuito de transferencias informales que replicaba el funcionamiento clásico de la hawala: entrega de efectivo en un punto, comunicación entre intermediarios y pago en destino sin que el dinero cruce físicamente fronteras ni quede registrado en entidades bancarias. En este caso, esa operatoria habría tenido como base un local comercial del barrio porteño de Colegiales, que operaba bajo el nombre Giro Activo.
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Para los camaristas, no se trató de una práctica ocasional. Por el contrario, el expediente describe un engranaje financiero complejo que combinó envíos informales y transferencias circulares entre integrantes del grupo, y el ingreso de divisas mediante “correos humanos”, todo diseñado para dificultar la trazabilidad de los fondos y disimular su origen ilícito.
La investigación también detectó la constitución de sociedades de fachada para la explotación de locales comerciales y la adquisición de bienes de alto valor sin respaldo en ingresos lícitos. El volumen del dinero blanqueado fue estimado en más de 120 millones de pesos, una cifra que, para el tribunal, evidencia la magnitud del circuito económico montado.
Ese entramado fue el que llevó a los jueces Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo a confirmar los procesamientos dictados el 4 de septiembre pasado por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. En la resolución, el tribunal sostuvo que la imputación no se apoyó en referencias genéricas ni en la sola mención del Tren de Aragua, sino en la verificación concreta de un circuito económico “organizado, estable y de significativa magnitud” orientado a canalizar recursos hacia una estructura criminal transnacional.
En ese punto, los camaristas remarcaron que parte de los fondos generados y movilizados por la red habrían sido destinados a sostener actividades de la organización fuera del país. En febrero pasado, el Tren de Aragua fue inscripto en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que le dio al caso un encuadre jurídico de máxima gravedad.
La resolución confirmó los procesamientos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo de nueve imputados, entre ellos el principal acusado, Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. Otros cuatro acusados quedaron procesados solo por lavado de activos. En cambio, la Cámara declaró la nulidad parcial del procesamiento en lo referido a la imputación por asociación ilícita, al considerar que ese punto no había sido suficientemente fundamentado.
El tribunal también rechazó los planteos de nulidad formulados por las defensas y sostuvo que el juez de primera instancia realizó un razonamiento autónomo, con una valoración integral de la prueba y una descripción detallada del modo de funcionamiento atribuido a la organización. En ese análisis se incluyeron la división interna en dos células operativas, los domicilios base de acción en Corrientes, Ezeiza y La Plata, y la articulación entre ambas a partir de directivas impartidas por “Yiyi” incluso desde su lugar de detención: la cárcel federal de Ezeiza.
Para arribar a esas conclusiones, la Cámara ponderó informes de organismos internacionales, análisis financieros de la Procelac, reportes de la Policía Federal, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia sobre presuntas “cuevas” financieras y la documentación secuestrada en los allanamientos realizados el 28 de mayo pasado.
La causa tuvo su origen en octubre de 2023, con la detención de Boscán Bracho en la provincia de Corrientes, en el marco de un pedido de extradición internacional. A partir de ese procedimiento, el Ministerio Público Fiscal avanzó sobre una estructura que, según la acusación, convirtió a la hawala en una herramienta central para mover dinero sin rastros, sostener una red criminal y conectar una operatoria local con un entramado delictivo de alcance transnacional.
Por qué alarma a la Justicia
L.N.
El sistema hawala es un viejo método de transferencias de valores que funciona al margen de la banca tradicional. No utiliza cuentas bancarias ni deja registros formales: se basa en la confianza entre intermediarios –los llamados hawaladars– y en compensaciones posteriores entre ellos. Una persona entrega dinero en un punto; otro operador, en otro lugar del país o del mundo, realiza el giro correspondiente al destinatario. El dinero no viaja, se compensa.
Ese mecanismo, eficaz para enviar fondos en contextos informales, se convirtió en una herramienta atractiva para el crimen organizado porque elimina la trazabilidad, dificulta el control estatal y permite mover grandes volúmenes de dinero sin alertas financieras.
En la Argentina ya existen antecedentes judiciales de investigaciones por sistemas informales de giros –aunque no siempre denominados explícitamente como hawala– en causas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En esos expedientes se detectaron cuevas financieras, giros paralelos, fraccionamiento de montos y compensaciones cruzadas entre operadores, prácticas que hoy son señaladas como una de las principales amenazas al sistema antilavado.
