El proceso judicial por el caso Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes el 13 de junio de 2024, enfrenta una nueva complicación que podría retrasar el inicio del juicio oral. Uno de los jueces que integra el tribunal a cargo del debate comenzó los trámites para jubilarse y pidió que se designe un reemplazante, lo que obligará a reorganizar la integración del cuerpo que juzgará a los 17 acusados.
Se trata de Fermín Amado Ceroleni, presidente del tribunal y el único de los magistrados que pertenece a la provincia donde fue visto el pequeño por última vez. Según fuentes judiciales, el juez notificó a la Cámara Federal de Casación Penal que inició el proceso jubilatorio y solicitó formalmente la designación de un magistrado sustituto para ocupar su lugar en el tribunal.
Desaparición de Loan: 17 acusados llegan a la audiencia clave que definirá el juicio oral
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La salida de Ceroleni genera incertidumbre sobre el calendario del debate oral, que luego de la primera audiencia preliminar continúa sin una fecha confirmada para su comienzo. Ese día, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 habían propuesto el inicio para el 7 de octubre, pero tras las quejas de la Fiscalía y la querella acordaron reconsiderar esa decisión.
En ámbitos judiciales advierten que este tipo de cambios suele implicar demoras, ya que el nuevo juez deberá interiorizarse en un expediente voluminoso y complejo. El pedido de jubilación de Ceroleni fue dirigido al presidente de la mencionada Cámara, Diego Barroetaveña y debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional para hacerse efectivo.
El tribunal que intervendrá en el caso también está integrado por los magistrados Eduardo Ariel Belforte (de Formosa) y Simón Bracco (General Roca, Río Negro), quienes deberán continuar con las gestiones administrativas mientras se resuelve la situación de Ceroleni. Debido a la complejidad del caso se había nombrado como suplente a Enrique Bosch (de Resistencia), por lo que tomaría su lugar a la espera de que se elija a otro sustituto.
El TOF de Corrientes fue el que, en 2025, decidió que se unifique la causa principal por la «sustracción y ocultamiento» de Loan -donde hay siete personas imputadas- con el expediente por el intento de desvío y entorpecimiento de la investigación -que tiene a otras diez procesadas-.
El juicio por la desaparición de Loan
El juicio busca determinar las responsabilidades por la desaparición del niño correntino que fue visto por última vez hace dos años en la localidad de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina, ubicada en una zona rural. Desde entonces, el menor permanece desaparecido y el caso se convirtió en una de las investigaciones más resonantes de los últimos años en el país.
La causa fue elevada a juicio por distintos delitos vinculados a la sustracción y el ocultamiento del menor, entre ellas familiares, allegados y un ex jefe policial. Entre los imputados en el primer expediente se encuentran Laudelina Peña, tía de Loan; su esposo, Antonio Benítez; la ex funcionaria municipal y amiga de la familia María Victoria Caillava; su marido, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, que cumple arresto domiciliario.
La fiscalía sostiene que el chico no se perdió y que los siete actuaron de manera coordinada para perpetrar su desaparición, luego de la cual habrían «montado un escenario para simular la pérdida de Loan, incluyendo la plantación de una de sus zapatillas en un lodazal y la difusión de una falsa noticia acerca de que lo habían encontrado».
El segundo expediente apunta a Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria -alias «El Americano»-, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, quienes están acusados de entorpecer y obstaculizar las diligencias judiciales y el trabajo de las autoridades policiales.
De acuerdo a la acusación, llegaron a 9 de Julio y se presentaron como supuestos integrantes de la fundación Lucio Dupuy, una asociación contra la violencia infantil que lleva el nombre del niño asesinado en La Pampa en 2021. Los fiscales sostienen que habrían realizado maniobras para desviar la investigación y manipular las declaraciones de los chicos que habían estado con Loan cuando los llevaron a recolectar naranjas después del almuerzo.
Entre los delitos que se les imputan a este grupo de diez personas, se destacan privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales.
FP/DCQ
