La destrucción de las rutas nacionales por el decidido abandono de su mantenimiento por parte del gobierno nacional fue denunciado por el gremio de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), pero también por cámaras empresarias que utilizan las rutas para trasladar sus producciones. Reclamos que fueron desoídos por el presidente Javier Milei. Es más, primero frenó todas las obras de mantenimiento y luego dictó el decreto 461/2025 con el que eliminó la DNV y otros organismos vinculados a la seguridad en el transporte. La reacción sindical no se quedó en la protesta, sino que también recurrió a la justicia donde presentó un amparo que, para desgracia de los destructores del Estado, se resolvió a favor de los trabajadores. Fue así que la justicia federal le ordenó a Milei que durante seis meses se abstenga de realizar cualquier acto administrativo que derive del decreto que dispuso el cierre de Vialidad Nacional. En ese sentido, Graciela Aleñá, titular del gremio de Vialidad afirmó que si bien ganaron tiempo «es preciso seguir peleándola contra un gobierno sordo, autoritario que no escucha a nadie».
Enterados del fallo que emitió la jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, la Casa Rosada buscó contener la mala noticia a través del vocero presidencial Manuel Adorni. El legislador porteño electo no hizo conferencia de prensa y recurrió a un posteo en su cuenta de X donde escribió un escueto comunicado: «El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional». No dijeron una palabra más.
Más allá de que Adorni haya terminado su posteo con la palabra «Fin» como dando por finalizado el tema, lo cierto es la resolución de la jueza Forns no sólo dice que se debe frenar el cierre de la DNV le advirtió al Poder Ejecutivo que no podrá disponer de “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.
Es más, Forns aseguró en su escrito que en esta etapa del proceso, «donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar». Lo sostiene porque entiende que es la única manera de «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
La jueza, en su fallo, remarcó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”. En definitiva, este es un párrafo destinado a describir lo que pretende hacer el gobierno.
La intención de Milei y su gabinete es concentrar prácticamente todo en la Secretaría de Transporte y en otras áreas del Ministerio de Economía que absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial. En tanto que el control de concesiones pasará a un nuevo ente, la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. De esta manera se le quita el sentido de existencia a Vialidad Nacional, cuya tarea misión es garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.
Aleñá, que festejó el fallo judicial, aseguró que no se pueden contentar con el amparo conseguido. Es por eso que anunció que trabajarán con los diferentes bloques del Senado y de Diputados para que el decreto 461/21 sea rechazado. “Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las Rutas Nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”, aseguró la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina.
Las reuniones previstas por Aleñá no terminan en las Cámaras del Congreso sino también quieren presionar a los gobernadores para que respalden esta medida: “Este fallo es el freno judicial necesario, pero debemos continuar profundizando nuestra relación con los gobernadores, con los intendentes y con las fuerzas políticas para lograr los dictámenes y los rechazos de la Cámara de Diputados y Senadores”, indicó la dirigenta gremial.
La estrategia judicial de sector sindical se expresó con una presentación previa a la publicación del decreto, concretado el pasado 7 de julio. El amparo lo solicitó el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) Casa Central, Provincia de Buenos Aires, y por eso la presentación se realizó en los tribunales de San Martín.
La titular de Sevina, Emiliana McNamara, le dijo a AM750 que la presentación se hizo a partir de que la Ley Bases no alcanza al organismo por ser un ente autárquico, y que, en todo caso, para disolverlo el Ejecutivo debería aprobar una ley que lo dejara asentado. Esa estrategia se podría utilizar con otras instituciones del Estado.
McNamara advirtió que la situación de la red vial nacional está casi sin mantenimiento y eso va a provocar cada vez más emergencias porque, calcula, hay «rutas que están de regular a mal en un 60 o 70 por ciento», dijo en Escuchá Página|12. «Esto lo venimos denunciando: no hay mantenimiento de la ruta, ni hablar de poder llevar a cabo los proyectos de doble mano, por ejemplo, en la ruta 3 a la altura de Azul», detalló.
El plan del gobierno no es ninguna novedad e incluso, como indicó McNamara «ya fracasó». Eso fue lo que ocurrió en los años noventa durante el menemato y las privatizaciones que implementó. En ese sentido, McNamara señaló que si Milei avanza en el plan de privatizador es más que probable que los lugares alejados de los centros turísticos y económicos del país quedarán sin cobertura o deberán hacerse cargo las administraciones provinciales. «Donde el privado no pueda poner un peaje que le genere ganancia, no va a mantenerlas», concluyó McNamara.
En tanto, Aleñá sostuvo que en estas últimas semanas lograron, a partir de denunciar el inminente cierre y destrucción de Vialidad Nacional por parte de Milei, generar un enorme de debate y actos de solidaridad. No es para menos, el abandono de las rutas afecta a las economías regionales, incrementa los accidentes y afecta el desarrollo de las poblaciones. Es por eso que Aleñá indicó que es preciso “hacer entender a cada argentino que Vialidad Nacional es de todo el país y no es un organismo más, que no sólo se pierden fuentes de trabajo si se cierra. Somos el eje rector de cualquier economía de un país, ya que más del 90 por ciento de la producción se traslada por el modo Carretero”.
Aleñá, que lidera el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, afirmó que lo que pretende Milei es prácticamente inédito por que «no hay antecedentes mundiales de que un gobierno elimine un organismo estratégico estatal vial. Esto es de un nivel, como venimos diciendo, demencial y cruel de esta gestión, y hoy se le puso un límite. Pero la lucha continúa”, aseguró.
Entiende que la disputa con el gobierno nacional no terminó y no solo porque este fallo es en primera instancia y la jueza no avanzó en el fondo de la cuestión, la inconstitucionalidad del decreto, por lo que entiende que «la justicia nos hace ganar tiempo, frenar lo que nosotros planteamos en nuestra cautelar hasta que se resuelva el fondo de la presentación. Estamos peleando contra un gobierno sordo, autoritario que no escucha a nadie”, dijo.
Incluso destacó que el freno judicial «es un logro de todos los trabajadores viales del país movilizados en las rutas”, pero ratifico de nuevo que “el objetivo es trabajar en la agenda parlamentaria para que se rechace el DNU, con la comisión bicameral y con los distintos proyectos”.
