Esta semana el gobierno nacional anunció un recorte del presupuesto nacional de 2.5 millones de pesos, que se aplicó, principalmente, a salud, universidades y educación. Esto equivale, aproximadamente, a un 1,6% del presupuesto, que se enmarca en el 2% que les anunció a los ministros el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en marzo 2026.
El anuncio se realizó un día antes de la masiva marcha nacional en defensa de las Universidades Públicas que se concretó el 12 de mayo. La marcha se realizó en las distintas ciudades del país y tuvo una gran participación de todos los involucrados en las universidades públicas: profesores, no docentes y alumnos, y fue también acompañada por otros grupos de estudiantes y de público que quiso expresar su apoyo no solo a las universidades, sino a toda la educación pública. Irónicamente, el gobierno comunicó un día antes un recorte del presupuesto ya deficitario de las universidades públicas y disminuyó el presupuesto para obras de infraestructura.
La marcha que reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que se aprobó en el congreso por amplia mayoría, vetada luego por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y reconfirmada nuevamente por el Congreso. Ahora, el clamor es a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ultime al PEN su cumplimiento. Dentro de ese incumplimiento están afectados los hospitales universitarios que, en general, cumplen un importante papel en la atención pública de la salud; no solo son importantes por el papel docente, sino también por su valor asistencial, en momentos en que la salud pública está en retroceso por la falta de fondos y el desinterés del Ministerio de Salud de la Nación.
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El recorte en el Ministerio de salud afecta a áreas sensibles como la prevención del cáncer, los fondos para el INCUCAI y el Instituto Malbrán; áreas que son claves para sostener la salud de la población. En la prevención del cáncer se recorta presupuesto clave, por ejemplo, para prevenir el cáncer de cuello de útero en las mujeres, que afecta principalmente a las de sectores más vulnerables y pobres. También para prevenir el cáncer de colon, de alta frecuencia al igual que el anterior en la población de nuestro país y que su prevención permite salvar y prolongar la vida de quienes lo desarrollan.
El Instituto Malbrán es muy importante en la detección y tratamiento de enfermedades transmisibles; solo mencionar el mal de Chagas: una afección muy frecuente en nuestro país y que produce un deterioro de la función cardíaca que es invalidante y letal. Ni que decir su papel en otras infecciones agudas que requieren un diagnóstico y tratamiento oportuno. El Instituto Malbrán es el gran centro de referencia nacional, de ahí su importancia.
Pero el gobierno no se preocupa por asegurar la salud de la población. Con la excusa de que la salud es responsabilidad de las provincias abandona actividades y programas que el nivel nacional debe hacer o apoyar para garantizar la prevención y la recuperación de la salud por igual en todo el territorio nacional.
En el área educación el recorte afectó al Plan Nacional de Alfabetización, algo que el gobierno el año pasado se ufanó de haber recuperado y ahora le recorta el presupuesto. Este plan es importante porque existe un considerable grupo de población adulta, hombres y mujeres, que han perdido la capacidad de leer y escribir por desuso o que nunca la adquirieron y que para insertarse laboralmente necesitan está herramienta básica.
Otra de las áreas afectadas por el recorte es el Fondo de Compensación Docente, destinado a equiparar los sueldos de los docentes en las provincias. Esto en momentos en que los salarios docentes están muy por debajo de la evolución de la inflación y que, como todos los salarios del sector público, están congelados. Es una forma de acabar con la actividad docente en muchas provincias y localidades del país.
Todo esto en un país con un deterioro de la educación que se ve claramente en las pruebas de rendimiento en el nivel primario, además del secundario. Este recorte agravará especialmente el deterioro en la niñez de sectores más pobres y carenciados, profundizando la grieta entre la niñez de los sectores medios y altos y la de niveles pobres e indigentes.
En infraestructura escolar y equipamiento el recorte fue importante, al igual que en el Programa de Gestión Educativa y Socioeducativas. Otra área recortada fue la de la empresa estatal Educar SA.
Esto no significa que no existan áreas que aumentaron su presupuesto como el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, demostrando que la distribución del presupuesto es desigual, lo que evidencia las prioridades del gobierno.
Salud, educación y universidades no son prioritarias. Se hicieron ajustes en otras áreas, pero en menor magnitud. Frente a esto cabe señalar la falta de sensibilidad del gobierno nacional, que logra sostener el superávit sin mirar el tendal de enfermedad e ignorancia que deja. El daño que esto dejará en nuestra población no se mide en unidades monetarias, sino en salud, vida y calidad de desarrollo futuro del país. ¡Esta es una hipoteca social muy difícil de pagar!









