El Ministerio de Salud denunció demoras acumuladas desde 2022 en la entrega de prótesis para más de 800 pacientes pediátricos provenientes de la provincia de Buenos Aires, que se atienden en el Hospital de Niños “Prof. Juan. P. Garrahan”.

Al cierre de esta nota, Clarín no había tenído respuesta del Ministerio de Salud bonaerense sobre los detalles de la circular que difundió el martes por la noche la cartera que maneja Mario Lugones. Lo había hecho a través de sus canales institucionales virtuales (redes, principalmente), pero también en los del propio hospital pediátrico, incluyendo un señalamiento explícito -visible en la página oficial del centro de salud- dirigido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La denuncia desde Nación fue realizada horas antes de la Marcha Federal de la Salud convocada por sindicatos y profesionales de la salud por las problemáticas de gestión que atraviesa el sector. Asegura que “817 niños” que residen en la provincia de Buenos Aires, pero se atienden en el Garrahan (ubicado en el radio porteño), están a la espera de la entrega de prótesis, muchos de ellos desde 2022. Desde esa cartera destacan que el 70% de los pacientes que llegan al Garrahan (hospital de gestión compartida entre Nación y la ciudad de Buenos Aires, en una proporción 80%-20%, respectivamente) provienen de territorio bonaerense.

En ese marco, explican que “los pedidos pendientes del Hospital Garrahan al Banco de Prótesis de la Provincia de Buenos Aires se acumulan desde 2022 y crecen año tras año”. Definen la situación como “crítica”.

También detallan que “el trámite mediante el cual se solicitan los insumos debe ser realizado por la familia de cada paciente”, y que “todos los días, los padres atraviesan extensos procesos administrativos, que la mayoría de las veces acaban en la nada”, ya que “la provincia evita extender de forma escrita la negativa, apelando a maniobras disuasorias para no pagar el costo público”.

Clarín pidió precisiones a las autoridades nacionales (el comunicado es frontal y, al mismo tiempo, demasiado general), y desde Salud aportaron algunos datos que están en línea con el sostenimiento de una situación muy crítica para los pacientes en cuestión. Por falta de respuesta, al cierre de estas líneas, esa información no había sido corroborada con las autoridades bonaerenses.

Desde Nación aseguran que ninguno de los 814 pacientes en espera de prótesis tiene obra social o alguna otra cobertura de salud. De los pendientes de recibir la prótesis para ser operados, 103 casos aguardan desde 2022, en tanto que 180 esperan desde 2023; 179, desde 2024; 206, desde el año pasado; y 146 corresponden a este año.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, casi la mitad de los casos (45%) son pacientes del área de ortopedia y traumatología. En segundo lugar (casi 29%), son casos ligados a requisitos de alguna patología espinal.

En tercer lugar (casi 10%), está el rubro cirugía plástica; en cuarto lugar (6%), cirugía general vinculada con temas gastroenterológicos. Y siguen -en orden de importancia- distintas necesidades con requerimiento de prótesis por electrofisiología, cirugía cardiovascular y hemodinamia; por neurocirugía; otorrinolaringología; oftalmología; y, por último, urología.

En la circular, el Gobierno destaca que registran casos de pacientes que eran chicos cuando arrancaron la solicitud pero “alcanzaron la adultez y no pudieron ser intervenidos dentro del hospital pediátrico”. También aseguran que hubo «urgencias», en las que los chicos debieron ser «operados con insumos pagados por la institución». Clarín pidió más detalles (por ejemplo, cuántos pacientes son en cada caso) sobre ésos que la gacetilla define como “casos extremos”, pero al cierre de estas líneas no habían sido informados.

Señalaron en cambio que el proceso para tramitar una prótesis “se inicia con la indicación del médico”, en este caso un profesional de la salud del Garrahan, y que luego “la familia se acerca a una oficina del Hospital, donde se hace el trámite y se deriva al Banco de Prótesis de la Provincia a su casilla de mail: protesisbuenosaires@gmail.com”.

Si “el expediente tiene alguna observación, la provincia de Buenos Aires lo devuelve para corregirlo. Si está ok, avisan por correo electrónico”. Sin embargo, subrayan (como problema central) que “la negativa, por su parte, nunca llega”. Cuando “hay cambios en el vademécum, que se renueva anualmente o cada seis meses, la familia tiene que hacer el trámite de nuevo. También influye si el paciente tiene un nuevo requerimiento, a raíz de un cambio en su clínica”.

El Gobierno critican también que “muchas veces llegan lotes de prótesis para utilizar en un período irrisorio. En esos casos, se vencen y se tiene que volver a realizar el pedido, lo que prolonga la espera aún más”.

Esta útlima información fue provista a Clarín minutos antes de que otra gacetilla -en un tenor parecido a la primera, y que además reitera las críticas sobre las prótesis del Garrahan- circulara desde el Ministerio de Salud de la Nación. Se centra en los llamados hospitales SAMIC, la sigla de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad, que es básicamente un modelo de atención hospitalaria con gestión mixta entre Nación y alguna jurisdicción (exactamente como el Garrahan), aunque el Estado nacional suele ser el que aporta la mayor parte de presupuesto (entre 70% y 80%).

Más allá de las conocidas intenciones de la gestión actual de derivarles a las provincias la gestión total de estas instituciones (algo que las provincias sólo aceptarán si las transferencias incluyen el presupuesto necesario para absorber esa tarea), hay que recordar que en el país existen siete instituciones SAMIC. Como la mayoría está en la provincia de Buenos Aires, la información comunicada ahora desde el Gobierno da a conocer un reclamo de los Consejos de Administración de esos siete hospitales, focalizada en una crítica a la provincia de Buenos Aires.

Esas autoridades hospitalarias -dice el comunicado- expresaron su preocupación por las deudas que en particular la provincia de Buenos Aires “mantiene con sus instituciones”. Precisaron que “asciende a $630.635 millones» y que «fue reclamada en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta por parte de la provincia”.

De acuerdo al reporte de Salud, “la deuda se compone por $396.631 millones correspondientes al Hospital “El Cruce”, de Florencio Varela; $104.263 millones, al Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas; $61.174 millones, al Hospital René Favaloro; $59.465 millones, al Hospital Bicentenario, de Esteban Echeverría; y $9.099 millones al Hospital SAMIC, ubicado en localidad de Laferrere.

“Las autoridades señalaron que esta situación afecta la previsibilidad financiera de las instituciones y dificulta la planificación de prestaciones, insumos y equipamiento”, sumaron, en lo que podría leerse como una cruzada política que posiblemente dialoga con la Marcha Federal de la Salud de este miércoles, en protesta por los ajustes y las problemáticas en las prestaciones de las áreas de discapacidad, medicamentos, vacunas y el recorte presupuestario en más de 63.000 millones de pesos que recientemente sufrió la cartera bajo el ala de Lugones.

Bajo el lema “La salud no puede esperar”, la marcha fue impulsada -entre otros- por el Foro por el Derecho a la Salud, que buscaba replicar la protesta de la Cuarta Marcha Federal Universitaria de la semana pasada.