Una gravísima denuncia sacude los estamentos institucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Tres alumnas de la carrera de abogacía formalizaron una presentación administrativa contra un docente de la casa de estudios por reiterados episodios de acoso sexual. Tras la repercusión del caso, las autoridades académicas activaron el Protocolo ante situaciones de Discriminación y Violencia de Género, resolviendo desplazar al implicado de sus funciones frente al aula de manera preventiva.
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Según detallaron fuentes ligadas a la investigación, las damnificadas describieron un sistemático esquema de hostigamiento. «El profesor les escribía mensajes, las invitaba a su casa y ellas constantemente lo rechazaban», precisaron los informantes.
La situación de vulnerabilidad se agravó en el plano académico, ya que las alumnas denunciaron que, tras las negativas a los acercamientos del docente, fueron desaprobadas en los exámenes.
Ante este escenario de presunta extorsión pedagógica, las estudiantes se presentaron ante las autoridades con patrocinio letrado. «Las chicas se presentaron el jueves con un abogado y una nota; les cambiaron de cátedra y no van a rendir el examen recuperatorio con él«, ratificó la fuente consultada por Perfil.
Denuncian antecedentes y fallas en el protocolo institucional
Pese a la celeridad con la que se actuó en esta instancia, la comunidad universitaria advierte que no se trata de un hecho aislado dentro de la unidad académica.
Fuentes que solicitaron estricta reserva de identidad aseguraron que el profesor denunciado posee conductas reincidentes: «No es la primera vez que este docente tiene estas actitudes, ya presenta antecedentes, solo que algunas no se animan a denunciar».
Asimismo, los informantes lanzaron duras críticas contra la efectividad real de los mecanismos de protección con los que cuenta la alta casa de estudios del NEA. «Nunca sucede nada, los docentes denunciados siguen dando clases y a las denunciantes las cambian de cátedra. El protocolo tampoco está actualizado, la mayoría de los profesores no sufren consecuencias reales y no hay un verdadero acompañamiento a las víctimas», sentenciaron con crudeza.
El descargo de la decana y la vía del juicio académico
En diálogo con los medios, la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Andrea Anís, reconoció la gravedad de la situación y confirmó la existencia de la presentación administrativa, aunque aclaró que hasta el momento no han recibido una notificación formal sobre el inicio de una causa en el fuero penal.
La funcionaria reveló, además, que la problemática podría ser aún más abarcativa: «Hasta ahora tenemos dos denuncias más en el ámbito del protocolo, aparte de esta que se formuló el jueves», blanqueó.
Anís detalló los pasos administrativos que se pusieron en marcha tras la acusación. «El protocolo se activó de inmediato. A partir de ahora, se comienza a elaborar por parte del equipo un informe de riesgo para determinar la gravedad de la situación denunciada y aconsejar las primeras actuaciones de protección», explicó a radio Dos.
En paralelo, la decana indicó que se mantuvieron comunicaciones con la profesora titular de la materia en cuestión, quien «decidió de manera preventiva apartar al profesor» de sus funciones de evaluación y dictado de clases.
Al ser consultada sobre las sanciones definitivas que podría afrontar el acusado, la máxima autoridad de la facultad recordó las limitaciones legales que posee el estatuto universitario frente a los cargos ganados por concurso. «Nuestra actuación es estrictamente administrativa, nosotros no somos jueces. Juntamos los testimonios y el descargo del docente, y solicitamos una investigación preliminar a una dependencia que está en el ámbito del Rectorado, que se encarga de los sumarios administrativos», describió.
Finalmente, Anís puntualizó que si la investigación comprueba las faltas graves, el camino institucional es complejo: «El mecanismo que tenemos para aplicar una sanción contra un docente estable, que ha adquirido su cargo por concurso público, es la apertura de un juicio académico«.
En tanto, desmarcó a la institución de la arena judicial ordinaria al concluir que «como facultad no tenemos la posibilidad de iniciar una denuncia penal. Eso lo tienen que hacer precisamente las personas que se sienten afectadas, presentándose en la Justicia y realizando las denuncias que consideren pertinentes».
