En algo hay que darle la derecha a la empresa concesionaria del estadio José María Minella, el emblemático mundialista de Mar del Plata, que ante múltiples reclamos asegura que la millonaria inversión que lleva realizada desde la firma del contrato, se ejecutó en obras que «no siempre son visibles».

Tanto es así, tan enmascaradas esas obras, que ahora intervino la Justicia Federal, impulsada a investigar si existieron irregularidades en el proceso que derivó en la adjudicación a la empresa Minella Stadium S.A., la única oferente de la licitación del Minella, el estadio polideportivo y el Parque de los Deportes, la concesión más importante de la historia reciente de Mar del Plata.

El fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani instó a que se investiguen los posibles delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Plantea interrogantes sobre la solvencia financiera del grupo brasileño al frente de la concesionaria, que a meses de la toma de posesión no existan avances significativos en las obras y que aún no se hayan difundido públicamente el plan ejecutivo y el contrato de concesión.

La presentación judicial pone el foco en dos aspectos centrales: por un lado, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria y el acceso a la documentación vinculada al contrato; y por otro, la situación financiera y los antecedentes de los grupos empresarios que integran la sociedad adjudicataria.

La adjudicación fue aprobada por el Concejo Deliberante en julio de 2025. La propuesta de Minella Stadium S.A. avanzó como oferta única y contó con el respaldo de la mayoría integrada por el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica.

La empresa, que está conformada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter, prometió una inversión cercana a los 40 millones de dólares a lo largo de los 30 años de concesión, con opción de extenderla por una década más.

El proyecto fue presentado por el oficialismo como una solución definitiva para el deterioro del principal escenario deportivo de la ciudad. Además de la puesta en valor del estadio Mundialista y del Polideportivo Islas Malvinas, contemplaba la construcción de nuevos espacios comerciales, la recuperación de sectores clausurados, la modernización de la infraestructura y la realización de decenas de eventos deportivos y artísticos cada año.

Casi siete meses después de la firma del contrato, la realidad dista de aquellas promesas iniciales. Desde distintos sectores de la oposición aseguran que no existen avances de relevancia a la vista, mientras que continúan los reclamos por la falta de acceso al contrato definitivo y al proyecto ejecutivo de obra.

La resolución del fiscal recoge cuestionamientos formulados por concejales de distintos bloques que afirman no haber obtenido respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo municipal.

Pero la controversia ya no gira solamente en torno al ritmo de las obras. La denuncia presentada por Pettigiani incorpora además otro elemento de preocupación: los antecedentes y la capacidad financiera de los grupos empresarios detrás de la concesión.

Pettigiani sostiene que la Justicia deberá determinar si el Municipio entregó la administración de uno de sus activos más importantes a un concesionario solvente y si los fondos comprometidos para financiar el proyecto tienen un origen lícito. Para ello, menciona las investigaciones que se desarrollan en Brasil en torno a REAG, grupo vinculado a Revee, la empresa brasileña que integra Minella Stadium.

Según la denuncia, REAG quedó involucrada en el denominado «Caso Banco Master», un escándalo financiero que generó fuertes repercusiones en el mercado de ese país. El escrito también recoge publicaciones periodísticas que cuestionan la capacidad operativa y financiera de Revee para afrontar una inversión de la magnitud comprometida en Mar del Plata.

Por eso, el fiscal considera necesario profundizar la investigación para determinar si durante el proceso licitatorio se verificó adecuadamente la solvencia de la única oferente y la procedencia de los fondos vinculados al proyecto.

Entre las medidas solicitadas, pidió que sean convocados a declarar los concejales que votaron en contra de la adjudicación de la licitación, que se incorpore la documentación periodística acompañada como prueba y que, a través de la Cancillería argentina, se requiera a la Justicia brasileña información sobre la relación entre Revee y REAG y las investigaciones que involucran a esta última empresa.

Además, reclamó que la Municipalidad de General Pueyrredón remita la totalidad de la documentación vinculada a la concesión, incluyendo los antecedentes que respaldaron la adjudicación.

La empresa, en marzo pasado, a causa de los cuestionamientos que comenzaban a instalarse, mediante un comunicado aclaró que desde que tomó posesión «el trabajo ha sido continuo e intenso» y que en esta instancia se trabaja en la elaboración del plan ejecutivo.

«A la fecha el proyecto ya registra inversiones cercanas a los 3 millones de dólares, destinadas a la puesta en marcha operativa, tareas de mantenimiento, reparaciones iniciales y trabajos necesarios para sostener el funcionamiento del complejo en esta etapa inicial, incluyendo los costos de los profesionales intervinientes», indicó, y dijo que se llevaron adelante intervenciones que, «aunque no siempre visibles, resultan fundamentales para su recuperación estructural y operativa».

Tan auspiciosa como los renders que acompañaron la presentación del proyecto, Minella Stadium S.A. asegura que, si el desarrollo continúa conforme a lo planificado, desde enero de 2027 el estadio volverá a ser escenario de grandes encuentros deportivos y espectáculos de primer nivel, recuperando «la emoción, la pasión y el protagonismo que históricamente caracterizaron a la ciudad».

El árbitro, de momento, es la Justicia Federal.