Las lágrimas empezaron a deslizarse sin control por las mejillas de María. No era la única. Las más de cien personas que estaban junto a ella intentaban procesar el resultado del plebiscito. Era el boletín número 18. “Cuando ganó el no, todo el mundo empezó a llorar”, recuerda esta semana con la voz entrecortada. El 2 de octubre de 2016, el 51,8% de los colombianos que acudieron a las urnas votó no al Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las FARC. Aunque el texto finalmente fue aprobado por el Congreso, el resultado dejó claro lo difícil que sería emprender un proceso de reincorporación. María —a quien se le ha cambiado el nombre por seguridad— entendió entonces que lograr la paz no sería fácil. Hoy, a sus 50 años y desde el exilio, expresa su preocupación por el futuro del acuerdo y por la vida de sus compañeros, especialmente este 21 de junio, cuando será elegido el sucesor del presidente Gustavo Petro. “Cada cuatro años llega un nuevo gobernante que cambia todo y desmonta lo que se había construido antes. El acuerdo se ha ido diluyendo de gobierno en gobierno”, afirma.

Las propuestas de los dos candidatos incluyen visiones distintas sobre la paz. El senador de izquierda Iván Cepeda se compromete a la “plena implementación del Acuerdo de Paz”, a desarrollar diálogos y a garantizar la reparación integral de las víctimas. En cambio, el ultra Abelardo de la Espriella propone acabar los diálogos de paz del Gobierno actual y lanzar un modelo de seguridad de “mano dura”. Su programa incluye la construcción de megacárceles, el aumento de penas y un Plan Colombia 2.0, inspirado en la política de seguridad de Nayib Bukele. El candidato no contempla el acuerdo de 2016, una preocupación que se agrava con sus discursos, como cuando declaró su intención de “destripar y erradicar a la izquierda”.

La decana y profesora de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg, sostiene que no es posible comparar el modelo de seguridad de El Salvador —de 21.000 kilómetros cuadrados y 6,3 millones de habitantes— con Colombia, un país 54 veces más extenso, con 52 millones de habitantes y con un conflicto armado de raíces estructurales que han llevado al Estado a combinar la acción militar con la negociación política. “Todos los gobiernos han mantenido alguna puerta abierta, incluso aquellos que públicamente defendían la mano dura”, argumenta.

Mientras El Salvador lidia con pandillas a partir de “instituciones mucho más débiles”, Colombia se enfrenta a un fenómeno que combina una antigua guerrilla de izquierda, grupos narcotraficantes, minería ilegal y la producción y exportación masiva de cocaína. “No son problemas equivalentes ni requieren las mismas respuestas”, dice. Rettberg también advierte de que actualmente el escenario internacional es muy distinto: países que antes actuaban como garantes —como Cuba, Estados Unidos o la Unión Europea— ya no tienen el interés ni la capacidad de asumir los costos políticos de acompañar estos procesos. “Esa falta de respaldo externo hace que negociar sea cada vez más difícil”, concluye.

María tenía 11 años cuando su madre murió de cáncer; nunca conoció a su padre, así que sus abuelos se hicieron cargo de ella y de sus tres hermanos. Cursaba quinto semestre de Historia en la universidad; era líder y activista estudiantil cuando, en 2003, se vinculó al Movimiento Bolivariano, un proyecto político de izquierda que consideraba revolucionario. Su trabajo estaba en las aulas, cuenta, cuando llegó la persecución, que atribuye a grupos paramilitares. Fue entonces cuando entró a las FARC, en las que permaneció 14 años. La Comisión de la Verdad documenta que entre 1962 y 2011 fueron asesinados 588 estudiantes, y la CIDH registró que en 2003, tras el asesinato del dirigente estudiantil Jairo Roberto Moncayo, incrementaron las amenazas contra líderes estudiantiles.

Pero la violencia no cesó tras el acuerdo de 2016. Entre el 3 de febrero de 2017 y el 9 de junio de 2026, Indepaz registra 481 firmantes asesinados, mientras que el Consejo Nacional de Reincorporación eleva la cifra a 489 desde la firma del acuerdo entre el Estado y la guerrilla. Los mayores responsables han sido las llamadas disidencias, grupos marginales de las FARC que no firmaron la paz y que han ido creciendo, alimentados por el reclutamiento infantil y las economías ilegales. Pese a su nombre, poco tienen de guerrillas y mucho de organizaciones criminales.

2019 fue el año más letal para los firmantes del Acuerdo, con 78 asesinatos registrados.

Para muchos, firmar la paz ha sido firmar una sentencia de muerte. “No hay un compromiso real de Estado. Y así, ningún país puede progresar. Dependemos de la voluntad de cada presidente. Ahí ya hay un incumplimiento”, asegura María. Esta firmante trabajaba en reincorporación y participación política de mujeres, pero tuvo que exiliarse en 2023 tras las amenazas de la disidencia que encabeza alias Iván Mordisco, un antiguo guerrillero a quien el presidente Petro ha señalado de ser el mayor narcoterriosta del país . En su denuncia ante la Fiscalía se lee la advertencia —“Los tenemos en la mira. Declaramos objetivo militar a [su nombre]”— junto con los mensajes en redes y las alertas de sus escoltas. Entonces contactó a un compañero que también había tenido que irse.

Se trataba de Andrés —a quien se le ha cambiado el nombre por seguridad—quien en 2021, mientras jugaba con su hija en un parque, fue detenido por la policía, acusado de colaborar con las disidencias. Tras dos semanas en una estación de Cali, la tercera ciudad del país, su abogado demostró que se trataba de “un montaje judicial”. El hombre, de 41 años, estaba haciendo una maestría y trabajaba en proyectos de café y ganadería en los programas de reincorporación. Andrés recuperó la libertad, pero las amenazas continuaron. “Temía que, al llevar a mi hija al colegio, algo pudiera pasar”, expresa. Tras salir del país demostró que su vida y la de su familia estaban en riesgo, y obtuvo el estatus de refugiado político.

Vivió 16 años como miembro de la guerrilla, pero cuando comenzaron los diálogos de paz, cuenta, tuvo claro que esa era la ruta. En 2014 conoció a su pareja y, durante las conversaciones, empezaron a soñar con formar una familia cuando él entregara las armas. Su hija nació el 5 de septiembre de 2016, dos meses antes del apretón de manos entre el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y quien lideraba las FARC, Rodrigo Londoño.

Pese a la falta de garantías, los firmantes mantienen su compromiso con la paz. Pero tanto María como Andrés coinciden en que hoy temen, sobre todo, por la vida de sus hijos; ese miedo los llevó al exilio. También alertan sobre las políticas que restringen el derecho al asilo y sobre la “derechización global”, aunque su mayor preocupación sigue siendo “quienes permanecen en Colombia”. Y los ataques a las instituciones nacidas en el Acuerdo les hacen temer que se deslegitime su proceso de reincorporación.

De la Espriella ha dicho que le gustaría eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, la justicia transicional pactada en el Acuerdo y a la que ha calificado como un “tribunal con sesgo ideológico”. Aunque ha aceptado que legalmente no lo puede hacer, podría afectarla por otras vías. El presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, advierte de que un Ejecutivo podría asfixiarla financieramente, como ya intentó el presidente de derechas Iván Duque (2018-2022). “Si fuera una entidad anodina completamente, que no afectara ni molestara a nadie, seguramente no serían tantos los ataques”, añade.

La JEP tiene como función central garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Ha sometido a más de 13.000 personas, emitido más de 400 autos de determinación de hechos y conductas, y avanzado en resoluciones de conclusiones en macrocasos como los de la toma de rehenes y los falsos positivos —civiles asesinados y presentados como bajas en combate por miembros del ejército—. Sin embargo, hasta ahora empieza a emitir sus primeras sentencias. Ha avanzado a un paso lento, como el de muchos procesos de reincorporación, mientras el país ve crecer a las disidencias y el candidato de la mano dura se asoma a ocupar la presidencia de la República. Es una combinación que los firmantes exiliados tanto temen.