El reinicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño que fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio, sumó un particular capítulo tras las polémicas por diferentes situaciones con los imputados en la semana pasada. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal de Corrientes tomó la decisión de citar a declarar a la exdiputada nacional Elisa Carrió como testigo.
La resolución fue aceptada por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco a pedido de la abogada Monica Chirivin, defensora de Laudelina Peña, tía del menor desaparecido. La exlegisladora ya había sido propuesta como testigo antes del comienzo del debate, pero su convocatoria fue descartada antes porque los magistrados consideraron que sus testimonios se basaban en referencias condicionales y no en hechos directos.
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Laudelina, una de las siete imputadas en el expediente principal, de los 17 que tiene la causa, se negó a declarar y decidió mantener la versión que ya había brindado al inicio de la investigación, en junio de 2024. Se trata de un personaje clave, según la hipótesis principal, ya que fue quien invitó a la mayoría de las personas al almuerzo en la casa de su madre, Catalina, donde después se produjo la desaparición de su sobrino.
A su vez, Chirivin solicitó la incorporación de Carrió a la nómina de testigos por un presunto contacto con Gustavo Valdés, el entonces gobernador de Corrientes. El cambio de opinión de los jueces se debió a que supuestamente el exjefe provincial le habría dicho que «a alguien había que quebrar«, en relación a Laudelina.
La mujer había sido llevada a la ciudad de Corrientes por el abogado José Codazzi y el senador provincial Diego Pellegrini, cercano al exgobernador, para prestar declaración. Allí dijo que Loan había sido víctima de un accidente, pero más tarde aseguró que la habían presionado para hacerlo.
La frase atribuida a Valdés es interpretada por la defensa de Laudelina como un indicio de presión política sobre el curso de la causa. Para Chirivin, si Carrió puede dar cuenta de ese diálogo, su testimonio podría dar luz sobre eventuales direccionamientos extrajudiciales en la causa. En ese marco, también serán citados a declarar Codazzi y el periodista Javier Ponzone.
Las novedades se conocieron durante la tercera audiencia del debate, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la capital correntina, después de un largo cuarto intermedio dispuesto por el tribunal para reiniciar el juicio. La semana pasada, el psicólogo Federico Rossi Colombo (otro de los imputados) no se presentó a la audiencia, lo que llevó a pedir su detención. Sin embargo, se conectó cinco hora después por Zoom.
Por este motivo, debieron leerle la imputación y le designaron una defensora oficial. Esa abogada asumió al día siguiente y solicitó 72 horas para estudiar el expediente. Además, otro de los acusados, Alan Cañete, también se conectó más tarde en la audiencia del jueves y generó retrasos en el proceso.
Los 17 acusados en el caso Loan
Por la desaparición de Loan hay un primer grupo con los principales siete implicados que está acusado de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años de edad. En calidad de coautores, están imputados Bernardino Antonio Benítez, su pareja Laudelina, María Victoria Caillava y su marido el exmarino Carlos Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su esposa Mónica Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Maciel.
Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del niño, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. Todos ellos se encuentran detenidos con prisión preventiva.
Por otra parte, Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio llegaron a juicio acusados de haber intervenido en maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación por la desaparición del niño.
A los diez integrantes de este segundo grupo se les atribuyen distintos delitos, entre ellos encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional. Según la acusación, algunos actuaron de manera organizada y con distribución de funciones, mientras que otros realizaron aportes específicos o respondieron por hechos cometidos individualmente.
FP
