La historia política de América Latina está atravesada por revoluciones que encendieron la esperanza popular de un continente y que, trágicamente, terminaron devoradas por la ambición de sus propios dirigentes. Ningún caso encarna de forma tan dolorosa esta paradoja como el de Nicaragua y su actual gobernante, Daniel Ortega.
El mandatario impulsa una ley que impide a opositores presentarse en elecciones abiertas, consolidando la estructura unipartidaria.
El tránsito de Ortega desde la resistencia guerrillera contra la dictadura somocista hasta la consolidación de un régimen familiar y opresivo representa la desfiguración más absoluta de los ideales progresistas.
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A finales de la década de 1960 y durante los años setenta, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encarnó la lucha insurreccional contra la dinastía de los Somoza, una de las dictaduras más sangrientas de la región. Un joven Daniel Ortega, tras sufrir prisión y tortura bajo el somocismo, emergió dentro de la tendencia “tercerista” del FSLN.
La victoria del 19 de julio de 1979 no solo significó la caída del tirano, sino el inicio de un experimento político transformador que buscaba erradicar el analfabetismo, democratizar la salud y construir una patria soberana.
Sin embargo, el proyecto revolucionario también empezó a exhibir tempranas grietas autoritarias, que le hizo perder las elecciones en 1990.
En ese momento, como figura de la oposición, Ortega transformó radicalmente su perfil ideológico. Bajo la premisa de “gobernar desde abajo”, el FSLN fue despojado de sus debates internos para convertirse en una maquinaria electoral al servicio exclusivo de las aspiraciones personales de Ortega. El viraje definitivo hacia el autoritarismo populista se selló en el año 2000 mediante el pacto de impunidad con el expresidente de derecha Arnoldo Alemán, lo que le permitió reducir el umbral necesario para ganar la presidencia y asegurar el control de las instituciones judiciales y electorales.
Su regreso a la presidencia en 2007 marcó el inicio de una perpetuación sistemática en el poder. Ortega tejió alianzas pragmáticas con la cúpula empresarial (COSEP), los sectores más conservadores de las iglesias —apoyando leyes como la penalización absoluta del aborto terapéutico— y el aparato de seguridad del Estado.
En este proceso de vaciamiento ideológico cobra una dimensión central su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Con una retórica que mezcla mesianismo religioso, esoterismo y pragmatismo represivo, Murillo reestructuró la comunicación estatal y el control territorial a través de la Juventud Sandinista y estructuras parapoliciales. La declaración constitucional de Murillo como “copresidenta” terminó por formalizar la transformación de la República de Nicaragua en un feudo familiar dinástico.
La cacería de los disidetes. El abismo entre el discurso “antiimperialista” de Ortega y sus acciones quedó al descubierto en las protestas populares de abril de 2018. La respuesta del régimen frente a las exigencias democráticas fue una represión brutal que dejó más de 300 muertos, miles de heridos y una ola incesante de exiliados.
El aspecto más deleznable de este proceso de deriva despótica ha sido la encarnizada persecución desatada contra sus propios excompañeros de la guerrilla y figuras emblemáticas del sandinismo original. Comandantes históricos y cuadros intelectuales que arriesgaron su vida para derrocar a Somoza terminaron encarcelados, despojados de sus bienes, expatriados y declarados “apátridas” por el mismo hombre con el que compartieron trinchera.
Entre ellos figuran Dora María Téllez, la legendaria Comandante Dos, el escritor Sergio Ramírez, exiliado, y Hugo Torres, héroe de la insurrección que participó en la operación militar que rescató al propio Ortega de las cárceles de Somoza en 1974, falleció en febrero de 2022 en condición de preso político del régimen.
La cacería contra disidentes como Gioconda Belli, Víctor Hugo Tinoco o Luis Carrión demuestra que el régimen orteguista no tolera la existencia de referentes legítimos que le recuerden al pueblo nicaragüense que el sandinismo no era sinónimo de tiranía.
El régimen de Ortega y Murillo se convirtió en una dictadura dinástica, opresiva y conservadora que utiliza símbolos revolucionarios despojados de todo contenido ético para justificar la represión y la corrupción.
