El dirigente Guillermo Galván cuestionó el incremento en las tarifas de energía eléctrica en La Rioja y aseguró que los aumentos aplicados por la empresa distribuidora «castigan el bolsillo de las familias riojanas». Además, denunció demoras judiciales en el tratamiento del amparo que presentó hace más de 60 días y apuntó contra el Gobierno provincial por presuntas irregularidades en la facturación del servicio.
Según explicó, el recurso de amparo buscaba frenar los aumentos y cuestionar distintos cargos incluidos en las boletas, pero hasta el momento no obtuvo una resolución.
«Lo más preocupante es que el amparo que presentamos hace más de 60 días todavía no fue resuelto por la Justicia. El amparo es una vía urgente prevista por la Constitución para proteger los derechos de los ciudadanos», sostuvo.
Galván también criticó la inclusión de conceptos como Alumbrado, Barrido y Limpieza y el aporte del 1,30% destinado al EUCOP, al considerar que ese organismo «no está funcionando ni defiende el interés de los usuarios».
Críticas al aumento del Valor Agregado de Distribución
El dirigente afirmó que el Gobierno provincial aprovechó la reducción parcial de subsidios nacionales para incrementar, por decisión propia, el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa el costo operativo de la empresa distribuidora.
«Incrementaron entre un 100 y un 300 por ciento el Valor Agregado de Distribución sin convocar a una audiencia pública, como lo exigen la Ley de Defensa del Consumidor y las normas que regulan los servicios esenciales», aseguró.
En ese sentido, sostuvo que la falta de audiencia pública vulnera los derechos de los usuarios y recordó que, según sus dichos, desde la defensa realizada por el gobernador Ricardo Quintela nunca volvió a convocarse una instancia de participación ciudadana.
Denuncia por facturación estimada
Otro de los cuestionamientos apuntó al sistema de medición del consumo eléctrico.
Galván afirmó que trabajadores vinculados al servicio le informaron que los lecturistas tendrían prohibido tomar las mediciones de los medidores, por lo que las facturas se elaborarían mediante estimaciones.
«Me vienen cobrando prácticamente la misma suma todos los meses. Hay una orden política de no tomar la lectura de los medidores», denunció.
Según indicó, esta metodología afectaría a más de 150.000 usuarios del servicio eléctrico en la provincia.
Cuestionamientos al decreto 1037
El dirigente también cuestionó el decreto provincial 1037, mediante el cual, según afirmó, se cobra durante ocho meses una deuda correspondiente al año 2020.
Aseguró que esa norma no fue publicada en el Boletín Oficial, situación que dijo haber certificado mediante escribano público y presentado ante la Justicia.
«Todos los decretos del gobernador deben publicarse para que la comunidad conozca su contenido. Si no se publica, estamos frente a un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público», manifestó.
Pedido de información sobre una empresa tercerizada
Finalmente, Galván pidió conocer quiénes son los propietarios de la empresa tercerizada encargada de la lectura de medidores y cuál es el costo que representa para los usuarios.
Además, señaló que hasta hace un tiempo la titular de esa firma habría sido la esposa de un funcionario provincial vinculado al sistema energético, por lo que solicitó mayor transparencia sobre la contratación y el funcionamiento del servicio.
El dirigente insistió en que el Gobierno provincial debe brindar explicaciones sobre el esquema tarifario y garantizar que la facturación refleje el consumo real de los usuarios.
