Tras la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar el controvertido capítulo referido a la venta irrestricta de tierras rurales a capitales extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el senador nacional radical por Corrientes, Eduardo Vischi, defendió la versión modificada de la iniciativa y apuntó contra la estrategia comunicacional de la Casa Rosada.
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Luego de participar en un plenario junto a la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, el legislador argumentó que la gestión central no supo explicar el alcance real de las reformas introducidas al texto original. Según el parlamentario, la opinión pública quedó anclada en el debate de la propuesta primaria sin apreciar las flexibilizaciones alcanzadas en la negociación con los bloques aliados para preservar el federalismo y el derecho de propiedad.
«Lo que se está planteando es que las provincias puedan tener la plena potestad de llevar adelante el desarrollo de la planificación estratégica de su territorio», aclaró el referente radical, vinculando esta prerrogativa con las facultades otorgadas por la Constitución Nacional sobre el dominio originario de los recursos naturales.
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Autonomía provincial y el impacto en las zonas de frontera
Para Eduardo Vischi, la regulación sobre el uso del suelo debe estar en manos de los gobernadores por conocer de cerca las asimetrías productivas de cada región. «No es lo mismo 1.000 hectáreas en la pampa húmeda que 1.000 hectáreas en Formosa o Corrientes«, explicó, señalando que en el Norte Grande se requieren inversiones que oscilan entre los 5.000 y 10.000 dólares por hectárea para equiparar la rentabilidad del centro del país.
En ese marco, puso el foco sobre la situación particular del territorio correntino, donde entre el 80% y el 90% de la superficie está alcanzada por el régimen de seguridad fronteriza.
El senador cuestionó que la zona continúe bajo la órbita de «una ley del siglo pasado» concebida bajo hipótesis de conflicto bélico con países limítrofes, esquema que a su criterio actuó como un freno histórico para la llegada de capitales.
Si bien delimitó que el Estado Nacional debe conservar el control exclusivo sobre áreas estratégicas, pasos fronterizos y seguridad interior, sostuvo que la administración central no debe trabar el desarrollo productivo provincial.
Asimismo, rechazó las posturas que estigmatizan las inversiones internacionales: «No porque un extranjero vaya a comprar un territorio en frontera se va a dedicar al narcotráfico», enfatizó en declaraciones a Infobae.
En esa línea, el legislador aseguró que «lo que se intentó implantar es que el hecho de que un extranjero compre una tierra termina siendo algo nocivo y negativo, como que prácticamente vendría a ser como una cuestión de invasión», sin tener en cuenta que las empresas deberán someterse estrictamente a las leyes que rigen en el país.
El caso Benegas Lynch
Por último, consultado sobre las acusaciones formuladas por la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, contra el legislador libertario Joaquín Benegas Lynch por un presunto conflicto de intereses derivado de su actividad en el mercado inmobiliario rural, Vischi mantuvo una postura cautelosa.
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«Si no es una actividad ilícita, no entiendo que haya ahí un conflicto de intereses», expresó el correntino, aunque aclaró que no sigue el detalle del expediente y que se deberá «analizar en el fino si realmente existe una incompatibilidad» reglamentaria.
