En un giro que desconcertó a varios, la Legislatura de Córdoba emitió bien entrada la noche una nueva comunicación en la que rectificó la convocatoria a la próxima sesión. En un principio, se había informado que la sesión se postergaba para el lunes 31 de agosto, pero la decisión cambió en las últimas horas de la jornada. Sin embargo, la tensión política se mantiene en torno a la situación del peronista Ramón “Cañito” Flores y su pedido de licencia.

Los legisladores recibieron un nuevo mensaje en sus celulares en el que se les informó que, finalmente, este miércoles se desarrollará el plenario. “Se comunica que la próxima sesión, la 14ª Sesión Ordinaria del Período Legislativo correspondiente al año 2026, se celebrará, como estaba previsto, el día miércoles 26 de agosto desde las 10.30, quedando, pues, sin efecto la anterior notificación que equivocadamente citaba a sesión el lunes 31 de agosto, producto de un error de la Secretaría Legislativa que descuento sabrán disculpar”, reza el texto enviado a oficialistas y opositores.

La oposición halcón interpretó el movimiento —esta especie de ida y vuelta— como una expresión de la interna oficialista, en un escenario en el que el caso de los exasesores de Flores ocupará una fuerte centralidad en el recinto.

En un primer momento, los opositores relacionaron la postergación con el pedido de licencia presentado por el legislador de Río Seco y con las diferencias que, según distintas fuentes, existen dentro del propio PJ sobre cómo abordar políticamente el caso.

En medio del ruido interno, un opositor sumó más leña al fuego: sin sesión no hay tratamiento de la licencia. Por lo tanto, Flores continuará formalmente en su banca hasta que la Unicameral apruebe su pedido. “Sigue siendo legislador y cobrando hasta el 31 de agosto”, había cuestionado el interlocutor con banca, en una crítica que sintetizó el malestar de la oposición antes de que se conociera el giro —o error— en la convocatoria.

En los pasillos de la Legislatura circulaba con fuerza la versión de que la licencia solicitada por Flores no generaba consenso dentro del oficialismo. Algunas voces opositoras aseguraron que habría legisladores peronistas que “no garantizaban quórum” para sesionar porque no estaban de acuerdo con avalar la licencia.

Desde el oficialismo, sin embargo, desmintieron que exista una fractura en torno al pedido de licencia. “No es así”, respondió un peronista consultado en los pasillos de la Legislatura. “¿Qué cambian unos pocos días de diferencia?”, retrucó, relativizando la postergación que finalmente quedó sin efecto. No obstante, más temprano que tarde, la oposición busca hacerle pagar al peronismo el costo político del escándalo.

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Más allá de la explicación formal, el clima evidencia que el caso Flores se convirtió en un problema político que comenzó a generar costos para el oficialismo en la Legislatura. La discusión sobre la licencia se da en un contexto muy sensible ante la situación de los dos exasesores José Aníbal Ricardo Villarreal y Ariel Alejandro Rodríguez, que respondían al legislador del PJ y que quedaron bajo la lupa por la gravedad de sus antecedentes judiciales.

Villarreal está detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming en una investigación judicial que tiene como víctimas a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. A esa grave acusación se le suma un antecedente por los delitos de reducción a la servidumbre y abuso sexual en una causa relacionada con su hermana adoptiva que data de 2021. Por su parte, Rodríguez fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por peculado y usurpación, sentencia que quedó firme.

La UCR insiste con el apartamiento

La oposición radical ya adelantó que considera insuficiente la licencia. Tras los nuevos elementos incorporados a la investigación que lleva adelante la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, los legisladores Brenda Austin y Matías Gvozdenovich endurecieron su postura y reclamaron el apartamiento de Flores de su banca.

El bloque UCR fogonea un proyecto de resolución para pedir la exclusión del legislador por el departamento Río Seco. La iniciativa se apoya en el artículo 99 de la Constitución Provincial y en la causal de “indignidad”, bajo el argumento de que la gravedad de los hechos trasciende a Flores y compromete la imagen institucional del Poder Legislativo.

Desde la bancada radical confirmaron a Perfil Córdoba que insistirán con ese planteo en la sesión, donde finalmente deberá tratarse la licencia solicitada por el peronista. En paralelo, Encuentro Vecinal pidió formalmente la suspensión de Flores. La ofensiva opositora se explica por la sucesión de revelaciones judiciales en torno a sus asesores, que tras el escándalo fueron desvinculados de la Unicameral.

«Si Flores no está imputado corresponde darle la licencia«, razonó un oficialista desde una mirada jurídica. «Si la causa toma otro cauce, habrá que reevaluar la situación», completó.

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Agenda urgente

El oficialismo tiene por delante la tarea de ordenar una agenda legislativa que llega con los tiempos ajustados. Uno de los proyectos prioritarios es la adecuación del Código Procesal Penal Juvenil de Córdoba al nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso nacional.

La reforma debe estar sancionada antes del 5 de septiembre, cuando comenzará a regir la nueva legislación nacional. Entre sus principales cambios aparece la reducción de la edad de imputabilidad, ya que el fuero especializado pasaría a intervenir desde los 14 años.

“Es una reforma muy técnica. Y es un problema del Ejecutivo que se demoraran al filo del vencimiento”, cuestionó un opositor.

Para continuar con el tratamiento, la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, convocó para este martes a un nuevo plenario de comisiones con el objetivo de avanzar en el despacho definitivo para que llegue al recinto.

La iniciativa presentada por legisladores oficialistas y opositores, que refleja un alto nivel de consenso en torno a un anteproyecto fruto del trabajo técnico de una mesa interinstitucional, modifica y deroga artículos de la Ley 11.035 de Procedimiento Penal Juvenil para adecuarla a la Ley Nacional 27.801 de Régimen Penal Juvenil.

El pliego del juez electoral

La postergación también apareció vinculada, según fuentes de la Unicameral, con el ingreso contrarreloj del pliego de Guillermo Arias como nuevo juez electoral de Córdoba. El funcionario legislativo quedó primero en el orden de mérito del concurso y su designación debe ser remitida por el Ejecutivo para que tome estado parlamentario.

La oposición no tiene aún claro si el Panal aceleró a fondo con miras al miércoles —ya que en un principio se dijo que no se llegaba con los tiempos- para que el pliego de Arias se incorpore formalmente a la agenda. Esa duda se despejará cuando se conozca el temario del próximo plenario. Cabe recordar que el 31 de este mes termina el mandato de la actual jueza electoral, Marta Vidal.

El escenario que se perfila es, por lo tanto, el de dos sesiones clave: la primera, con el tratamiento de la licencia de Flores, el avance de la reforma penal juvenil y el ingreso del pliego de Arias; y una segunda, en el arranque de la próxima semana, para avanzar con la designación del nuevo juez electoral. El juecismo ya anticipó su rechazo al pliego de quien reemplazará a Vidal.

De este modo, la Legislatura exhibe una agenda cargada con dos focos políticos sensibles: la situación de Flores, que genera ruido interno dentro del oficialismo, mientras la oposición reclama su apartamiento del cuerpo, y la designación del nuevo juez electoral, que volverá a poner a prueba los acuerdos entre el PJ y la oposición.