El genocida Juan Miguel Wolk ha muerto en la ciudad argentina de Mar del Plata, a los 92 años, y esta vez es cierto: fue confirmado por Prefectura Naval, que estaba a cargo de la custodia de la casa en la que cumplía prisión domiciliaria. En los años noventa, el expolicía, que durante la última dictadura cívico-militar fue el máximo responsable del centro clandestino de detención y tortura conocido como Pozo de Banfield, logró evitar la justicia con un certificado de defunción falso. Fue Marta Ungaro, la hermana de una de sus víctimas, la que descubrió que estaba vivo y posibilitó que fuera condenado luego a cadena perpetua por homicidio, apropiación de niños, privación ilegítima de la libertad y torturas.

La muerte de Wolk, que era también conocido como el nazi y el alemán, fue informada el 21 de agosto pasado. Wolk era comisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando el gobierno de Isabel Martínez de Perón fue derrocado y el gobierno de facto puso en marcha un plan sistemático para aniquilar organizaciones políticas y el accionar considerado “subversivo”. Fue jefe del Pozo de Banfield, donde funcionó una maternidad clandestina y donde fueron alojadas ilegalmente alrededor de 350 personas, entre ellas los diez estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil y fueron secuestrados en la llamada Noche de los Lápices.

Con el regreso de la democracia, en 1983, el represor fue condenado a 25 años de prisión, pero beneficiado con la libertad por las leyes de impunidad que rigieron hasta 2002. En el año 2000, el juez Baltasar Garzón solicitó su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos españoles en Argentina, pero el Gobierno de entonces, encabezado por Fernando de la Rúa (1999-2001), no la concedió.

Wolk consiguió sortear la justicia durante años. Cuando a fines de los noventa fue citado para testimoniar en los Juicios por la Verdad, presentó una falsa acta de defunción que el tribunal dio por válida. Marta Ungaro trabajaba en la justicia electoral argentina y notó que pasaban los años, pero Wolk se mantenía dentro del padrón electoral a pesar de estar supuestamente fallecido. Libró un oficio al organismo a cargo del pago de jubilaciones al personal policial para consultar quién cobraba su pensión y, luego de insistir mucho con el pedido, le confirmaron que la persona que cobraba no era su viuda, sino él mismo. Wolk vivía en Mar del Plata, a pocos minutos del mar.

Vuelto a la vida en el sistema judicial —e imputado en causas de lesa humanidad—, Wolk comenzó a cumplir prisión domiciliaria, pero se profugó en 2012, por lo que fue procesada su hija, María Luján Wolk, que habría favorecido la fuga. La justicia lo recapturó un año después, recompensa mediante, y ordenó su alojamiento en una cárcel común, en la que estuvo poco tiempo.

En 2016 se le concedió nuevamente arresto domiciliario, alegando que el hombre, de 82 años entonces, padecía enfermedades que tornaban inconveniente su permanencia en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Desde entonces permaneció en su casa de la localidad costera y, finalmente, fue condenado: en 2023 recibió la pena de prisión perpetua en la causa conocida como “Hogar de Belén” y en 2024, en la causa “Brigadas”.

El hallazgo de Marta Ungaro fue solo uno de los tantos pasos que dio a lo largo de su vida buscando a su hermano Horacio, que tenía 16 años cuando fue secuestrado. “Tengo 78 años y desde los 23 que lo busco. No sabemos dónde están sus restos, nunca fueron hallados ni identificados. Wolk se va como tantos otros genocidas sin decir una sola palabra sobre dónde están los niños nacidos en el Pozo de Banfield, sobre los abusos en el Hogar de Belén y los asesinatos de los chicos de la Noche de los Lápices”, se lamenta, y denuncia la falta de control que existe sobre las prisiones domiciliarias de los genocidas. En 2024, un militar condenado por lesa humanidad celebró sus bodas de oro con una fiesta de al menos 60 personas y show de Palito Ortega.

La muerte de Wolk se produjo a pocos días del aniversario número 50 de la Noche de los Lápices, que se convirtió en un símbolo de la represión estudiantil y motivó el establecimiento de esa fecha como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. “El 16 de septiembre va a haber una marcha muy grande y estamos preparando actividades —dice Ungaro—. Los estudiantes de la ciudad de La Plata saben que tienen un boleto que costó vida y los lápices ahora los tienen otros que siguen escribiendo la historia”.