El próximo 17 de septiembre los cancilleres del hemisferio americano debatirán en la OEA el agravamiento de la crisis política de Nicaragua, después que el dictador Daniel Ortega decretó la anulación de la elecciones democráticas, para incorporar esta prohibición en su Constitución. La expectativa en torno a esta reunión de emergencia apoyada por 29 países, con la objeción de México y la oposición de Brasil, aún bajo la retórica del gobierno de Donald Trump de ejercer máxima presión contra las dictaduras de América Latina, es bastante sombría porque los antecedentes no son auspiciosos.

Desde el 18 de julio de 2018, la OEA ha celebrado 16 reuniones del Consejo Permanente y de la Asamblea General aprobando, por mayoría y por unanimidad, “contundentes” resoluciones de condena al régimen de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y la represión política, demandando el restablecimiento de la democracia, y abogando por un diálogo político. Sin embargo, todas estas exhortaciones han sido olímpicamente ignoradas por la codictadura de Managua, que más bien ha radicalizado la represión política contra la Iglesia católica y la sociedad civil, imponiendo un régimen totalitario, y extendiendo la represión transnacional a otros países con sus aliados internacionales Rusia, China, e Irán.

Los cancilleres de la OEA, por lo tanto, no deberían olvidar que nuestro “Stalin tropical” y la “copresidenta”, imitadora de Jiang Qing, no son estadistas, tampoco son intelectuales de izquierda, nacionalistas, o ciudadanos con algún patrótico sentido común, sino más bien dictadores profesionales, carceleros experimentados, que dominan el teje y maneje del poder autoritario. Ortega y Murillo nunca han dialogado, excepto cuando han estado con el agua al cuello al borde del abismo, como ocurrió durante los 100 días de la insurrección cívica en abril de 2018, con el pueblo protestando en las calles y en las barricadas, demandando elecciones anticipadas y su salida del poder.

Entonces, le pidieron a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica que convocara a un Diálogo Nacional, y el día en que el líder estudiantil Lesther Alemán encaró al dictador y le dijo en cadena nacional de televisión: “aquí venimos a negociar su rendición”, se terminó una década de monólogo oficial. Unas semanas después, la oposición autoconvocadada presentó a Ortega, a través de los obispos, una propuesta calendarizada de reformas políticas, electorales y judiciales, para abrir el camino hacia una transición democrática. La respuesta oficial fue la masacre de junio y julio de 2018 ejecutada por un ejército de policías y paramilitares y la fatídica “operación limpieza”, que dejaron más de 350 asesinatos en la impunidad, miles de detenidos, y decenas de miles de exiliados. Al retomar el control de los espacios públicos, Ortega acusó con desparpajo a los obispos de “golpistas”, por haber sido los portadores de la hoja de ruta de la transición, e impuso un férreo Estado policial que prevalece hasta hoy.

En febrero de 2019, se convocó a un segundo Diálogo Nacional, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y los grandes empresarios del sector privado de Nicaragua, que habían sido aliados de Ortega hasta 2018. El 29 de marzo de 2019, de manera sorpresiva se anunció un “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, entre la delegación gubernamental y la oposición representada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En el lenguaje orwellianio de Ortega y Murillo, “fortalecer las garantías ciudadanas” significaba un eufemismo para comprometerse a restablecer todos los derechos conculcados y suspender el Estado policial.

El Acuerdo cubre de forma exhaustiva el restablecimiento del debido proceso judicial, la prohibición de las detenciones arbitrarias, la vigencia de los derechos de reunión, movilizacion y protesta cívica, la autonomía universitaria, la devolución de los medios de comunicación confiscados, y plenas libertades de prensa y de expresión. Pero Ortega nunca cumplió con el Acuerdo que firmó su canciller Denis Moncada (ahora rebajado a “cocanciller”) ante los testigos internacionales, Waldemar Sommertag (Nuncio Apóstólico expulsado del país en marzo de 2022) y Luis Angel Rosadilla (experto de la OEA en reformas electorales, que jamás llegaron a discutirse en la mesa de negociaciones). Mientras que cuatro de los firmantes por la oposición —Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, Max Jerez, líder estudiantil, José Adán Aguerri, presidente de las cámaras del sector privado, y el jurista Jose Pallais— terminaron presos en la cárcel del Chipote en la víspera de las elecciones de 2021.

En el incumplimiento de ese Acuerdo radica la raíz de la crisis de Nicaragua que se ha prolongado durante 8 años, a pesar de las resoluciones de condena de la OEA. Si de verdad los presidentes de Brasil y México, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, defienden la autodeterminación de Nicaragua y demandan un diálogo para evitar el injerencismo de Estados Unidos, primero deberían exigirle al dictador Daniel Ortega que cumpla el Acuerdo que firmó su canciller en 2019 y levante el Estado policial. La suspensión del Estado policial es lo único que le devolverá la soberanía y autodeterminación al pueblo nicaragüense, para establecer las bases de un diálogo político con el movimento cívico-democrático opositor. Además, Lula y Sheinbaum tendrían la oportunidad de reivindicar a Brasil y México después de su inacción durante el monumental fraude electoral que perpetró Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela en 2024, y presentar una alternativa de las democracias latinoamericanas ante la política de acciones unilaterales de la administración Trump.

La suspensión del Estado policial en Nicaragua, que incluye la liberación de todos los presos políticos, es una exigencia que pueden adoptar por concenso todos los cancilleres de la OEA, decretando la ilegitimidad de la codictadura. La OEA puede, además, crear una “comisión permanente” para monitorear y coordinar acciones de presión contra el régimen Ortega Murillo, pero a final de cuentas la efectividad de la presión política o económica depende de las acciones unilaterales que adopten los Gobiernos de manera individual.

¿Qué países retirarán a sus embajadores o romperán relaciones diplomáticas con Nicaragua para aislar al régimen, como ocurrió en 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza?

¿Qué países están decididos a incoar juicios ante la Corte Internacional de Justicia contra Nicaragua, por la violación de los convenios de Naciones Unidas para prevenir la apatridia y la tortura?.

¿Se atreverán los países centroamericanos y República Dominicana a adoptar acciones para aislar a la codictadura en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)?

En un entorno de polarización, fragmentación política, y falta de liderazgo democrático en América Latina y Estados Unidos, es poco probable que la mayoría de los gobiernos del hemisferio asuman acciones determinantes con impactos a corto plazo en Nicaragua. Pero las mayores dudas recaen incluso sobre el país que tiene el poder de ejecutar una exclusión parcial o total de los beneficios comerciales que tienen las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos través del tratado de libre comercio CAFTA. En el espejo de ocho meses de tutelaje neocolonial en Venezuela, es pertinente preguntar ¿cuál es la prioridad inmediata de la administración Trump en Nicaragua: apoyar la suspensión del estado policial para restablecer la democracia, o que se mantenga la estabilidad económica que provee la codictadura, y su colaboración con su política de antimigración y drogas?

En las próximas semanas, los cancilleres de la OEA responderán a algunas de estas interrogantes, mientras en Nicaragua continuará la crisis interna del régimen alentada por la purga de la sucesión dinástica, y la resistencia de los servidores públicos, civiles y militares, que deben ser parte de una solución nacional.