El cerco sobre Aníbal Lotocki terminó de cerrarse este martes. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó la inmediata detención del cirujano para que comience a pagar la condena a ocho años de prisión que arrastra por las graves secuelas que dejó en la salud de Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis. Según detalla el escrito de doce páginas al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia no solo ratificó la pena de cárcel por estafa y lesiones graves, sino que le bajó la persiana a su carrera: quedó inhabilitado por una década entera para ejercer la medicina.
La orden de captura irrumpe en el peor momento procesal para el médico, quien actualmente está sentado en el banquillo de los acusados enfrentando otro juicio por el homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate. Aunque la defensa del cirujano intentó ganar oxígeno presentando un recurso de queja extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia (lo que técnicamente mantiene el fallo original sin estar firme), los magistrados decidieron cortar con la espera burocrática y avanzaron de lleno con el arresto.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El camino judicial hacia esta orden de captura fue una verdadera escalada para el médico. En febrero de 2022, Lotocki había recibido una condena inicial de cuatro años tras las rejas y cinco de inhabilitación. Sin embargo, la presión de las querellas y la Fiscalía surtió efecto: la Sala III de la Cámara de Casación revisó el expediente, le sumó la figura de estafa y le duplicó el castigo. Esa dura resolución fue blindada por la misma Cámara en abril de 2025, lo que terminó empujando a la defensa a jugar su última y desesperada carta ante el máximo tribunal del país.
Para el juez Jorge Romeo, titular del TOC 28, dejar al cirujano caminar por la calle mientras la Corte define su futuro era un lujo procesal insostenible. «Mantener en libertad al condenado en esta instancia vulneraría las garantías de la víctima y el principio de progresividad y eficacia de la tutela judicial», argumentó el magistrado. Además, fue al hueso para desactivar cualquier queja de la defensa: aclaró que mandarlo a la celda de forma preventiva no implica un «agravamiento» de su situación, ya que Lotocki tiene que dar la cara en el juicio por la muerte de Zárate, el paciente que perdió la vida en abril de 2021 tras someterse a una intervención en su clínica de Caballito.
Aníbal Lotocki había pedido la prisión domicialiaria para cuidar a su hija pero se la rechazaron
El riesgo de fuga
¿Qué cambió en el tablero judicial para que el Tribunal apriete el acelerador en este momento? Para los magistrados, el reloj procesal se acortó drásticamente desde aquel primer pedido de captura en 2023. Al tener la condena reconfirmada por Casación y depender únicamente de la última carta en la Corte Suprema, la Justicia entendió que la presunción de inocencia del cirujano quedó pulverizada. Bajo esta lógica, la ecuación de los jueces fue simple: cuanto más cerca e inevitable se vuelve la pena de cumplimiento efectivo, más se dispara el peligro de que intente irse sin dejar rastros.
Pero la orden de arresto no se sostuvo únicamente en cálculos teóricos; la propia conducta del médico terminó por echar tierra sobre si mismo. El fallo dejó al descubierto «un legajo de rebeldía» que colmó la paciencia del tribunal: Lotocki acumuló tres faltas graves por ausentarse de su casa durante más de 24 horas sin avisar y, como si fuera poco, llegó a mudarse fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sin pedirle autorización a nadie. Estas avivadas ya habían sido un factor clave para que la Cámara de Apelaciones le soltara la mano en otra causa.
En la práctica, esta nueva resolución no cambiará el código postal del condenado, sencillamente porque ya se encuentra durmiendo en una celda. Lotocki está actualmente preso a disposición del TOC 17 por el juicio del homicidio de Zárate. Lo que hizo la Justicia ahora fue dictar una «anotación conjunta», una especie de doble candado legal que funciona como una garantía absoluta: el objetivo es asegurar que el médico no pueda poner un pie en la calle bajo ninguna circunstancia.
TC
