Miguel Ángel «Mameluco» Villalba (64) supo ser de los narcos más temidos de San Martín. Algunos sostienen que su clan sigue manejando buena parte del narcomenudeo en la zona. En 2022 estuvo detrás de la cocaína envenenada que mató a 24 personas; en 2010 intentó ser intendente de San Martín por el Peronismo Federal; lo condenaron dos veces por narco, en 2004 y en 2014, y una vez por lavado de dinero, en 2018. Claramente un perfil de «pesado».
Con una pena unificada de 27 años de prisión, su fecha para salir en libertad asistida es en 2030. No le falta mucho, sin embargo desde hace tiempo se viene rumoreando que tiene graves problemas de salud. Y con el argumento de sufrir trastornos digestivos y prostáticos su abogada defensora acaba de pedirle a la Justicia Federal que le conceda el arresto domiciliario con control de pulsera electrónica.
Hay un antecedente público sobre su salud. Por un sangrado rectal, que empezó poco antes del último Año Nuevo, Villalba debió ser trasladado a un hospital extramuros. A nadie en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza le hizo media gracia tener que sacarlo fuera del Módulo VI de Alto Riesgo, y mucho menos fuera de la cárcel. Pero era necesaria una endoscopia. No había otra. Una versión sostiene que Villalba padece cáncer de próstata y una hemorragia podía ser fatal.
Esa condición de base persiste y ahora será el juez Walter Venditti -presidente del tribunal que dictó su última condena- quien deberá decidir si lo deja seguir cumpliendo la pena en su casa de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. Debido a la falta de jueces y las suplencias, Venditti también integra el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín- junto a las juezas María Claudia Morgese, Silvina Mayorga- que desde hace un año juzga a Villalba y sus hijos por una tercera causa por tráfico. Una causa muy especial.
Desde el 5 de septiembre del año pasado el TOF 5 lleva adelante el megajuicio contra el clan narco de San Martín liderado por Villalba y dos de sus hijos Iván (33), alias «El Salvaje», y Luca Nahuel Baigorria (32), alias «Dylan».
En el juicio se ventila un caso tremendo: la intoxicación con carfentanilo que mató a 24 personas y afectó a 80 más. Sobrevivientes y familiares de víctimas participan de un debate paradójico, ya que los narcos están acusados de meter la cocaína envenenada en el mercado pero no de lo que provocó esa droga. Para que quede claro: no se los acusa de homicidio.
El juicio, que lleva un año y no termina en 2026, empezó con un gran despliegue de seguridad: calles cortadas, guardias con casco y escudos, chalecos antibalas para todos. La primera audiencia se hizo en una sala especial de lesa humanidad ubicada en el centro de San Martín, que se llenó de familiares de los acusados.
En total, 24 detenidos fueron trasladados desde las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. A nueve más se los fue a buscar a sus casas (tienen tobillera electrónica y detención domiciliaria) mientras que «Mameluco» y sus hijos permanecieron en Ezeiza y asistieron de forma virtual, vía Zoom.
Actualmente, los tres están detenidos en el Módulo 6 del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Ese es un sector de aislamiento para presos catalogados como de «Alto Riesgo». Las llamadas y las visitas son poco frecuentes y severamente controladas. No es una cárcel en la que Villalba sepa manejarse como lo hizo, incluso, en un penal inhóspito como Rawson.
A ellos se los acusa de dominar el narcomenudeo en la zona de Billinghurst. Estando en libertad e incluso desde la cárcel. En este contexto, la imputación incluye haber pagado coimas a policías de la comisaría de esa zona para liberar a dos integrantes de la banda.
Las audiencias que lleva adelante el TOF 5 tratan sobre las coimas y el tráfico, pero también sobre la masacre del carfentanilo que, según escuchas del caso, uno de los narcos -con mucho humor negro- llamó «suero» porque «la tomabas y terminabas con suero en el hospital». La lista de testigos inicial era de 300 personas.
Sin embargo, con esta última acusación, pasa algo curioso, insólito.
La jueza federal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, que -tras un paso por la Justicia local- se terminó quedando con el expediente de la droga adulterada, nunca imputó a los Villalba por las 24 muertes y 80 intoxicaciones que generó su «producto». Consideró que, si bien ellos eran claramente los dueños de la cocaína, no actuaron con «dolo», con intención. Por eso nunca los indagó por el envenenamiento masivo.
Si a eso se suma que en su momento la Cámara de Apelaciones dictó falta de mérito a los detenidos en el búnker de Puerta 8, donde se vendieron las dosis mortales, el resultado es que por el desastre que se vivió en febrero de 2022 no hay nadie ni cerca de ser acusado. Ante esto desde la Justicia solo alegan que «la investigación sigue abierta».
