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El mapa de América Latina está cargado con puntos rojos de defensores de la tierra y del ambiente que han sido asesinados. A Cándido Esaú Román Pérez, líder protector de las tierras ejidales de Cihuatlán, en Jalisco, México, lo mataron en noviembre de 2025 y, en febrero del mismo año, sucedió igual en el Caribe hondureño con Suyapa Guillén y su esposo, José Luis Hernández, miembros de una cooperativa campesina. A lo largo del año pasado en Colombia asesinaron a Aida Damaris Flor Camayo, integrante de la guardia indígena en el Cauca, y también al indígena brasilero pataxó en el extremo sur de Bahía. Con 85% de los casos confirmados por Global Witness en 2025, la región repite como la más letal para los defensores, un escenario que no ha cambiado desde que la organización internacional empezó a publicar sus informes en 2012.

Titulado Poder Colectivo, el documento indica que, durante 2025 y a nivel mundial, verificaron el asesinato de al menos 124 defensores de la tierra y el medioambiente: una cifra menor que los dos años anteriores (142 para 2024 y 196 para 2023). Y aunque da la sensación de ser una señal positiva, Toby Hill, autor principal del informe, advierte que “hay que ser cautelosos a la hora de interpretar este indicador como una mejora”. Las cifras pueden estar subestimadas porque hay asesinatos que no se reportan y, además, son más difíciles de explorar en contextos represivos y de autoritarismo como el que ha crecido en los últimos años.

Durante 2025, las disputas por la tierra estuvieron detrás de más de la mitad de las muertes (84), seguidas de la oposición contra proyectos extractivos, con 11 relacionadas con la minería, ocho con la tala de madera y seis con la industria agro. Casi tres cuartas partes de los asesinados fueron indígenas y pequeños campesinos, y siete de los indígenas que mataron eran miembros de alguna guardia. De los 124 homicidios verificados por Global Witness, 109 fueron de hombres, 14 de mujeres y uno de una persona no binaria.

En América Latina, apunta la investigación, la violencia contra los defensores se ha agravado por el crimen organizado. En los seis países con más casos, de los que cinco son de la región, pudieron rastrear muertes con estos vínculos. Solo en Colombia, comenta Hill, “se dieron un poco menos de un tercio del total de los casos”, con 39 asesinatos.

Colombia, el más letal

“Colombia volvió a ser el país más violento según nuestros datos”, agrega Hill. Aunque los asesinatos igualmente se redujeron en comparación con años pasados —se reportaron 48 para 2024 y en 2023 tocó la histórica cifra de 79—, se ha mantenido siempre dentro del doloroso podio. Casi la mitad de las personas a las que mataron eran indígenas y, en 15 ocasiones, se trató de campesinos. “Como reflejo de ello, 35 de las 39 muertes estuvieron relacionadas con conflictos por la tierra”, afirma Global Witness. En 17 casos hay señales de que detrás estuvo el crimen organizado y, en cinco de estos, que fueron sicarios los que ejecutaron a los defensores.

El Cauca, también de nuevo, es el departamento con más homicidios: 13, incluyendo a cuatro miembros de la guardia indígena. Desde 2012, cuando Global Witness comenzó con los informes, en solo este departamento se han documentado 171 asesinatos relacionados con defender el medioambiente y la tierra. “Colombia está en el corazón del tráfico de cocaína”, dice Hill. “Y hemos visto una y otra vez cómo la presencia de crimen organizado está relacionada con mayor letalidad en las represalias”.

Brasil y Honduras duplican sus números

Con 26 asesinatos en Brasil y 12 en Honduras, ambos países tienen una particularidad: duplicaron las muertes frente a 2024. El segundo, además, repite la historia de ser el de más asesinatos en relación con el número de población que tiene.

En el país sudamericano, agrega el informe, la mayoría de los casos se enlazan con el reconocimiento del territorio ancestral y su demarcación: 11 de los asesinados eran campesinos y siete indígenas. En los estados de Rondônia y Pará, en la Amazonia, se concentraron casi la mitad de las muertes reportadas.

Mientras, en Honduras, la mayoría de los asesinatos se dieron en el departamento de Colón, en la costa caribe del país, zona estratégica para las rutas del tráfico de cocaína. Las diez personas que mataron en este departamento eran campesinos.

Entre los países a los que Global Witness les pone la lupa por tener este tipo de violencia, también están México, Guatemala, Perú, Nicaragua y Ecuador. En el primero, la cifra bajó de 19 a 10, pero otras formas de violencia se han hecho más agudas. Citando al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el informe habla de 107 casos de criminalización, así como desapariciones, estigmatización e intimidación. En Guatemala, con ocho asesinatos, dos se vinculan con que las personas se habían opuesto a proyectos mineros y dos protestaron contra los impactos de las hidroeléctricas. Y, en Ecuador (tres casos), en dos se trató de indígenas que estaban en una manifestación contra la represión estatal frente a sus pueblos y el aumento de precios de combustibles.

“El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha utilizado al ejército para reprimir las protestas sociales”, dice el informe, poniendo de relieve el momento político de la región y lo que implica la llegada al poder de gobiernos autoritarios. En la Nicaragua de los Ortega, en donde se suman solo tres casos, la organización apunta que su libertad cívica tan cerrada “refleja las dificultades para acceder a datos en lugares controlados por regímenes altamente represivos”. Que en muchos lugares no se tengan los datos de asesinatos no significa que no ocurran.

En el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, los gobiernos deben pensar en políticas dirigidas a cambiar este panorama en concreto. Global Witness arroja algunas pistas, como a través de asegurar los derechos colectivos, la consulta previa o crear unidades de investigación especializadas. Pero también señalan el rol de garantizar su propia seguridad que han desarrollado indígenas como los de Perú, en donde se confirmaron cuatro asesinatos. Allí, en la Amazonia, las comunidades kakataibo patrullan el territorio y monitorean las incursiones ilegales para ponerse un escudo frente a la violencia. “En nuestra cultura, la labor de defender nuestros recursos y territorio se enseña desde temprana edad. Pero para la próxima generación, esta labor es más peligrosa que nunca”, son las palabras que le pone Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo de Perú.

Créditos:

Fotografía: Pedro Vilela/Getty, Alberto Carbajal / Cuartoscuro, Quintina Valero y Pedro Vilela/Getty

Edición visual: Mónica González

Diseño y gráficos: Mónica Juárez Martín