A su estilo, y a días de las elecciones en Brasil, el presidente Lula da Silva lanzó una medida que conmovió al país: quiere «terminar con el cáncer» de las apuestas deportivas en el que tal vez sea el mayor mercado de fútbol del mundo… «Esta es una medida necesaria, dura y drástica, pero es como el cáncer: o extirpamos el tumor o nos matará…», lanzó el veterano líder del PT este viernes, acompañado por varios de los integrantes de su gabinete de gobierno. Luego desde su gobierno remarcaron que aunque es una medida provisoria «no habrá ningún sitio, ninguna aplicación ni ningún patrocinio legal de apuestas en Brasil» y hasta dieron una fecha para que los apostadores que tengan dinero en esas plataformas lo retiren: «Tienen plazo hasta las 2359 del 5 de octubre».

Y ante semejante «bomba neutrónica», porque los clubes de Brasil pagan sueldos europeos, encaran fichajes millonarios y solventan estructuras de primer nivel apoyados justamente esos sponsoreos, comenzaron este sábado a conocerse las primeras repercusiones: Flamengo, el club más popular del país, lanzó un comunicado acusando a Lula de destrozar la seguridad jurídica: «No se puede crear una regla, llevar a empresas e instituciones a asumir compromisos sobre esa base y, de un día para otro, cambiar todo el marco regulatorio».

«Si existen problemas, las normas deben mejorarse. Si necesitan ser más estrictas, que lo sean. Pero la seguridad jurídica no interesa únicamente a las empresas de apuestas. Interesa a cualquier persona, empresa o institución que invierte, contrata y hace planes a largo plazo en Brasil confiando en las reglas establecidas por el propio Estado», disparó Flamengo sin medias tintas, alertando sobre el abismo que se abriría para su tesorería si la «medida provisoria» de Lula prospera.

Por el lado de otro gigante como Fluminense, la reacción fue algo más cauta, y se animó a pedir «al menos una transición» al final de su comunicado oficial.

«Defendemos, como mínimo, un período de transición adecuado en caso de que haya cambios. El camino debe ser guiado por datos concretos y por la efectividad de cada alternativa», señaló el ‘Flu’

La respuesta de Flamengo a Lula

Brasil pasó años debatiendo cómo regular las apuestas deportivas. El Congreso aprobó la legislación, el gobierno reguló, las empresas pagaron para operar legalmente en el país, realizaron inversiones y comenzaron a cumplir con normas de fiscalización, tributación y protección al consumidor.

No se puede crear una regla, llevar a empresas e instituciones a asumir compromisos sobre esa base y, de un día para otro, cambiar todo el marco regulatorio.

Ninguna regulación es intocable. Si existen problemas, las normas deben mejorarse. Si necesitan ser más estrictas, que lo sean. Quienes incumplan la ley deben ser sancionados. Pero existe una diferencia fundamental entre perfeccionar una regulación y simplemente desmantelarla.

Esta es una cuestión de seguridad jurídica.

Y la seguridad jurídica no interesa únicamente a las empresas de apuestas. Interesa a cualquier persona, empresa o institución que invierte, contrata y hace planes a largo plazo en Brasil confiando en las reglas establecidas por el propio Estado.

Este cambio golpea de lleno al deporte brasileño.

Una decisión de esta magnitud afecta al fútbol profesional, a las categorías menores, al fútbol femenino, a los deportes olímpicos y a todos los campeonatos.

El deporte brasileño no puede analizarse únicamente desde la realidad financiera de los clubes de mayor recaudación. Y no son solo los clubes los afectados: toda una cadena recibe un impacto inmediato: empleos directos e indirectos, empresas de comunicación, marketing y tecnología, proveedores, estadios, prestadores de servicios y toda una cadena económica.

También afecta la recaudación pública. El mercado regulado genera recursos a través de impuestos y asignaciones previstas en la ley, que llegan a las arcas públicas y se destinan a áreas de interés social.

Debilitar el mercado legal puede producir una combinación especialmente perjudicial: menos recursos para el deporte y menos recaudación para el país.

¿Y el brasileño quedará más protegido? Quizás esta sea una de las preguntas centrales de este debate.

Prohibir a las empresas que operan legalmente no significa acabar con las apuestas. El juego no desaparece y el mercado clandestino, que ya representa una porción significativa de la actividad, crecerá y ocupará ese espacio.

Lula prohibe las apuestas deportivas y los casinos en línea en Brasil

Una encuesta del Instituto Locomotiva, realizada en mayo de 2026 en todo el país con 2.291 apostadores, señala la presencia relevante de prácticas asociadas con mercados ilegales. Un estudio de LCA Consultores, basado en esa investigación, estima que entre el 38% y el 44% del valor apostado en línea en Brasil actualmente ocurre en plataformas clandestinas.

Hay un dato particularmente importante: la participación estimada del mercado ilegal cayó después de la regulación, pasando del rango de 41% a 51% en 2025 al 38% a 44% en el primer semestre de 2026.

El juego no acabará de un plumazo. Lo que termina es la parte que Brasil puede regular, fiscalizar, gravar y responsabilizar.

Y el resultado podría ser menos seguridad para quienes invierten, menos recursos para el deporte y el país, y menor capacidad de fiscalización sobre la actividad.

Brasil debe combatir el juego ilegal. Debe proteger a su población.

Pero también debe preservar la seguridad jurídica, la capacidad de inversión y la sostenibilidad de sus instituciones deportivas.

El deporte brasileño no puede ser debilitado por una decisión que no elimina el juego, no elimina el mercado ilegal y aún pone en riesgo las inversiones, los empleos y los compromisos construidos dentro de las reglas que el propio país estableció.

Fluminense, algo más cauto

El debate sobre la prohibición de las apuestas es legítimo y no debe ser silenciado. Hay preocupaciones reales con el endeudamiento y la adicción, pero cualquier decisión debe considerar los siguientes puntos:

• Seguridad jurídica y previsibilidad: las empresas que han cumplido con la regulación y terceros que han firmado contratos no pueden ser sorprendidos de un día para el otro. El club asumió compromisos financieros para este y los próximos años contando con estos recursos. Un ejemplo concreto: las tiendas del Fluminense tienen seis meses de stock de camisetas con la marca del patrocinador principal. Un cambio abrupto genera pérdidas y puede costar miles de empleos en toda la cadena.

• Efectividad de la medida: prohibir las empresas reguladas no acaba con las apuestas. El mercado clandestino tiende a ocupar ese espacio, sin fiscalización, sin tributación y sin ninguna protección al apostador.

• Impacto en el deporte: los recursos no sostienen solo el fútbol profesional. Financian categorías de base, fútbol femenino y deportes olímpicos, que emplean a cientos de atletas y profesionales en el club.

• Recaudación pública: el mercado regulado generó miles de millones en impuestos y destinaciones previstas en ley para deporte, seguridad social, seguridad pública, educación y salud. Sin él, esos recursos tendrán que venir de otra fuente.

Defendemos, como mínimo, un período de transición adecuado en caso de que haya cambios. El camino debe ser guiado por datos concretos y por la efectividad de cada alternativa.

HB