El Escudo de las Américas creado por el presidente Donald Trump ya hace presencia más allá de la promesa de luchar contra el narcotráfico, con un mecanismo para quitar visas a quienes, considera el Gobierno de Estados Unidos, “debilitan la democracia”. Bajo ese argumento, el Departamento de Estado revocó las de dos colombianos: la senadora Martha Peralta, y el empresario, Euclides Torres, cercanos al expresidente Gustavo Petro. Washington no dio detalles sobre las acusaciones, pero meses atrás fueron señalados por el ahora presidente Abelardo de la Espriella, entonces candidato, de comprar votos a favor de su rival de izquierda, Iván Cepeda. El partido de Peralta, Petro y Cepeda, el Pacto Histórico, mantiene el silencio sobre la decisión, al igual que otros de sus congresistas señalados por el ahora mandatario en la misma denuncia. Quien se ha pronunciado es el líder del partido, el expresidente Petro, quien ya no tiene visa que perder: la suya fue revocada en septiembre del año pasado.
“Es una persecución”, dijo Petro a Caracol Radio. “El progresismo en Colombia está siendo perseguido sistemáticamente por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado”, añadió, para luego defender a la senadora Peralta y resaltar su identidad como mujer indígena. No mencionó a Torres, contratista del Estado que donó dinero a su campaña presidencial y obtuvo contratos durante su Gobierno. El empresario, motor detrás del senador petrista Pedro Flórez, tampoco se ha pronunciado. EL PAÍS consultó a Flórez y a otros legisladores de su partido, y todos optaron por guardar silencio. Peralta, por su parte, ha denunciado este martes amenazas contra su vida: “Tras tantos ataques racistas y mensajes de odio, lo digo con claridad: esto es persecución política”, escribió en X. “Esto no es aislado de toda la persecución mediática, judicial, en redes sociales, de bodegas que hemos tenido que soportar por pensar distinto”, dijo ella cuando recibió la noticia de perder su visa.
Con la decisión del Departamento de Estado, De la Espriella ve cómo se convierte en realidad la amenaza que dejó en el aire el 8 de junio. En ese momento, denunció a más de una veintena de políticos de izquierda ante Estados Unidos, alegando que estos compraban votos en la costa Caribe. Desde entonces pidió al Gobierno de Donald Trump retirarles sus visas. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que miraba con cuidado las elecciones, y 100 días después la institución retiró las dos visas.
De la Espriella celebró en la noche del lunes la decisión de la Casa Blanca. “La lucha apenas empieza”, dijo el mandatario, “pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”. Se refería a un mecanismo por el que el Departamento del Tesoro señala a personas de estar ligadas a crímenes como el narcotráfico y castiga a quienes hagan negocios con ellas. El año pasado incluyó en ella al entonces presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su ministro del Interior Armando Benedetti y su hijo mayor, Nicolás Petro. Antes de terminar su mandato, Petro dijo que Trump veía con buenos ojos su salida de la lista, pero sigue en ella.
Un día después del anuncio de las visas, el senador y excandidato Iván Cepeda denunció que sabe de un ataque que se prepara en su contra desde Estados Unidos, aunque por otro frente. “Tengo conocimiento de que se ha reactivado un plan que en el pasado no pudieron ejecutar agencias estadounidenses en mi contra”, escribió en X. “Se pretende fabricar falsos testimonios para implicarme en actividades ilegales, y adelantar un proceso judicial en Estados Unidos”, añadió, dando más elementos a la denuncia de una guerra política que pasaría por ese país.
El senador dice que no puede dar más detalles al respecto por ahora, pero el temor viene de hace rato. En julio del año pasado, el periodista Daniel Coronell contó que el abogado Diego Cadena, quien trabajó para el expresidente de derecha Álvaro Uribe, buscó a un criminal para que señalara a Cepeda en operaciones de narcotráfico. El jurista habría alardeado con él que tenía contactos con la DEA y podría ayudarle a obtener beneficios de ellos a cambio de su testimonio. El caso, analizado por la Fiscalía, no ha avanzado desde entonces.
“Por otra parte, se adelantan campañas sucias en la redes sociales que cuentan con el concurso de idiotas útiles al servicio de la extrema derecha”, añadió el senador de izquierdas. En el fondo, añade, el propósito es el mismo que denuncia Petro con el tema de las visas, así sea con otro repertorio: “Quieren aniquilar física, judicial y moralmente a quienes dirigimos el Pacto Histórico.”
Los otros mencionados como supuestos compradores de votos por De la Espriella, como los senadores Agmeth Escaf o Pedro Florez, del Pacto Histórico, o Antonio Correa, quien apoyó a Petro pero es del partido de La U, han guardado silencio. Y otros de los señalados enfrentan procesos judiciales complejos por otros motivos. Carlos Caicedo, exgobernador, está condenado por un entramado de corrupción en el sector salud; Andrés Calle, exrepresentante, está detenido por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD), al igual que la senadora Peralta. La izquierda, que después de perder las elecciones presidenciales ha pasado a buscar un discurso que les fortalezca como oposición, está a la expectativa del poder que llegará desde Washington.
