“Lo de la comprensión es, por un lado, un problema lingüístico. Se trata de utilizar el lenguaje de la manera más adecuada posible, de acuerdo con la normativa generalmente aceptada. Pero también es un problema democrático –analiza Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE)–. Se trata de que se reciban los mensajes correctamente y los ciudadanos puedan, en su caso, cumplirlos o impugnarlos, debatirlos, que es la esencia de la democracia”.

Con esta definición de Muñoz Machado a Clarín queda fijado el umbral conceptual de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La cita, que convierte a la ciudad de La Plata en el epicentro del debate iberoamericano sobre transparencia pública, justicia y tecnologías del lenguaje, aborda la legibilidad no como un adorno estilístico, sino como una verdadera frontera democrática.

Durante los días 1 y 2 de octubre, más de un millar de inscriptos y más de 275 ponentes se darán cita en la capital de la provincia de Buenos Aires bajo el lema central Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial.

La consigna de trabajo responde a una idea tan elemental como exigente: garantizar que las leyes, las sentencias judiciales, los contratos corporativos y los algoritmos que organizan la vida cotidiana puedan ser comprendidos por las personas a quienes van dirigidos. En un tiempo de creciente complejidad normativa, donde el lenguaje institucional atenta con frecuencia contra la transparencia, la búsqueda de claridad emerge como un valor indispensable para la vigencia efectiva de los derechos.

La organización del encuentro responde a una alianza de escala continental convocada conjuntamente por la Real Academia Española –titular de la Secretaría de Coordinación de la Red Panhispánica–, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) como sede local y referente institucional en la materia, y la Academia Argentina de Letras como entidad anfitriona del acontecimiento.

En un gesto coherente con los principios de apertura comunicativa que promueve la convención, la totalidad de las sesiones plenarias y de los paneles principales podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Suprema Corte bonaerense, facilitando la difusión de los debates a toda la comunidad hispanohablante.

El despliegue del programa impresiona por su magnitud y capilaridad: siete sesiones de trabajo articuladas en más de 40 mesas simultáneas distribuidas en diversas sedes de la ciudad de La Plata, congregando más de 250 ponencias.

El entramado de discusiones se estructura en torno a seis ejes temáticos fundamentales que abarcan el lenguaje de los poderes públicos y la administración de justicia; la terminología y la comunicación especializada; la formación académica y la capacitación ciudadana; la inteligencia artificial y la ética algorítmica; la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil; y la consolidación del diálogo iberoamericano para la cooperación en lenguaje claro.

En el mapa de voces que dinamizan este encuentro, la figura del poeta, ensayista y presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, se erige como un faro indispensable para desentrañar la profundidad humanista y literaria del debate.

Para Oteriño, la búsqueda de un decir transparente no es un simple ajuste técnico, sino la restitución del sentido primordial del encuentro verbal: “El sintagma ‘lenguaje claro y accesible‘ pone en primer plano el hecho de la comunicación, que es una de las acciones más apreciadas de la vida en sociedad. La ininteligibilidad del mensaje –su contracara, dice Oteriño– no solo es una barrera entre las partes del acto comunicativo, sino que constituye el peor desaire que el emisor puede cometer con su destinatario”.

Desde esta perspectiva, el hermetismo o la oscuridad de los discursos oficiales no son meros accidentes sintácticos, sino una falta de consideración ética hacia el otro. Para Oteriño, el ejercicio de la escritura pública exige desarmar las inercias burocráticas y recuperar el rigor artesanal de la palabra: “Escribir es escribir contra el cliché, contra la frase hecha, contra los formulismos. Y esta condición es un don o una capacidad lingüística que no todos poseen por naturaleza. Menos en una época en la que impera la velocidad por sobre la certidumbre, y en la que la multiplicidad y simultaneidad se encuentran impulsadas por el vértigo informativo”.

Esta exigencia trasciende el ámbito estilístico para calar en la estructura social de la lengua. Oteriño advierte que la incomprensión verbal refleja las asimetrías de poder consolidadas en el idioma: “De donde la temática del lenguaje claro remite a una experiencia lingüística referida a las estructuras gramaticales de la lengua tanto como a las desigualdades del tejido social. Ambas realidades –lo vemos a diario– cargan, como una mochila, con su propio diccionario”.

Ante esta brecha, la doctrina panhispánica sostiene que la responsabilidad de tender el puente comunicativo recae indefectiblemente en las instituciones.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la elección de La Plata reconoce un proceso de reforma interna iniciado hace más de siete años. Sergio Gabriel Torres, presidente del alto tribunal bonaerense, remarca que la jornada profundiza una labor sostenida: “Esta convención es un hito para la Corte, pero no es el comienzo; nació cuando en agosto de 2019 adherimos a la Red Argentina de Lenguaje Claro. A partir de ahí, transformamos el lenguaje claro y accesible en una política de Estado del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.

Desde la perspectiva de la judicatura bonaerense, la opacidad gramatical no es una simple imperfección, sino una falla estructural que vacía de contenido la garantía de la tutela judicial efectiva. “Las decisiones judiciales deben ser comprendidas por la persona a la que van dirigidas. Lenguaje claro significa decisiones en un lenguaje accesible; en definitiva, tiene que ver con la calidad del servicio de justicia –sentencia Torres–. Una justicia que habla en un lenguaje oscuro no es una justicia democrática”. El magistrado enfatiza además la naturaleza transversal de esta exigencia: “Pensemos en el derecho del consumidor: si las personas no entienden sus derechos, no los pueden ejercer”.

Un núcleo neurálgico de la convención aborda el impacto de la marea tecnológica sobre la comunicación contemporánea. Es en este terreno donde la mirada crítica de Rafael Felipe Oteriño vuelve a aportar lucidez para diagnosticar el estado del discurso en el entorno virtual: “Hoy las culturas digitales implantan nuevos formatos y modelos de comunicación: moldean identidades, construyen vínculos, organizan la memoria colectiva. Hoy también el lenguaje se ha vuelto líquido. La conexión reemplaza al encuentro, lo cuantitativo crece a expensas de lo cualitativo, la tecnología se vuelca al servicio del consumo. Menos que operadores, somos usuarios, clientes”.

Frente al riesgo de que la automatización reduzca a los ciudadanos a meros consumidores de consignas indescifrables, la convención plantea un escrutinio ético riguroso sobre las tecnologías del lenguaje y los modelos de inteligencia artificial.

En este escenario cobra relevancia el proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), impulsado por la RAE junto a las academias de la ASALE y corporaciones tecnológicas. LEIA trabaja activamente en adiestrar a las herramientas algorítmicas para que empleen un español correcto, preciso y transparente, evitando que los sesgos o la aceleración digital consoliden nuevas formas de exclusión.

El cierre de las jornadas y la proyección futura de la Red Panhispánica encuentran su síntesis perfecta en las reflexiones de Rafael Oteriño sobre el carácter innegociable de la legibilidad en las sociedades abiertas: “No se trata de cuestiones corporativas, sino de tradiciones, usos y prácticas del ámbito científico y social. El respeto a los derechos humanos en una sociedad democrática también suma el derecho a comprender de la ciudadanía. Con respecto de las personas vulnerables, impone, además, ajustes relacionados con la comprensión de normativas, avisos, cartelería, instrucciones, que le permitan acceder en condiciones de igualdad”.

Lo que se pone en juego en La Plata trasciende la redacción técnica o la confección de manuales de estilo. Lo que se debate en las aulas y estrados bonaerenses es el desmantelamiento de la sintaxis del poder: esa inercia discursiva que durante siglos ha utilizado la complejidad gramatical como trinchera para preservar privilegios. Exigir que un ciudadano comprenda una sentencia, un contrato o un aviso administrativo no es una concesión piadosa, sino el presupuesto indispensable para que la democracia sea una experiencia sustantiva y plenamente igualitaria.