Una maestra de primaria de la Escuela N° 30 D.E.9 – Granaderos de San Martín, en Palermo, quedó separada de su cargo luego de que alumnos y padres denunciaran situaciones llamativas: aseguran que filmaba a los chicos con su celular, que castigaba a quienes se negaban a ser grabados y que les pedía información personal mediante ejercicios realizados en clase. Pero luego surgió un dato aun más llamativo: la docente tenía un antecedente por homicidio culposo y había estado cuatro años prófuga de la Justicia.

El Ministerio de Educación porteño inició una investigación administrativa e informó que la docente se había reincorporado al sistema educativo en agosto de este año, cuando cumplió con la inhabilitación por cinco años que le había recibido cuando fue condenada.

El caso ocurrió en el colegio ubicado en Avenida Del Libertador y Olleros. Según aseguraron fuentes del caso a Clarín, la docente fue identificada como Roxana Carolina Cayo (53).

Los propios alumnos comenzaron a contarles a sus padres diferentes situaciones que les llamaban la atención sobre la maestra. Uno de los chicos relató que la docente grababa a sus estudiantes con un teléfono y que, cuando alguno se negaba, ella misma le imponía como castigo no salir al recreo. Otros aseguraron que, en algunas ocasiones, les había pedido su número de DNI y la dirección de su casa.

Los padres explicaron a Clarín que en una oportunidad la maestra les hizo dibujar el DNI de cada uno y escribir ahí los lugares que frecuentaban. Según esos relatos, los estudiantes de sexto grado debían colocar sus datos personales en esos dibujos.

Las familias también señalaron otra situación que generó preocupación: durante un acto escolar se presentó una supuesta pareja de Cayo y comenzó a filmar a los chicos. Según los padres, el hombre volvió a ingresar al colegio y grabó a los alumnos con un celular con la excusa de realizar un video por el Día del Maestro. Según denuncian, la vicedirectora, que estaba presente ese día, habría sido quien autorizó el ingreso.

Los padres de la comunidad educativa del colegio de Palermo aseguraron que desconocían los antecedentes de la docente. Sin embargo, cuando se enteraron comenzaron a compartir la información entre sí.

En ese contexto, también señalaron que «existe una frecuente rotación de docentes en el colegio, pese a tratarse de una institución muy solicitada en los concursos públicos por su historia y prestigio».

Según pudo saber Clarín, Cayo ya tenía un antecedente penal con una condena por homicidio culposo. En 2014 fue detenida después de permanecer cuatro años prófuga, acusada de abandonar a su hija recién nacida para irse a bailar a un boliche en General La Madrid, provincia de Buenos Aires. La bebé, que tenía seis meses, quedó sola junto a sus hermanos, también menores de edad. Según la investigación, la niña se cayó de la cama y murió como consecuencia del golpe.

La mujer tenía una orden de captura desde 2010 por “abandono de persona seguido de muerte” y fue detenida en Florencio Varela por policías de la DDI de Esteban Echeverría.

En esa causa intervino la UFI 5 de Olavarría, a cargo del fiscal Martín Pizzolo. El juez de primera instancia había condenado a Cayo por homicidio doloso, una calificación que, de haberse mantenido, le habría impedido ingresar al sistema educativo de acuerdo con la reglamentación. Sin embargo, la Cámara de Casación modificó posteriormente la calificación a homicidio culposo, lo que permitió que pudiera reinsertarse en el sistema educativo.

Luego de los relatos de los alumnos y sus familias, la escuela dio intervención al Ministerio de Educación de la Ciudad, que decidió separar del cargo a Cayo hasta que concluya la investigación.

Desde esa cartera porteña aseguraron a Clarín que, “frente a lo ocurrido en la escuela Granaderos de San Martín, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió separar del cargo a la docente Roxana Carolina Cayo e investigar los hechos denunciados”.

El Ministerio también informó que Cayo se reincorporó al sistema educativo en agosto de 2026, una vez cumplidos los cinco años de inhabilitación administrativa producto de una condena por homicidio culposo.

Según explicaron desde la cartera educativa, la ley vigente establece que un docente con una condena por un delito doloso no puede reincorporarse a la docencia. En cambio, un docente condenado por un delito culposo puede reinsertarse en el sistema educativo una vez cumplida su condena y transcurridos los cinco años de cesantía administrativa.

Además de separar del cargo a la docente, el Ministerio de Educación informó que iniciará de manera inmediata un proceso de modificación del decreto reglamentario de la ley vigente.

Respecto de la investigación interna, desde el Ministerio aclararon que se realiza un sumario administrativo para establecer qué ocurrió, pero precisaron que “no se hace un sumario a alguien específico”.