La fecha del juicio, por fin, había llegado. Caridad Silvente, una señora elegante de pelo cano, y su hija, la influencer Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, salieron temprano desde su casa en Alamar en dirección al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, un recorrido en el que fueron custodiadas por agentes de la policía cubana. Para la ocasión, Anna Bensi vistió un pantalón negro, combinó una blusa y un bolso de lunares, acomodó sus rizos sueltos y eligió unas gafas oscuras que la protegían del sol mañanero de La Habana. Lucía mucho más adulta que lo que en realidad es, como alguien de 21 años obligada a resguardarse en la sombra de la adultez. Ambas enfrentarían la justicia por grabar y publicar en redes sociales un video en el que exponían a un oficial de la policía que tocó la puerta de su casa para extenderles una citación con las autoridades.

El hombre sin uniforme, vestido con chanclas azules, pantalón beige y pullover rojo copia de Guess, se asomó a la casa de la familia el pasado 10 de marzo con un encargo. Mostró un carnet de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y, luego de que Caridad le pidiera identificarse, le dijo que se llamaba “Yoel”. Traía entre manos una citación de la Seguridad del Estado para ella y su hija. Las esperaban el 11 de marzo, a las dos de la tarde.

Anna Bensi se había convertido en alguien particularmente molesta ante los ojos del Gobierno desde que publicó en octubre del año pasado un primer video donde denunció la burocracia a la que se enfrentaba para obtener su título universitario. El clip acaparó miles de reacciones y no hubo vuelta atrás para la joven que hasta ahora cantaba, tocaba la guitarra o hacía contenido de humor en sus redes sociales. Las críticas de Anna Bensi crecieron en la medida en que también se agudizó la gran crisis en la que viven los cubanos: los largos apagones, la falta de comida, los basureros en cada esquina, o la inoperancia de un Estado que condena a la gente que los expone. Comenzó la vigilancia, los interrogatorios y las amenazas a la familia.

Esa vez, cuando “Yoel” llegó a la casa, la influencer grabó un video de la visita a modo de evidencia del acoso al que estaban siendo sometidas ella y su madre. “Hicimos todo para nuestra seguridad y para dejar constancia de lo que ocurrió en ese momento, ya que esos ‘policías’ vestidos de civil que se presentaron en mi casa entregando una citación de la Seguridad del Estado a nombre de mi mamá, realmente lo que parecían eran delincuentes”, aseguró Anna Bensi durante una entrevista. “Y cuando sabemos que nuestras convicciones no son agradables a la vista de la dictadura, pues más todavía tengo que exponer toda la represión que se sufre por pensar diferente”.

Para entonces no tenían idea de que un video sería el material con el que contaría el Gobierno cubano para sentar a ambas a rendir cuentas en una sala de juzgado. Fueron acusadas de un delito contra “la intimidad personal y familiar” luego de que el agente “Yoel” aludiera sentirse expuesto y amenazado tras ver su rostro en las redes sociales.

Ahora este jueves, a las afueras del Tribunal que las iba a procesar, las esperaba un grupo de personas ante quienes Anna Bensi se detuvo. “Hoy lo que tiene que pasar es que la verdad triunfe”, dijo. Pero “no va a ser justo un juicio en un país gobernado por un Estado de injusticia. Ninguno de nosotros somos criminales. Solamente estamos expresando lo que pensamos a través de una pantalla. No es un arma, es un teléfono”.

A su lado, Caridad la miraba atenta, como si no terminara de asombrarse de ser la madre de Anna Bensi, la influencer cubana que en videos y parodias ha lanzado los dardos más fuertes contra el Gobierno cubano durante el último año. Caridad parecía pensar en qué momento una joven de esa edad terminó convirtiéndose en enemigo directo del castrismo, o cómo la niña que crió ahora iba a ocupar el banquillo de los acusados.

Sobre las 10 de la mañana, Anna Bensi y su madre entraron al Tribunal, presidido por la jueza Zamira Marrero Morgado. No les permitieron llevar ningún testigo, pero al agente que la acusó le dejaron entrar siete acompañantes a la sala. Casi dos horas después, cuando se les vio salir del Tribunal, la sentencia ya estaba dictada: dos años de limitación de libertad a la madre y a la hija por el delito de “actos contra la intimidad personal y familiar”. O sea, en lo adelante deberán rendir cuentas de manera periódica y no podrán “cambiar de residencia, ni trasladarse a otro municipio o provincia sin la autorización del tribunal competente”, según las autoridades.

Una sentencia “arbitraria”

Una vez terminado el juicio, Anna Bensi se acercó a las personas que permanecían afuera, a pesar del sol que arreciaba al mediodía. La gente se lamentaba. ”¡Qué injusticia! ¡Qué horror! ¡Una niña de 21 años!”, decían. Después de relatar lo que sucedió de puertas para adentro, Anna Bensi alzó los hombros, dio un largo suspiro, consciente de que pudo crear contenido sobre cuán única es La Habana, hacer videos virales sobre cuán bailadores son los cubanos, pero terminó siendo la influencer que enfrentó al régimen en medio de la mayor crisis de todos sus tiempos.

“Me encanta crear y dejar salir todo lo que siento”, dijo Anna Bensi en la entrevista hace unas semanas. “Hasta ahora mis convicciones gritan más alto que el miedo. No sé si realmente valga la pena y estoy segura de que un simple video no va a arreglar nada, pero es mi forma de desahogarme y denunciar mi día a día bajo este régimen comunista”.

Pero la influencer comenzó a ser particularmente molesta para el Gobierno, hasta el punto de llevarla a un enjuiciamiento. Horas antes de que supiera su sentencia, el Gobierno amenazó a varios activistas que intentaron acompañar a Anna Bensi, detuvo a otros e intentó frenar, a toda costa, la ayuda que la ciudadanía procuró ofrecerle. A las puertas del encausamiento, a todos les costaba aún creer que una creadora de contenido y su madre fueran procesadas por el delito de “actos contra la intimidad personal y familiar”.

Se trata de un delito tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano, que permite imponer sanciones de entre dos y cinco años de prisión. “Es básicamente otra acción de represión y criminalización del ejercicio de la libertad de expresión en Cuba”, asegura Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex, que ha documentado el caso. No obstante, Barrios insiste en que se trata de una “arbitrariedad” porque, según explica, “la grabación de funcionarios públicos, cuando realizan acciones propias de su cargo, como en este caso entregar una citación, es algo absolutamente legal, es parte del derecho a la libertad de expresión, parte del derecho que tienen las personas para controlar las actuaciones de los funcionarios públicos”.

Aun así, Anna Bensi ha insistido en que ninguna acción en su contra va a alejarla del camino que ya decidió transitar. “A lo largo de estos meses tan adversos me he sentido muy bien conmigo misma”, sostuvo. “Es muy reconfortante desahogarse en voz alta y ver que tantas personas se identifican con lo que dices. Y aun si nadie se identificara, también diría que fue bueno hacerlo, porque es como quitarse un peso de encima, es sentir que se está haciendo lo correcto”.

El sistema político y la negociación

El país que transita la peor crisis de su historia reciente es el mismo que dedica esfuerzos a patrullar opositores, vigilar a periodistas o aplacar cualquier acto de desobediencia que nazca de la inconformidad. Por eso gran parte del activismo cubano insiste en que, cualquier negociación con Estados Unidos, no puede llevarse a cabo sin que venga de la mano de un cambio político.

Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), asegura que el reciente juicio de Anna Bensi muestra “el escaso interés con que el Gobierno cubano afronta las negociaciones que definirán el futuro de nuestra nación”.

A pesar de la poca información que logra trascender de los encuentros entre funcionarios de Cuba y Estados Unidos durante el último año, se ha conocido que el tema de los presos políticos es un eje de conversación en la mesa de negociaciones. Aunque en abril de este año el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 personas, y luego en abril el indulto de más de 2000, las organizaciones de derechos humanos registran más de mil presos políticos en las cárceles cubanas.

“Es un comportamiento que deben tener en cuenta quienes están en medio de estas conversaciones, ya que evidencia el talante del régimen cubano”, sostuvo Raga. “La represión sigue en Cuba y los defensores de los derechos humanos están más vulnerables que nunca. España, la Unión Europea y América Latina deben actuar junto a Estados Unidos para condenar estas acciones del régimen contra la sociedad civil”.