Según la denuncia presentada en Fiscalía, el hombre era obligado a permanecer en el lugar y fue amenazado con un cuchillo: “Te vamos a prender fuego”. La causa investiga presuntos delitos de reducción a la servidumbre, amenazas agravadas y lesiones.

Una historia de extrema vulnerabilidad, presunta explotación laboral y amenazas de muerte sacudió a Gaiman. Un trabajador rural de 44 años, llegado desde La Rioja con la promesa de conseguir empleo, habría terminado viviendo durante ocho meses en un gallinero, sin cobrar por sus tareas, sin recibir alimentos y con temor por su propia vida.

El caso llegó a la Fiscalía a partir de la denuncia presentada por el abogado Facundo Bonavitta, quien tomó contacto con el hombre luego de que este le pidiera ayuda. El relato del trabajador expuso una situación que ahora deberá ser investigada por la Justicia y que, de acuerdo con la presentación, podría encuadrarse en delitos de extrema gravedad.

Según explicó el letrado, el hombre habría sido contratado para cuidar una chacra y realizar distintas tareas rurales. Sin embargo, lejos de las condiciones laborales que le habrían prometido, terminó viviendo en un espacio precario, sin las condiciones mínimas de habitabilidad y sin percibir remuneración alguna.

Ocho meses en un gallinero y sin cobrar un peso

Las condiciones que describió Bonavitta son estremecedoras. El trabajador viviría en una construcción utilizada como gallinero, sin calefacción ni servicios básicos, con filtraciones de agua y presencia de ratas. A esa precariedad se sumaría la falta de alimentos y la ausencia de pago por el trabajo realizado.

“Lo tenían trabajando en una chacra y viviendo en un gallinero”, sostuvo el abogado al describir lo que encontró cuando se acercó para conocer personalmente la situación.

El hombre, que no sabe leer ni escribir, habría llegado desde La Rioja con la expectativa de encontrar una oportunidad laboral. Pero, según la denuncia, nunca le pagaron ni le dieron comida.

La situación se habría agravado porque tampoco podía salir libremente a buscar otro empleo. Su obligación de permanecer en el predio para cuidar la chacra lo habría dejado atrapado en una situación de dependencia, sin ingresos y sin alternativas claras para abandonar ese lugar.

A sus 44 años, lejos de su provincia de origen y sin un sitio al que ir, el trabajador habría quedado expuesto a condiciones de extrema vulnerabilidad.

La amenaza que terminó en una denuncia

El episodio que impulsó la intervención del abogado habría sido una amenaza directa contra la vida del peón. De acuerdo con el testimonio difundido por Bonavitta, el propietario de la chacra lo habría intimidado con un cuchillo y le habría advertido sobre las consecuencias de abandonar el lugar.

“Lo amenazaron con un cuchillo de que si no deja el lugar lo van a matar. ‘Te vamos a prender fuego’, le dijo el dueño de la chacra donde él trabaja”, relató el letrado.

El temor del trabajador habría sido determinante para buscar ayuda. Bonavitta aseguró que el hombre tiene mucho miedo y sostuvo que la persona denunciada tendría antecedentes y otras denuncias en su contra, además de que presuntamente circularía armada. Esos extremos deberán ser corroborados en el marco de la investigación.

La denuncia también incluye presuntas lesiones derivadas de golpes y situaciones de violencia física, según lo expuesto por el abogado.

Reducción a la servidumbre: una causa que deberá investigar la Justicia

Bonavitta sostuvo que los hechos denunciados podrían configurar los delitos de reducción a la servidumbre, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y lesiones.

La presentación judicial busca que se investigue si el trabajador fue sometido a condiciones de explotación, privado de una remuneración y de alimentos, y obligado a permanecer en la chacra mediante amenazas y violencia.

Ante el temor expresado por el hombre, el abogado señaló que le recomendó no abandonar el lugar por sus propios medios, al advertir que no existe una orden de desalojo. La situación plantea, además, la necesidad de establecer medidas que permitan resguardar su integridad y evitar que quede expuesto a nuevas amenazas.

Por ahora, los hechos forman parte de una denuncia penal y deberán ser acreditados mediante las actuaciones judiciales correspondientes. La investigación tendrá que determinar las responsabilidades de las personas involucradas y establecer qué ocurrió durante los ocho meses que el trabajador habría permanecido en esas condiciones.

Detrás de la denuncia hay un hombre que llegó desde otra provincia en busca de trabajo y que, según su relato, terminó viviendo entre la precariedad, la falta de alimentos y el miedo. Ahora, la Justicia deberá esclarecer si en esa chacra de Gaiman se configuró un caso de reducción a la servidumbre y si las amenazas denunciadas fueron utilizadas para mantenerlo sometido a esa situación.