La rabia ha vuelto este sábado a las calles de Francia. Estudiantes, funcionarios, transportistas y el espectro de los chalecos amarillos acudieron masivamente a la cita en unos 500 puntos del país. La movilización social, convocada originalmente contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, a la que después se sumaron los estudiantes, ha terminado incendiando las calles de las grandes ciudades de Francia. El presidente de la República, Emmanuel Macron, llamó a la calma el viernes por la noche. No sirvió de nada, como la mayoría de su acción de gobierno en el último año. La policía cargó violentamente contra los manifestantes con pelotas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua en las principales ciudades del país, cuyas calles empezaron a arder pasadas las dos de la tarde.
Los líderes de las protestas habían convocado alrededor de 500 acciones y más de 90 manifestaciones. Unas 500.000 personas, según el sindicato CGT, acudieron a la llamada. Urbes como Lyon (la tercera más poblada del país) amanecieron con algunas calles cortadas por barricadas formadas por bicicletas de alquiler, contenedores y neumáticos. En París, la policía ya había detenido a media mañana a más de un centenar de personas y en ciudades como Marsella (la segunda en población) comenzaron temprano las cargas policiales contra los primeros manifestantes, que incendiaron contenedores y papeleras. Un olor a plástico quemado, pólvora y gas lacrimógeno invadió el aire de París y ya no desapareció.
Las llamas prendieron en todo el país y quemaron los últimos restos del macronismo, un decenio que ha terminado desatando la cólera de los ciudadanos. A seis largos meses de las elecciones, con un gobierno débil que debe aprobar un presupuesto con recortes de 54.000 millones, una deuda disparada (119% del PIB) y la ultraderecha a las puertas del Palacio del Elíseo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, crece la sensación en la calle de que no hay interlocutor en el poder. “La sensación es la del final de un reinado”, opina el sociólogo Jérôme Fourquet. Lo mismo que perciben los manifestantes.
Al mediodía, un grupo de agitadores entró y vandalizó una comisaría y ocupó luego la entrada del Ayuntamiento de Marsella, forzando la puerta. El alcalde se vio obligado a pedir refuerzos personalmente a Macron. “La comisaría de policía municipal de La Canebière ha sido vandalizada, las puertas del Ayuntamiento han sido forzadas, numerosos comercios han sido dañados”, lamentó el regidor. Lo mismo ocurrió en otras ciudades como Lille o Rennes. En Lyon ardió la oficina de turismo. “Es un drama”, lamentó su alcalde. A media tarde comenzó también a haber pillajes en algunos comercios. La sensación era de un pérdida total de control por parte de las fuerzas de orden.
La protesta, y esa también es la novedad respecto a los últimos días de conflicto, confirma un cierto regreso de los chalecos amarillos a Francia, cuya indumentaria empezó a dar color a las primeras aglomeraciones en la plaza de la República de París, donde empezó a las 14.30 la gran manifestación en la capital. La marcha, pacífica y ordenada, fue lo más tranquilo. Mientras decenas de miles de personas marchaban, en las calles adyacentes los antidisturbios y agitadores vestidos de negro con gafas de esquí y mascarillas se enzarzaban en una batalla campal con proyectiles de todo tipo. Ardieron coches, motos, bicicletas y contenedores. Y las barricadas que formaron los manifestantes en la calle solo se abrieron cuando pasaban los bomberos y las ambulancias, siempre aplaudidos.
“Hemos vuelto. Han pasado ocho años, pero todo sigue siendo una mierda. La gasolina es más cara, somos más pobres. Se ríen de nosotros, Macron se ha reído de nosotros”, protesta Philippe Doué, 54 años, parado. El hombre, que ya participó en las primeras protestas de los chalecos amarillos, ha venido a París desde Nanterre con un grupo de amigos. “Los sábados salimos en bici o nos juntamos en el bar. Hoy toca luchar por nuestros derechos y por los de los jóvenes”, insiste al pie de la estatua de la Marianne, símbolo de la Revolución Francesa, custodiada por decenas de antidisturbios.
Una hora más tarde, comenzaron también las cargas policiales en la propia plaza, cuyos manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y con un camión con cañones de agua. La plaza de la República terminó envuelta en una columna de humo, como tantas confluencias de la ciudad, y con algunos heridos en el suelo.
A pocos metros, algunos diputados de La Francia Insumisa (LFI), el único partido que ha podido participar en las protestas y aprovecharlas políticamente, se paseaban entre los manifestantes. Mathilde Panot, jefa del grupo en la Asamblea Nacional, advertía a EL PAÍS que “todo terminará como quiera el Gobierno”. “De momento no han respondido más que con la fuerza policial, con gases lacrimógenos, bombas que arrancan las manos a estudiantes o les dejan tuertos… ¿Lo ve? Ahí lo tiene“, dice mientras vapea un cigarrillo electrónico tranquilamente y la policía empieza a cargar hacia donde se encuentra ella (y el periodista).
La protesta de este sábado empezó con un clip en TikTok, un malestar generalizado por el encarecimiento de los combustibles y una fecha: 17 de octubre. La convocatoria nació en redes sociales hace un mes y se convirtió en el nuevo objeto político-mediático de septiembre. La petición ―que incluía una especie de póster diseñado con inteligencia artificial― reclamaba una movilización nacional de chalecos amarillos con ocupación de rotondas y plazas en todo el país mientras sonaba de fondo una canción con el estribillo: “Macron, dimisión”. La misma letra que corearon este sábado todos los manifestantes. “Macron, estás jodido, la calle no está contigo”, cantaban algunos.
Nadie tomó demasiado en serio, al principio, la convocatoria de los chalecos amarillos en redes. Pero las protestas de los estudiantes han incendiado el país en los últimos días y el malestar generalizado ha encontrado una vía de canalización este sábado a través de la protesta. La violencia, sin embargo, ha desbordado todas las previsiones. También la policial. En Saint Étienne un manifestante perdió una mano, tal y como ocurrió también hace una semana en otra protesta, por la explosión de una granada aturdidora de la policía.
El movimiento de los chalecos amarillos surgió en Francia en 2018 como una convocatoria en redes contra el alza de los precios de los combustibles impulsada por el Gobierno de Macron, y se definió a sí mismo como ciudadano, transversal, sin portavoces ni líderes oficiales y sin adscripción a ningún partido. El 17 de noviembre de 2018, su jornada fundacional, reunió a 282.000 personas que se manifestaron en todo el país. Ahora, ocho años después, la sombra de su regreso señala también un día 17, un mes antes en el calendario, justo al final del mandato del presidente a quien recibieron entonces.
La convocatoria también ha reunido ahora a organizaciones juveniles, colectivos ecologistas, agricultores y sindicatos. Entre ellos figuran la Confederación Campesina, la intersindical de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el sindicato Solidaires. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado que participará allí donde se den las condiciones necesarias, mientras que los chalecos amarillos han anunciado un millar de acciones.
La confluencia de luchas y de organizaciones implicadas refleja la amplitud de las reivindicaciones sociales, que van más allá de una única cuestión y reúnen distintas expresiones de descontento frente a la situación económica y las dificultades cotidianas de numerosos ciudadanos. Todo ocurre cuando el Parlamento debe debatir unas nuevas cuentas públicas que incluyen recortes de hasta 54.000 millones de euros para controlar una deuda disparada cuyo coste supone ya una carga mayor que la partida de Educación Nacional.
El paisaje de fondo no favorece que pueda haber una respuesta del Ejecutivo para calmar las aguas. El Banco de Francia rebajó hace apenas unos días su previsión de crecimiento para 2026 hasta una horquilla de entre el 0,4% y el 0,5%, muy por debajo del 1% que manejaba a finales de 2025, y elevó su pronóstico de inflación hasta el 2,5% para este año, casi un punto porcentual más de lo calculado meses atrás. La propia entidad admite que esa atonía económica, combinada con el encarecimiento de la deuda, empujará el déficit público al 5,2% del PIB en 2026, una décima más que en 2025. La inflación interanual ya se situó en agosto en el 2,4%, acelerando desde el 2,1% de julio, con una energía que se ha encarecido casi un 17% en el último año.
La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, considera que la jornada de movilización pone de manifiesto la gravedad de la situación económica que atraviesan numerosos trabajadores. Binet afirmó en la cadena de radio France Inter que productos cotidianos como los tomates y los calabacines, así como el combustible, se han convertido en gastos cada vez más difíciles de asumir para una parte de la población.
Desde el inicio del movimiento, unos 210 estudiantes de secundaria han resultado heridos hasta este sábado, junto con 150 miembros del personal educativo y 900 integrantes de las fuerzas del orden. Este balance humano va acompañado de 8.000 detenciones policiales, de las cuales el 85% corresponden a menores de edad, y de una treintena de investigaciones encomendadas a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo encargado de investigar posibles irregularidades policiales. En cuanto a los daños materiales, estos ascienden a “un mínimo de 30 millones de euros”, según indicó el Gobierno el viernes de la semana pasada.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó también que la policía podrá recurrir a granadas aturdidoras y otros medios antidisturbios en caso de enfrentamientos graves. Ese anuncio llega después de que, el miércoles de la semana pasada, el ministro ordenara suspender temporalmente el uso de un tipo de estas granadas tras un incidente ocurrido en Lens (norte), donde un manifestante de 15 años sufrió la amputación de una mano durante las protestas relacionadas con el bloqueo de institutos. Nuñez precisó entonces que la suspensión se limitaba al movimiento estudiantil y que se mantendría mientras se investigaban las circunstancias de lo ocurrido.
