Un bebé fue salvado contrarreloj en Neuquén gracias a la intervención de un juez de familia que permitió que reciba asistencia médica, a pesar de no contar con el permiso de sus progenitores por creencias religiosas. Ocurrió en San Martín de los Andes y el tema abrió la polémica acerca de las convicciones religiosas y el enfrentamiento con la vida real.
El bebé nació con una obstrucción intestinal y necesitaba de manera urgente una transfusión de sangre. Pero, los padres pertenecientes a la organización Testigos de Jehová, se oponían a una posible transfusión durante la intervención. La situación generó un conflicto dentro del hospital Castro Rendón, quienes buscaban priorizar la vida del bebé que tenía menos de 24 horas.
Intentaron explicarle que el bebé necesitaba la transfusión, a pesar de que los padres se oponían. A contrarreloj, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes priorizó la vida del recién nacido y autorizó a los profesionales médicos para que se concretara la cirugía, que resultó exitosa.
Con menos de 24 horas de vida y por la complejidad que presentó el cuadro, el bebé tuvo que ser trasladado de urgencia desde el hospital de San Martín de los Andes, hacia el hospital Castro Rendón, el más equipado para casos complejos de la región. El bebé fue diagnosticado con «obstrucción intestinal».
Hubo un lapso de cinco horas donde la criatura se debatió entre la vida y la muerte. Fue el tiempo en que tardó Laura Lucero, representante de la defensoría, en autorizar la cirugía, a pesar de la negativa recurrente de los padres, quienes apuntaban a sus vínculos con la fe.
«Teníamos que hacerlo de manera urgente. No había opción», confirmó Lucero. «Hicimos una medida autosatisfactiva», contó.
La doctora explicó que es una herramienta judicial para casos muy urgentes en casos extremos donde la vida o la salud están puestos en riesgo. De hecho, los profesionales coincidieron en sus informes en que si no se intervenía, el bebé tenía un riesgo extremadamente concreto de morir.
El objetivo era que se «autorizara la intervención quirúrgica» y que fundamentalmente, se habilitara la «transfusión de sangre», en caso de ser necesario. Este último punto es el que generaba el punto de tensión entre la Justicia y la decisión de los padres del bebé.
El juez Luciano Zani dio curso al pedido de la Defensoría y en el dictamen explicó los alcances que tienen la responsabilidad parental. «En Argentina, los padres tienen el derecho y el deber de decidir sobre la salud de sus hijos menores de edad, pero dicho derecho no es absoluto».
«Cuando las decisiones de los progenitores, amparadas en creencias religiosas o estilos de vida, restringen el acceso del niño a cuidados médicos esenciales, el Estado tiene la obligación legal y moral de intervenir para restablecer los derechos afectados”, explicó en el fallo.
El juez además citó a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional vigente: «El interés superior del niño debe guiar cada actuación judicial y administrativa», puntualizó. Y reiteró que «el derecho a la vida y a la salud son prioritarios». «No pueden ser condicionados por las creencias de los padres, cuando la situación del menor es crítica», insistió.
En una entrevista realizada por el diario Río Negro, Lucero confirmó que la madre del bebe casi no tenía registros de cuidados anteriores a su nacimiento. «Casi no tenía controles. O por lo menos no figuraban en San Martín de los Andes. Tampoco en Villa Pehuenia que es donde viven los padres», explicó.
La profesional trajo el tema a colación, ya que lo que sufrió el bebé es una patología que se podría haber descubierto durante los controles prenatales. Por lo pronto, el bebé evoluciona favorablemente.
Por lo informado en el medio local, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Zapala tomó el seguimiento del caso, ya que es la jurisdicción más cercana.
