Las familias que tienen chicos con alguna discapacidad viven, con frecuencia, situaciones dramáticas en los colegios privados de la Ciudad. Dicen que, salvo excepciones, los rechazan sin explicación clara y, muchas veces, esas negativas no quedan asentadas por escrito, lo que impide reclamar.
Por eso, distintas organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, referentes de instituciones y madres y padres de niños con discapacidad impulsaron este año una reforma a la ley porteña 2.681 (de matriculación) con el objetivo de que haya “mayor transparencia, inclusión y resguardo de derechos en el acceso a la educación”.
Y ese proyecto este jueves se convirtió en ley. La Legislatura porteña lo aprobó con 44 votos afirmativos.
La iniciativa establece nuevas regulaciones en materia de vacantes y procesos de inscripción en las escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial. Entre ellos, la obligación de crear un Registro Público de Vacantes para las escuelas privadas incorporadas al sistema oficial.
La nueva ley busca eliminar los rechazos arbitrarios. Establece que los colegios privados no pueden negar inscripción o reinscripción sin justa causa y en caso de que exista una, describir detalladamente la definición de “justa causa”: solo será válida si no contradice derechos constitucionales, de la CABA ni tratados internacionales (en especial, de niñez y discapacidad). También da derecho a las familias a pedir esos fundamentos ante una negativa.
En cuanto al nuevo Registro Público de Vacantes, ahora el Ministerio de Educación de la Ciudad deberá crearlo y publicarlo, e informar cuántas vacantes hay disponibles por grado y año en cada colegio, tanto para el ciclo lectivo actual como para el siguiente. Cada institución deberá, por su parte, mantener su información al día, tanto en su web institucional como en la web oficial del Ministerio.
Los debates previos en la comisión de educación presidida por el diputado Sergio Siciliano, donde se llevaron a cabo encendidos intercambios de opinión, contaron con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, instituciones vinculadas con la discapacidad y familiares de niños en edad escolar. Se expusieron testimonios de discriminación, especialmente cuando se trata de estudiantes con discapacidad.
Para Genoveva Ferrero “el objetivo siempre fue simple y profundamente humano, que las familias con hijos con desafíos en nuestra Ciudad accedan a una vacante en una escuela privada sin atravesar un laberinto de obstáculos, silencios y puertas cerradas. Hoy, con esta ley, damos un paso histórico en ese sentido. Ponemos fin al peregrinaje doloroso de familias que durante años recorrieron instituciones rogando por un lugar donde sus hijos pudieran ejercer un derecho que jamás debió ser cuestionado”. Asimismo, señaló que “desde el Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad vamos a seguir trabajando incansablemente. Pondremos cada recurso, cada herramienta y cada gota de energía para que ningún niño de esta Ciudad vuelva a tener que pedir permiso para acceder a su derecho más básico: aprender, crecer y pertenecer”.
“Si bien consideramos que una ley no resuelve mágicamente todos los problemas de inserción escolar que padecen los niños con neurodivergencias, creemos que este es un paso más que damos hacia la convivencia, por eso apoyamos la iniciativa desde que nos invitaron a conocer el proyecto. En Teactiva no paramos de recibir denuncias de familias que tienen gravísimos problemas para escolarizar a sus hijos pero esto recién se va a resolver cuando los colegios se abran a la neurodiversidad”, sostuvo Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva.
