El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. Rodríguez, que evitó referirse a los detenidos como presos políticos, consideró las excarcelaciones “un gesto unilateral para afianzar” la “decisión inquebrantable de consolidar la paz” en el país y “la connivencia pacífica”, sin distinción de ideología o religión.
Entre los liberados por el chavismo están Rocío San Miguel, una prestigiosa analista y directora de la organización Control Ciudadano, y el excandidato presidencial Enrique Márquez.
San Miguel, venezolana de padres españoles, estaba presa en la cárcel El Helicoide desde febrero de 2024 tras ser detenida junto a su hija en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Miami. Días después de su captura, el fiscal general, Tarek William Saab, la acusó de estar involucrada en la operación Brazalete Blanco, un presunto plan conspirativo denunciado por la alta jerarquía chavista. Según su familia, San Miguel viajará a España en breve.
Márquez, por su parte, estaba preso desde enero del año pasado. Fue candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024 en representación de un pequeño partido opositor, Centrados. Entre 2020 y 2023 encabezó el cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral como parte de un pacto político logrado entre sectores de la oposición y el chavismo de cara a los ciclos electorales de esos años.
En el listado de liberados extranjeros están confirmados hay cuatro españoles: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe, según han confirmado a EL PAÍS fuentes diplomáticas. Además de estos cuatro, hay en torno a una quincena de reclusos que tienen doble nacionalidad hispanovenezolana y de los que aún no hay noticias de cuántos pueden haber quedado también en libertad. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado que se trata de un “gran primer paso”.
El Gobierno bolivariano ha presentado las liberaciones como una decisión ajena a la presión extraordinaria que recibe por parte de Estados Unidos desde la captura, en la madrugada del 3 de enero, del presidente Nicolás Maduro, preso ahora en una cárcel de Nueva York. “Considérese este gesto como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, ha declarado Rodríguez en una rueda de prensa tras una sesión de la Asamblea que preside.
El diputado, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, agradeció la mediación en la crisis venezolana del ex presidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de Brasil, Lula Da Silva, y el gobierno de Catar.
En Venezuela hay, en este momento, unos 820 presos políticos, la cifra más alta de todo el hemisferio, de acuerdo a la ONG Foro Penal, especializada en el tema. De ellos, 89 son extranjeros (sumando venezolanos con dos nacionalidades). Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón, aseguran que los detenidos son más de 1.000, muchas de ellos arrestados luego de las protestas que cuestionaron el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. El pasado mes de diciembre, el Gobierno había autorizado la excarcelación de 180 prisioneros.
No queda claro si estas medidas que excarcelación suponen la libertad plena de los presos políticos, o si se les aplicará restricciones, como un régimen periódico de presentación ante los tribunales o la prohibición de salida del país, como ha sucedido con casi todos los casos anunciados en el pasado. En cualquier caso, las organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos exigen una amnistía general ante lo que consideran arrestos “arbitrarios e injustificados”.
Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro.
