El conflicto en el Hospital Garrahan escaló este martes luego de que la dirección del establecimiento solicitara el levantamiento de la tutela gremial de diez dirigentes para avanzar con sus despidos, en el marco del sumario iniciado por la ocupación de oficinas administrativas ocurrida en octubre de 2025, una medida de fuerza que los trabajadores realizaron en reclamo de recomposición salarial, mejoras en las condiciones laborales y mayores recursos para el funcionamiento del hospital, en un contexto de ajuste sobre el sistema de salud pública.
La decisión fue expuesta públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de que los trabajadores involucrados fueran notificados de manera formal del dictamen elaborado por el área jurídica del hospital.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, sostuvo ante PERFIL que “no se trata de un procedimiento administrativo normal, sino de una operación política que busca disciplinar a quienes defendimos el hospital”, y advirtió que el sumario continúa abierto y que los trabajadores ejercerán su derecho a la defensa en todas las instancias previstas.
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A través de su cuenta oficial en la red social X, Adorni sostuvo que “el que las hace, las paga” y confirmó que el Hospital Garrahan había solicitado el desafuero de diez gremialistas para avanzar con sus despidos, a quienes acusó de haber dirigido una “toma ilegal” de las oficinas de la dirección. En el mismo mensaje, Adorni atribuyó el origen del conflicto a un reclamo por el pago de días no trabajados, informó que otras 29 personas recibirán sanciones y encuadró la medida en una ofensiva más amplia contra lo que definió como “la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien”.
Según detalló el Consejo de Administración del hospital, se resolvió aplicar sanciones diferenciadas a los 44 trabajadores sumariados. En la mayoría de los casos se dispusieron sanciones menores, pero en 11 situaciones se recomendó la cesantía por considerar acreditado un rol activo en la organización y conducción de la protesta. De ese grupo, 10 cuentan con tutela gremial, lo que impide la ejecución inmediata de los despidos sin una autorización judicial previa.
Las personas alcanzadas por la medida son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
Un anuncio político antes que una notificación formal
Desde APyT y la Junta Interna de ATE coincidieron en remarcar que el proceso administrativo continúa abierto y que, hasta el momento, no hay despidos firmes. El dictamen conocido corresponde a una recomendación de la abogada sumariante del hospital, que deberá atravesar aún varias instancias: el descargo de los trabajadores, un dictamen final, la resolución del Consejo de Administración y posteriores vías de apelación administrativa y judicial.
En ese contexto, los gremios calificaron como “grave e irregular” que el anuncio de las cesantías se haya realizado de manera pública antes de que los trabajadores fueran notificados formalmente. “Nuestros nombres quedaron expuestos con una suerte de sentencia previa, sin que se nos haya garantizado todavía el derecho a la defensa”, advirtió Lezana, y señaló que esa secuencia refuerza la idea de una intervención política directa en un trámite que debería limitarse al plano administrativo.
Los trabajadores del Garrahan enmarcan el conflicto en una disputa más amplia por salarios, condiciones laborales y recursos, en un contexto de ajuste presupuestario sobre el sistema de salud pública. En ese sentido, denunciaron que desde la llegada del interventor Mariano Pirozzo, en julio de 2025, el hospital atraviesa una crisis en distintas áreas y especialidades.
Según los gremios, Pirozzo no accedió al cargo por antecedentes en pediatría, sino por su alineamiento con una política de recorte. Señalan, además, que fue designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, tras haber impulsado sin éxito el cierre del Hospital Bonaparte y un intento de despido masivo de trabajadores en el ámbito de la salud mental. También cuestionan el carácter “cerrado y autoritario” de la gestión y la falta de instancias de diálogo institucional.
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A ese escenario se suma la reciente denuncia por la rescisión de 70 contratos de profesionales de la Guardia Médica, muchos de ellos con más de una década de antigüedad bajo modalidades de empleo público temporario. Según la APyT, se les comunicó que para cobrar lo trabajado en enero debían firmar contratos de locación de servicios, modificando de manera unilateral sus condiciones laborales.
Frente a esta situación, los trabajadores anunciaron la realización de una conferencia de prensa en el hospital —con horario a confirmar— y ratificaron la convocatoria a un Cabildo Abierto para el miércoles 4 de febrero a las 16 horas, con el objetivo de articular una respuesta unitaria frente a la precarización laboral, los sumarios y el avance de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
Desde los gremios sostienen que el avance contra dirigentes con tutela sindical no es un hecho aislado, sino un intento deliberado de disciplinar una de las luchas más visibles de 2025, la que logró frenar recortes en el hospital a partir de la organización interna y un fuerte respaldo social.
En esa línea, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, a quien le fuera anunciado su despio, advirtió que el Garrahan atraviesa “un estado de conmoción” y denunció que el dictamen, conocido por el Gobierno antes que por los propios trabajadores, confirma que se trata de una operación “100% política” para aleccionar a quienes reclamaron salarios, denunciaron el vaciamiento y defendieron el derecho a la protesta: «Que el jefe de gabinete Adorni anuncie despidos y sanciones cuando se supone que estaba en curso un proceso sumarial de caracter ‘reservado’ confirma el carácter 100% político de esta persecución».
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Y luego agregó: «El gobierno anunciaba en los medios lo que supuestamente era un primer dictamen de la oficina de sumarios del Garrahan, incluso antes de que los propios acusados fueran anoticiados, lo cual prueba una irregularidad enorme, y la connivencia entre toda la plana mayor del Hospital, incluida la Dirección de Asuntos Jurídicos con el Poder Ejecutivo«.
Para luego señalar: «Aunque las pretendidas sanciones todavía deberían pasar la prueba del derecho a defensa e incluso de juicios de desafuero, está claro que quieren ir a fondo. Despejaron las dudas: el sumario siempre fue un armado, porque lo único que hicimos fue ejercer el derecho a la protesta. Por eso atacan a quienes estuvimos y estamos al frente de la lucha, destacándose los dirigentes gremiales de ATE y APyT junto con activistas de diversos sectores».
Por su parte, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE Garrahan y a quien también le fuera anunciado su despido denunció: «Es todo muy obvio, golpean a aquellos que estuvimos al frente de la pelea, en un revanchismo antiobrero que no puede ser pasado por alto. No sólo es grave la sanción, sino su motivo. El gobierno busca criminalizar el derecho a la protesta, sumariando a los partícipes de una movilización pacífica a la dirección, en la que se rechazaba nada más y nada menos que los criminales descuentos aplicados a centenares de trabajadores por el ejercer el derecho a huelga. Este es otro anticipo de lo que el gobierno quiere con su reforma laboral antiobrera«.
Finalmente, la Junta Interna del hospital dijo que «llamará a la más amplia solidaridad contra estos despidos y sanciones del gobierno a los trabajadores del Garrahan. Todos los trabajadores del hospital debemos responder ante este ataque que busca revancha ante el 61% conquistado, digitando despidos y sanciones a quienes estuvieron al frente de la pelea. Debemos organizar una gran asamblea del hospital, para enfrentar este ataque y luchar contra la Reforma Laboral.»
Un hospital de referencia regional
El Garrahan es el principal hospital pediátrico de alta complejidad de la Argentina y un emblema en América Latina. Cada año atiende alrededor de 610 mil consultas, realiza más de 12 mil cirugías, supera los 110 trasplantes, procesa 2,4 millones de análisis de laboratorio y concreta unas 180 mil prestaciones de imágenes, con más de 28 mil egresos anuales. Para sus trabajadores, lo que está en juego excede un conflicto gremial: es el modelo de salud pública y el futuro de una institución estratégica del sistema sanitario.
ML
