En medio de un panorama político y humanitario para el cual el adjetivo catastrófico comienza a quedarse corto, en Haití el 2025 también estuvo marcado por las deportaciones. El año pasado regresaron a Haití cerca de 270.000 ciudadanos expulsados desde la vecina República Dominicana. Ahora, el país caribeño también contiene la respiración ante la posibilidad de que un retorno similar al del año pasado suceda de nuevo, pero en este caso de migrantes expulsados en masa por el Gobierno de Donald Trump. El futuro de más de 300.000 haitianos que viven y trabajan en Estados Unidos bajo el amparo de su Estatus de Protección Temporal (TPS) lo definirá un tribunal de apelaciones en algún momento después de este jueves, cuando se acaba el plazo para que se presenten argumentos y los tres jueces que componen el panel comiencen a deliberar.
Originalmente, el TPS —un permiso de residencia especial otorgado a ciudadanos de países que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que no tienen condiciones seguras para el regreso— de Haití, en pie desde el terremoto de 2010 que destrozó la nación caribeña, estaba previsto a acabarse el 3 de febrero, pero una jueza de distrito bloqueó el fin de la medida el 2 de febrero. El Gobierno de Trump, que a lo largo del último año ha terminado con el TPS de casi todos los países que tenían este amparo migratorio, creando más de un millón y medio de nuevos indocumentados, recurrió esa decisión, tanto con la jueza Ana Reyes, quien ha recibido amenazas de muerte tras su fallo, como con la corte de apelaciones. Dependiendo de la decisión del panel de magistrados, el caso podría todavía llegar al Supremo.
Para el DHS y la Administración Trump, Haití ya no reúne las condiciones necesarias para la designación del TPS, pero en ningún momento lo ha argumentado claramente y esa aseveración va en contra de lo que se sabe de la situación humanitaria en el país del Caribe. Es por esto que la jueza Reyes bloqueó la eliminación del TPS y sería presumible que, si se están teniendo en cuenta en realidad las condiciones de vida y seguridad en Haití, la corte de apelaciones sostendría esta decisión. Sin embargo, el fallo reciente de otro panel de jueces para permitir la eliminación del TPS para Nicaragua, Honduras y Nepal, ha generado un temor muy real de que los haitianos, que representan casi una cuarta parte de todos los beneficiarios actuales de TPS, sean los siguientes en perder la protección migratoria.
Desde Puerto Príncipe, Mwiti Mungania, el director para Haití de la ONG humanitaria International Rescue Committee (IRC), advierte de lo que se podrían enfrentar los posibles deportados desde Estados Unidos si es que se acaba el TPS. “Hay un solapamiento de violencia, desplazamiento y hambre. Los servicios básicos están muy limitados, desde el agua, las provisiones, salud y comida. Además, las comunidades viven en miedo porque no saben cuándo vendrán las pandillas por ellos o sus vecinos”, explica Mungania.
La experiencia de los deportados desde República Dominicana da una idea de lo que podría estar por venir. Dado el control del territorio por las pandillas, el aeropuerto de la capital no está operativo de manera confiable y los expulsados llegan al norte del país, por lo que deben encontrar la manera de trasladarse al sur, donde está Puerto Príncipe y la mayor parte de la población. La escasez y la inseguridad hacen de ese viaje un periplo en el que se está a la merced de los grupos criminales que tienen retenes de extorsión en las carreteras. Y, una vez en sus lugares de origen, muchos se encuentran sus casas tomadas y se convierten así en desplazados internos. Tampoco es fácil encontrar un trabajo y casi toda la población depende de las ayudas humanitarias. Mungania asegura que, en muchos casos que ha visto, la gente ha preferido volver a República Dominicana, aceptando como menor el riesgo de una nueva deportación que el de intentar reconstruir una vida en Haití.
Los deportados desde Estados Unidos, que ya han ido llegando pero en números mucho menores, apenas un poco más de 1.000 en el último año, augura Mungania, se enfrentarían a esto, pero también serían blancos más atractivos para las pandillas. “Si se percibe que tienes dinero, estás más en riesgo de extorsión y otros riesgos de seguridad”.
Las condiciones humanitarias en Haití, donde una décima parte de los 11 millones de habitantes son desplazados, están ampliamente documentadas por organizaciones no gubernamentales y también por la ONU. A ello se suma el hecho de que, tras el fin de un Gobierno temporal el pasado 7 de febrero que le dio el poder a regañadientes a un primer ministro que cuenta con el apoyo tácito de Estados Unidos, pero tiene poco margen de acción interna sin elecciones a la vista, Haití vive bajo la sombra de tres buques estadounidenses que llegaron a la bahía de Puerto Príncipe días antes.
Desde Estados Unidos, los llamados internos para mantener el TPS de los haitianos están acompañados por argumentos sobre la comunidad ya asentada en el país. Este martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James —que ha sido perseguida infructuosamente por la Administración Trump— lideró una coalición con otros 17 fiscales generales en la defensa de la situación jurídica de los cientos de miles de migrantes haitianos cuyo futuro está en las cortes, entre ellos muchos que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante más de una década. James y la coalición argumentan que poner fin al TPS para los haitianos pondría en peligro la seguridad, la salud y la economía de comunidades de todo el país y trastornaría la vida de familias que llevan años en EE UU.
“Cada día, los inmigrantes haitianos contribuyen enormemente a Nueva York, desde trabajar en nuestras escuelas y hospitales hasta dirigir pequeñas empresas de éxito”, afirmó la fiscal general James. “Los continuos esfuerzos de esta Administración por despojar de su estatus legal a cientos de miles de haitianos pondrán en peligro a las familias y destrozarán nuestras comunidades. Seguiré luchando para proteger los derechos de los inmigrantes y garantizar que los haitianos con TPS puedan seguir viviendo, trabajando y criando a sus familias de forma segura en este país”.
La decisión del panel de apelaciones no tiene un plazo previsto específico; los jueces se pueden pronunciar en cualquier momento a partir de este jueves. Pero mientras comparten su veredicto, los haitianos, tanto en su país como en Estados Unidos, aguardan con miedo e impotencia.
