El inmenso problema de la adicción infantil y juvenil a las redes sociales es el centro de la conversación mediática y judicial estadounidense. A finales de enero arrancaba uno de los primeros juicios que se esperan este año sobre el asunto, en el que una joven y su familia tratan de demostrar que las aplicaciones de las redes —más allá del contenido— están específicamente generadas para enganchar. El caso de Kaley, como se llama la mujer, es solo la mecha de los alrededor de 1.500 que pretenden ir a juicio a partir de este año en los que se exigirá responsabilidad financiera y legal a los gigantes tecnológicos. Con amplísima repercusión, la causa judicial avanza este miércoles con una declaración clave: la de Mark Zuckerberg. Además de director ejecutivo de Meta —empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp—, Zuckerberg es uno de los creadores del internet tal y como lo conocemos, al ser el inventor de Facebook.
Uno de los temas más espinosos que se abordaron en la vista, y que centra la atención de numerosos gobiernos de todo el mundo, es el de la edad de los menores que usan estas redes. Zuckerberg aseguró que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y destacó que “la política de la compañía ha sido clara”. Y responsabilizó a los propios usuarios: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”.
Con una fortuna estimada de más de 220 millones de dólares (unos 185 millones de euros), Zuckerberg ha declarado ante la Corte Suprema de Los Ángeles, donde ha llegado sobre las ocho y media de la mañana, muy serio, vestido con traje oscuro y corbata gris. Le esperaban los medios y una docena de padres cuyos hijos murieron por problemas derivados de las adicciones a las redes. Desde las siete de la mañana se manifestaban frente a los juzgados clamando justicia.
La simple deposición de Zuckerberg en el caso es un paso importante, pues, aunque ha declarado tanto ante el Congreso como ante el Senado, donde llegó a pedir perdón por no frenar la difusión de propaganda política, es la primera vez en su carrera que ha de vérselas con un tribunal. Además, su imagen está muy dañada: un informe del Pew Research Center de hace un año muestra que dos tercios de los estadounidenses no tienen una visión favorable de él (de hecho, para un 26% es “muy poco favorable”). En cualquier caso, él no tendría responsabilidad judicial directa —no podría ser condenado a multas o a la cárcel—, sino que habla en nombre de su empresa. Tanto Meta como Google (por ser la dueña de YouTube) enfrentan penas millonarias.
Como era de esperar, el empresario, de 41 años, ha defendido con uñas y dientes a su empresa. Ha echado balones fuera sobre el hecho de que la demandante empezara a usar Instagram con nueve años, asegurando que lo hizo violando su política y que ellos no pueden hacer nada si la gente miente. Desde 2019, la edad mínima de acceso es de 13 años, aunque el 30% de los usuarios de la plataforma en Estados Unidos, alrededor de cuatro millones, tienen entre 10 y 12, como ha mostrado el abogado de la víctima, Mark Lanier. El neoyorquino ha afirmado que no es su intención hacer más dinero, porque ha donado “casi todo a obras benéficas”, y está “centrado en dar miles de millones a la investigación científica”: “Cuanto mejor le vaya a Meta, más capaces seremos de investigar”, ha dicho.
El abogado Lanier y Zuckerberg han tenido un intenso intercambio de palabras. El letrado le ha preguntado si acaso una empresa debe “aprovecharse” de la gente “menos afortunada en cuanto a oportunidades educativas” o que viene de entornos difíciles. Y el empresario ha dicho: “Creo que una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”. Lanier también le ha preguntado sobre un mail de 2015 donde, como objetivo para su equipo, establecía que los usuarios pasaran un 10% más de tiempo en la red. “Solíamos fijar objetivos a los equipos… pero cambiamos esa práctica porque no creo que sea la mejor forma de dirigir la empresa”, ha afirmado, lamentando que el correo fuera muy antiguo.
Por su parte, una portavoz de Meta ha negado rotundamente las alegaciones en un comunicado y se ha mostrado “confiada” en que las pruebas harán ver que siempre han estado del lado de los jóvenes y que, con el tiempo, han hecho “cambios significativos” a su favor. También ha afirmado que “la cuestión que debe resolver el jurado de Los Ángeles es si Instagram fue un factor determinante en los problemas de salud mental de la demandante”. ”Las pruebas demostrarán que ella se enfrentó a muchos retos importantes y difíciles mucho antes de empezar a utilizar las redes sociales», ha asegurado.
En la sala, abarrotada, estaba presente Kaley, la protagonista del caso; en esta ocasión no ha hablado (sufre ansiedad social y agorafobia), pero testificará más adelante, según su abogado. Además, precisamente la jueza del caso, Carolyn B. Kuhl, ha pedido a todos los que estuvieran en la corte que, si llevaban gafas de Meta —equipadas con cámaras—, debían quitárselas. “Si sus gafas están grabando, debe quitárselas. Es orden de este tribunal que no se reconozca el rostro de los miembros del jurado. Si lo han hecho, deben borrarlo. Es algo muy grave”.
La semana pasada ya testificó ante la corte Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram desde 2018 y que también pasó por Facebook. El ejecutivo, de 43 años y con un salario base de 900.000 dólares al año (que puede superar los 10 y hasta los 20 millones, según los bonus), insistió en que en ningún caso Instagram trataba de maximizar sus beneficios utilizando a los adolescentes como objetivos; de hecho, afirmó que con ellos logran “menos dinero que con cualquier otro grupo demográfico”, porque no prestan demasiada atención a los anuncios ni tienen dinero para gastar.
Mosseri reconoció que la red puede llegar a generar un “uso problemático”, pero que no veía posible ser adicto a la misma. “Es relativo”, aseguró, explicando que para algunos individuos puede haber “un uso de Instagram más fuerte del que te hace sentir bien”. El abogado Lanier le hizo saber al ejecutivo que su clienta llegó a pasar en una ocasión 16 horas al día en la aplicación. “Eso sí suena a uso problemático”, respondió él. Mosseri ya testificó ante un comité del Senado de EE UU en diciembre de 2021, donde se mostró a favor de una gran regulación general de internet, pero también dispuesto a mejorar la seguridad de la plataforma, más allá de los controles parentales.
El caso que está viendo la corte angelina es el de Kaley, de ahora 20 años, identificada también bajo las iniciales K. G. M. y natural de Chico, una ciudad del interior de California de unos 85.000 habitantes. Su familia y ella misma han dado ejemplos de la inmensa adicción a estas plataformas que sufría desde pequeña. Si su madre le quitaba el teléfono, ella sufría ataques de pánico. “Creo que las redes, su adicción a las redes, han cambiado el modo en que funciona su cerebro”, ha dicho la madre de Kaley. “No tiene memoria a largo plazo. No sabe vivir sin un teléfono. Es capaz de emprender una batalla solo con que toques su móvil”. La niña usaba YouTube desde los seis años, Instagram desde los nueve (cuando tuvo su primer iPhone), TikTok (llamado entonces Musical.ly) desde los 10 y Snapchat a los 11. En realidad, unos tiempos habituales para los niños de hoy en día. Según se podía leer en la demanda, ha pasado por problemas de ansiedad y depresión, así como de dismorfia corporal.
Lo que argumentan los abogados de esta víctima, al igual que de los centenares más que irán a juicio en California y en Estados Unidos en los próximos meses —desde particulares a colegios— es que más allá de la adicción que genera el contenido, son las plataformas las que están diseñadas para esa búsqueda incesante. Lanier, abogado de K. G. M., comparó la existencia de filtros de belleza, la reproducción automática y constante de vídeos y el refinado algoritmo que sabe perfectamente qué darle a cada persona con “un golpe químico”, elementos internos que generan una adicción que lleva hasta la depresión, el acoso, el bullying o, en casos extremos, el suicidio. Expertos de centros de adicciones juveniles aseguran que las redes están construidas para generar esa adicción, más allá de su propio contenido. Lo complejo será demostrar que eso implica una responsabilidad judicial.
