México ha presentado este viernes un desglose del registro oficial de personas desaparecidas, tema delicado donde los haya, símbolo de un país sometido a niveles desatados de violencia desde hace dos décadas. Esperado desde hace meses, el Gobierno, que dirige Claudia Sheinbaum, ha dado el primer paso en un terreno resbaladizo, con un objetivo tan claro como polémico: convencer de que la cifra de más de 130.000 personas desaparecidas que muestra el registro oficial rebasa por mucho la realidad. El problema es serio, pero no de la magnitud que se pensaba. El registro tenía problemas, defiende el Ejecutivo, de ahí el cribado llevado a cabo.
La polémica viene de largo y bebe de la desconfianza de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que creen que cualquier modificación del registro podría sacar de la lista casos reales, por error o puro dolo. El Gobierno descarta este tipo de posibilidades. Sheinbaum ha destacado precisamente el trabajo conjunto con los colectivos de personas desaparecidas. Según ha podido saber EL PAÍS, la Secretaría de Gobernación convocó este jueves a representantes de colectivos para explicarles el desglose de las cifras. De los 130.000 registros, el 33% no ha tenido ningún tipo de “actividad” tras su desaparición, el 31% sí ha tenido actividad y el 36% son entradas con datos “insuficientes”.
De la mano de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Gobierno ha detallado el desglose. Figueroa ha tomado las más de 130.000 entradas del registro y las ha dividido en tres rubros. En primer lugar, figuran las entradas en que los datos de la persona supuestamente desaparecida son “incompletos o insuficientes”. Es decir, que quien quiera que subiera el reporte a la base de datos no añadió el nombre de la persona, su fecha de nacimiento o desaparición, el lugar donde ocurrió, su sexo, o varias de estas variantes combinadas.
Estos casos suman más de 46.000 del total, el 36%, e incluyen algunos donde la entrada solo consta de un apodo, el nombre de un negocio o de nombres directamente falsos. Durante años, cualquiera podía añadir un reporte al registro, situación que explica el desorden que ha dibujado el Ejecutivo. Ahora las fiscalías son las encargadas de generar los reportes y abrir las investigaciones, con la batería de datos completa. De cualquier manera, el Gobierno pone estas entradas en cuarentena y no descarta que haya casos reales de personas desaparecidas entre ellas.
En segundo lugar, aparecen los casos en que la persona reportada como desaparecida “tuvo algún tipo de actividad oficial” después de su desaparición. Bajo este rubro, el Ejecutivo coloca los casos de personas que votaron en unas elecciones, que se casaron o tuvieron hijos, que se vacunaron contra el covid-19, que fueron a consulta con médicos de alguno de los seguros sociales públicos del país, el IMSS o el ISSSTE… El Gabinete de Seguridad asume que, si bien en estos casos, alrededor de 40.000, el 31% del total, la ausencia de la persona reportada como desaparecida es real para el denunciante, la situación no tendría que ver necesariamente con el crimen.
Por último, el Gobierno coloca los casos de personas desaparecidas, cuyos registros están bien hechos y no han tenido actividad posterior al reporte de la desaparición. Este rubro agrupa más de 43.000 casos, el 33% del total, y es, por decirlo de alguna manera, la cifra mínima de personas desaparecidas que cuenta México hoy día. Figueroa ha destacado que, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. Además, ha dicho que de cada 100 localizadas, 92 son halladas con vida.
El informe que ha presentado el Gobierno, una actualización y matización del registro ya existente, en realidad, deja una sensación extraña. México y el grueso de colectivos de familiares de personas desaparecidas esperaban la puesta de largo de la nueva Base de Datos de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, un registro mucho más exhaustivo que el actual, dependiente de las pesquisas de las fiscalías, obligadas, desde julio del año pasado, a iniciar una investigación por cada denuncia. A diferencia del actual, que manejaba la Secretaría de Gobernación, el nuevo estará manejado por el SESNSP.
El motivo de que no se haya presentado la nueva base de datos apunta a la complejidad del cribado. El equipo de Figueroa trabaja para que las fiscalías actualicen sus casos y abran una investigación por cada reporte de persona desaparecida. De la misma manera, el SESNSP demanda que las procuradurías locales completen los registros en que los datos de la persona desaparecida resultan insuficientes, cuando se pueda. A la vez, el secretariado labora en dilucidar cada uno de los casos en que la persona reportada como desaparecida ha tenido actividad posterior. En los últimos seis meses, la dependencia ha ubicado a más de 5.000 personas de este rubro, que ascendía a más de 46.000.
Así, la pelota aparece ahora en el tejado de las fiscalías locales. En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al Gobierno, México estrenó una ley para castigar la desaparición de personas cometida por particulares. El problema entonces ya era grave, no solo por los miles de casos de desaparecidos que contaba el país, sino por el desorden burocrático y estadístico que reinaba alrededor del fenómeno. La creación del registro trató de poner algo de orden, pero la falta de criterios para incluir reportes generó fallas, que han seguido sin subsanarse estos años. Desde hace nueve meses, las fiscalías tienen la obligación de abrir investigaciones por cada caso y alimentar así la base de datos. A día de hoy, de los más de 43.000 casos del último rubro, la cifra mínima de desaparecidos en el país, menos de 4.000 cuentan con carpetas de investigación.
