El Apoyo y Promoción de la Salud Mental, una de las actividades del programa Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas dependiente del Ministerio de Salud, tiene $ 47 millones para operar este año: $ 428 millones menos que en 2025 y $ 652 millones menos que en 2023. En 2026, de esos $ 47 millones, se ejecutaron $ 1,4 millones, según consta en la última actualización del presupuesto abierto: un promedio $ 466 mil por mes, casi el equivalente a una jubilación mínima con el bono, que hoy está en $ 440 mil.
Ese monto, que ni siquiera alcanza a cubrir los medicamentos necesarios para un solo jubilado (con un costo de $ 503 mil, según la canasta estimada por la Defensoría de la Tercera Edad), es el que el Gobierno nacional destinó por mes (y en total) para la actividad que, según define el presupuesto, está orientada a la aplicación de la Ley de Salud Mental vigente (26.657): esto incluye capacitación de profesionales, cooperación técnica con los gobiernos locales e investigación, entre otras tareas.
“Los niveles de inversión en esta actividad cayeron abruptamente en 2016 y nunca se recuperaron”, habían advertido ya desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuando el actual presupuesto era todavía un proyecto. Los $ 47 millones actuales representan una caída del 91,5% respecto al año 2025, lo que no hace más que profundizar y acelerar ese descenso.
Atrasos en los pagos y crisis en las instituciones. Existen otros organismos, como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), que destinan fondos a la salud mental. La Sedronar es responsable de coordinar políticas de prevención, asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos. El presupuesto asignado a esta Secretaría para 2026 es de $ 67.051 millones, $ 546 millones menos que en 2025 ($ 67.597 millones).
Hace una semana, la Mesa Nacional de Adicciones advertía sobre una situación similar a la que, por esos mismos días, publicaba PERFIL: la del cierre de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad por la demora de meses en los pagos de Nación, además del retraso en las obras sociales y el PAMI. En un comunicado señalaron que “las instituciones que prestan servicio en todas sus modalidades se encuentran en riesgo de cierre”. El motivo: más de tres meses de atraso en los pagos de las becas de tratamiento otorgadas por la Sedronar.
Fabián Tonda, titular de la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), confirmó a este medio que esta semana se hizo efectivo el pago hasta diciembre. “Si la semana que viene pagan enero sí estaríamos dentro del retraso normal histórico del Estado, que es de 60 días”. El retraso implicó para muchas instituciones un endeudamiento o la precarización de los servicios: “La situación es complicada, porque pasa como en las familias: vos tenés un ahorro y te lo gastás para sobrevivir, pero en algún momento esta situación de atraso significa no poder pagar sueldos, no poder pagar comida”, expresó.
“Nunca dejamos de tener diálogo con la Sedronar, pero no podían solucionar el problema porque era el Ministerio de Economía el que tenía que girar el dinero”.
Sin espalda para aguantar más, los establecimientos empezaron a reducir gastos y a experimentar una alta rotación de su personal, con todo lo que eso representa para los tratamientos. “Es importante que una persona tenga al mismo psicólogo durante todo el proceso”, sintetizó Tonga.
Fernando es consultor psicológico y tallerista de psicodrama en uno de estos centros y, en diálogo con PERFIL, explicó cómo es la actividad por dentro. “La idea de los talleres es que los residentes puedan buscar otras formas de expresar sus emociones, poder hacer escenas en las que ellos se vean y vean qué cosas hay que modificar”, detalló. Otro de los objetivos es el de la revinculación con las familias: “Hacemos también psicodrama con las familias, y tratamos de que, a través de estos nuevos canales de expresión, vean que la violencia, el consumo o el hacerse daño a sí mismos no es la solución”.
Las tareas van más allá de que los pacientes dejen las adicciones por las que llegaron. “Hay algunos residentes que, quizás por el mismo estado de vulnerabilidad en el que vienen, nunca se sentaron en una mesa a comer, entonces aprenden esos modales, hacen mucha labor de terapia para poder ser responsables de su higiene, de la limpieza, aprender habilidades que no tenían”. La comunicación es otra de las aristas del trabajo. “Hay otros que entran y a veces no tienen vocabulario para poder hablar, y a medida que va pasando el tiempo vas viendo cómo van armando frases, cómo van hilando pensamientos: no solamente porque el efecto de las drogas empieza a bajar, sino porque van aprendiendo otras maneras de pensar”.
La crisis de estas instituciones no afecta únicamente a los pacientes, advirtió Fernando. “Quedan chicos en la calle sin tratamiento, con las consecuencias no solo para ellos sino para las familias y para la sociedad, porque el sistema de consumir implica que también puede haber delito para poder conseguir consumo, por ejemplo”. Muchas personas viven en barrios donde hay mucho consumo, “donde es muy difícil poder escapar”. Otros tantos están en situación de calle, “con lo cual salir de la comunidad sería volver a la calle”, aseveró. En el centro les ofrecen las cuatro comidas diarias, agua caliente, un baño, una cama: en definitiva, un techo y contención.
El ajuste, que también llega a la salud mental, se produce en el contexto de un aumento de la demanda. De acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, entre 2019 (año previo a la pandemia) y 2024, las internaciones por motivos de salud mental, solamente en la provincia de Buenos Aires, pasaron de 28.451 a 45.785. Por otro lado, el documento sostiene que en el caso de niños, niñas y adolescentes “han pasado del 9% del total de internaciones en 2023 al 13% en 2024, lo que estaría dando cuenta de profundas crisis vitales en esa población”. En once provincias las consultas en el sistema público de salud aumentaron por la crisis y ante la imposibilidad de acceder a medicamentos y tratamientos privados.
PERFIL se comunicó con el Ministerio de Salud para tener su versión sobre los recortes y las demoras en los pagos, pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.
